domingo, 16 de noviembre de 2025

El FOESSA 2025 y la ley de la acumulación de capital (y II)

El IX Informe FOESSA de 2025, ya vimos, presenta un panorama desgarrador, desolador y demoledor: la clase obrera española está peor que hace pocos años; cada recuperación de una crisis acrecienta la desigualdad; las políticas públicas, a pesar de contar con mas recursos, son menos efectivas.


En la primera entrada nos acordábamos de Federico Engels y su obra sobre la situación de la clase obrera inglesa, porque se trataba de describir. Pero, ahora, se trata de explicar; por lo que nuestro recuerdo muda y se deposita en el autor de El Capital, Carlos Marx, descubridor de la ley general de la acumulación de capital (El Capital, año 1867).


En lo que sigue quisiera entrar en un diálogo amablemente crítico con el Informe, en torno a cuatro aspectos importantes, aunque sea de manera general: cómo sabemos la situación (método), en qué situación estamos (diagnóstico), por qué estamos así (etiología) y cómo cambiar la situación (tratamiento). Termino con una propuesta. 


Metodología y etiología vs dialéctica materialista

El enfoque del Informe es empírico: segmenta la realidad social en 8 áreas (empleo, consumo, vivienda, salud, educación, participación política, aislamiento social y conflicto social); pasa una encuesta a miles de hogares con 37 indicadores; y, según las respuestas, sintetiza la situación clasificándolos como integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa. Además, realiza una investigación cualitativa sobre historias personales de ascenso y caída en la exclusión, que se complementa con un enfoque de derechos y una lectura estructural del problema. 

Esto permite una medición muy detallada de los fenómenos sociales, pero no dice por qué se dan: la explicación es exógena, recurriéndose a teorías sociales con supuestos, excepciones y validez acotados.

FOESSA mide, la dialéctica materialista explica. Este método mira el fenómeno social y se pregunta por su necesidad, atravesando así las formas concretas mediante el análisis y, posteriormente, vuelve a recorrerlas en sentido inverso mediante la síntesis, pero ahora explicándolas como determinadas por su contenido. Así, se reproduce idealmente al fenómeno social, de modo que la explicación del fenómeno (contenido) y su medición estadística (forma), son endógenos al proceso investigador.


Diagnóstico y crítica del capitalismo

El diagnóstico del Informe no solo es desgarrador por la nefasta situación que plantea (casi un 20 por ciento de los hogares está excluido, 30% jóvenes y menores), desolador por la negativa evolución (la exclusión aumentó 3 puntos en 2018-2024). Y demoledor, porque ese resultado se produce en un contexto de crecimiento económico, de gobierno central progresista (no así los autonómicos) y de expansión de las políticas sociales (SMI, IMV, pensiones al IPC, escudo social COVID-19, medidas antiinflación como bono social y transportes, leyes feministas, ley de vivienda, entre otras). En corto: gastamos más para obtener menos.

Situación FOESSA (hogares)

2007

2013

2018*

2024

Integración plena

46,3 %

36,7 %

49,0 %

45,0 %

Integración precaria

37,8 %

41,2 %

34,6 %

35,7 %

Exclusión moderada

10,3 %

13,3 %

10,1 %

10,5 %

Exclusión severa

5,6 %

8,7 %

6,3 %

8,8 %

Fuente: EINSFOESSA (Resumen IX FOESSA 2025). 2018: serie metodológica nueva.


El Informe se pregunta por qué las políticas públicas no son efectivas, respondiéndose: sistema de políticas sociales (prestaciones insuficientes, burocracia y divisiones entre administraciones), por un lado; y, por el otro, aduce la falta de recursos ante lo que demanda más impuestos. Sin entrar en que el estado está relacionado con el capital (es un estado capitalista), cuestión que no toca el Informe, digamos algo respecto de las respuestas de FOESSA.


En cuanto a lo segundo: los males del capitalismo se arreglan con dinero (típico, algún día se nos ocurrirá arreglar la sociedad sin pedir más dinero). Pues sí, bienvenidos al capitalismo. Lo que hay que explicar es por qué la sociedad capitalista española del siglo XXI no está dispuesta a dar más dinero para atender la exclusión; podemos seguir estrujando a las clases “medias”, o pedir algo más de resignación a los excluidos, pero al final tropezamos con la avaricia capitalista. Y por qué son avaros, porque es la forma de sobrevivir bajo la competencia y la propiedad e interés privados (Marx, 1846). Pero, ahí no llega el Informe. 


En relación a lo primero, el problema de las políticas sociales es que el sistema social es insuficiente. Más allá de la crítica subrepticia a los políticos y a los funcionarios, la pregunta es: por qué es insuficiente el sistema de protección social. Pues porque tiene pocos recursos, con lo que volvemos arriba. 


En cuanto a la crítica a los políticos y los funcionarios; estos no caen del cielo, son elegidos por la ciudadanía. La pregunta entonces es por qué la ciudadanía, activa electoralmente, vota a unos políticos que no se ponen de acuerdo, o hacen triquiñuelas, para hacer políticas que les jode la vida; por qué no participan en las elecciones, o no se organizan, o no se movilizan. Algo tendrá que ver la ideología (y por qué esa ideología): se llama enajenación en el capital, que brota de la materialidad de la organización social. Esto no se destaca en el FOESSA.


El desempleo y la ley de la acumulación de capital

Asi, por ejemplo, con el fenómeno del desempleo, el Informe proporciona una estupenda radiografía del empleo y el desempleo en el ámbito de las familias españolas. Pero, para explicarlo, tiene que usar las diferentes y variadas teorías que las ciencias sociales proporcionan: estructura productiva, estacionalidad de la demanda, cultura empresarial de la rotación, tecnología, hambre de cualificación, infravaloración de determinados sectores, etc.

En contraposición, la dialéctica materialista permitió a Marx, en su investigación sobre el capital, explicar el desempleo como un fenómeno endógeno al desarrollo capitalista, aportando estadísticas que ilustraban su investigación. 

¿Por qué el capitalismo condena a una buena parte de la clase obrera al desempleo primero, y a la pobreza, la exclusión, después? 

La acumulación de capital, o sea el crecimiento económico capitalista, produce y agranda la desigualdad y la exclusión. La búsqueda del máximo beneficio, como imperativo de la supervivencia en el marco de la competencia y la propiedad privada de los medios de producción, conduce a la innovación tecnológica. Así, los capitalistas incrementan su productividad mejorando su competitividad y obteniendo ganancias extraordinarias. Posteriormente, la nueva técnica se extiende generalizando el crecimiento de la productividad y empujando al desempleo a parte de la fuerza de trabajo, que pasa a engrosar las filas del ejército laboral de reserva (desempleo).

La mera existencia del ejército laboral de reserva presiona a los salarios a la baja, que solo puede compensarse mediante organizaciones de los trabajadores que lo frenen (hay de todo).


Tratamiento sintomático y programa de transición

Las medidas urgentes que plantea el Informe no tienen nada que envidiar al documento congresual o programa electoral de cualquier organización de izquierdas, o con sensibilidad social. Al parecer son más avanzadas que la agenda gubernamental de los actuales dirigentes políticos (centrales y autonómicos). 

Recordemos algunas relativas al empleo: reducir la temporalidad y la parcialidad involuntaria, fortalecer la negociación colectiva, acompañar el trabajo con formación y cuidados.

Todas guai, pero ninguna evita el despido ni garantiza la contratación, por eso no evitan el desempleo, la debilidad estructural de la fuerza de trabajo ni la presión a la baja de los salarios, la pobreza y la exclusión.

Bajo mi punto de vista, estas son medidas urgentes y necesarias para frenar la sangría de la clase obrera baja, pero sobre todo para preparar el terreno de lo que ha de ser la verdadera transformación de la sociedad, la revolución social que supere el capitalismo. Deben permitir adquirir la conciencia, la organización y la fuerza que posibiliten dar ese salto mortal de la sociedad. Pero, eso no se destaca en el Informe.


Pronóstico y socialismo

FOESSA admite que estas medidas urgentes no detienen el “futuro que estamos construyendo”: una sociedad del desasosiego y del miedo, cercana al caos. Por eso reclama un cambio de paradigma: lógicas predistributivas, lógica de lo común, ética del trabajo, interdependencia y ecodependencia, profundizar la democracia, desacelerar, entre otras. Pide la intervención de todos y un nuevo pacto social basado en equidad, corresponsabilidad y producción de lo común. No basta crecer en PIB o tecnología, se trata de garantizar vida digna, solidaridad y participación efectiva. 


Todo eso me suena más a socialismo que a capitalismo. Cierto que el Informe no habla de expropiar los medios de producción y ponerlos al servicio de toda la sociedad (y no al de unos cuantos); tampoco de planificación que permita organizarlos para posibilitar dicho servicio. Antes hay que convencer a la clase capitalista y sus partidarios de que tienen que ceder sus privilegios porque hay pobres o excluidos, que ellos conocen mejor que nadie, desde hace cientos de años. Del cómo se hace eso, tampoco lo destaca el Informe.


Conclusión y propuesta

El FOESSA 2025 es una rica (y desgraciada) fuente de conocimiento sobre la situación y evolución de la clase trabajadora española; además es un llamado urgente a la acción (de todos, personas, organizaciones y gobiernos). 

Los que nos reclamamos de la superación del capitalismo deberíamos asir, en una mano, el Informe y, en la otra aún con más fuerza, la bandera del socialismo. Quizás avanzando al nivel de concreción que plantea el propio Informe (cuidados, común, participación,...), añadiendo nuestro bagaje centenario de luchas anticapitalistas y experiencias relacionadas con el socialismo (URSS, China, municipalismo emancipador). Lo que incluye la centralización de la propiedad de los principales medios de producción, la creación de empresas públicas y la planificación de la economía, que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población.

jueves, 13 de noviembre de 2025

La situación de la clase obrera española y el Informe FOESSA (I)

 

El IX Informe FOESSA de 2025 me ha traído al recuerdo la obra de Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que allá por 1845 expusiera y denunciara las condiciones de vida de las familias trabajadoras inglesas. Desde la salud hasta las condiciones de trabajo, pasando por la educación, la vivienda, Engels desgrana la miserable vida de las familias generadoras de la riqueza social, que la clase burguesa se apropiaba despiadadamente. Además, cuenta que el maquinismo, la revolución industrial, que multiplicó varias veces la producción material, significó un mayor empobrecimiento para la clase trabajadora.


Quién es FOESSA y por qué hace un informe

Igual de desgarrador y demoledor es el nuevo Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España (https://www.foessa.es/ix-informe/) que, elaborado por más de quinientos voluntarios, académicos y técnicos, y con más de 700 páginas, nos proporciona la fundación. Además, el informe se acompaña de un resumen de más de 100 páginas (https://www.caritas.es/main-files/uploads/2025/10/IX-Informe-FOESSA-resumen.pdf), en el que nos hemos basado para esta entrada, así como informes regionales que se publicarán próximamente.

Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA) es una fundación promovida por Cáritas Española, vinculada a Caritas Internationalis, una organización de carácter humanitario, creada en Alemania (1897) y perteneciente a la Iglesia Católica.

Tal como se indica en la Presentación el Informe analiza y comprende las transformaciones sociales de nuestro país para contribuir activamente a su mejora proponiendo un giro hacia un nuevo modelo que ponga la justicia social y el bien común en el centro de las políticas públicas.

Por nuestra parte, divulgamos las conclusiones del informe y más adelante haremos una modesta aportación al debate que plantea. Ni que decir tiene que nuestra exposición no hace justicia al informe, rico en datos (evolución y comparación con la UE) y en descripciones.

A continuación presentamos una síntesis de los apartados que aparecen en el Resumen del Informe FOESSA.


Una sociedad en transformación

España se nos presenta como una sociedad con grandes contradicciones: crece la macroeconomía (incluso el empleo) mientras aumenta la vulnerabilidad social; vivimos una modernización tecnológica a la vez que se agranda la inseguridad, la incertidumbre y la polarización. Ello está configurando la sociedad del desasosiego, en la que la exclusión deja de ser un accidente y se constituye en un rasgo estructural del modelo socioeconómico español.

Señala una serie de grandes transformaciones sociales que se han dado en las últimas décadas: recomposición de clases (de la clase media y disolución de la identidad obrera), expansión de la educación universitaria, transición migratoria (dejamos de emigrar para recibir inmigrantes), incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral (perduran la doble jornada y las desigualdades de género), revolución tecnológica, el empleo ya no garantiza la integración, la vivienda se ha convertido en factor de exclusión, el envejecimiento poblacional junto a la baja natalidad cuestionan la sostenibilidad del bienestar, cambio cultural (pluralismo, secularización y diversidad familiar).

Todo ello ha provocado un cambio en la cohesión social caracterizada por identidades troceadas y debilitamiento de los lazos de solidaridad.


Desigualdad y estructura social

En este bloque se expone una radiografía de las brechas socioeconómicas y de la creciente polarización de rentas y patrimonios.

1. Desigualdad estructural persistente, a pesar del crecimiento macroeconómico a partir de 2015, evidenciando la inefectividad de las políticas redistributivas. El índice de Gini en 2024 ascendió a 33,1 superior al 32,4 de 2007.

2. Vivienda (hipotecas, alquileres, desahucios, sintecho): eje central de la nueva desigualdad (jóvenes). Es un factor que limita la autonomía y movilidad social. El porcentaje de población que destina más del 40 por ciento de sus ingresos a vivienda fue en 2024 de casi el 30 (en 2007 era el 22%).

3. Sistema redistributivo con escasa capacidad correctora: las prestaciones contributivas (pensiones, desempleo) funcionan, pero las no contributivas (familia, vivienda, ingreso mínimo) son insuficientes y fragmentadas, perjudicando a la infancia. Además, el sistema fiscal menos progresivo de lo que se dice. La eficacia redistributiva (reducción de pobreza gracias a transferencias sociales) fue en 2024 del 21 por ciento (en 2007 fue del 31%).

4. Pobreza crónica y multidimensional: la pobreza relativa (ingresos inferiores al 60% de la renta mediana) fue en 2024 de casi el 21 por ciento (en 2007 no llegaba al 20%); la pobreza persistente (seguir más de cuatro años seguidos en la pobreza) estaba en el 10,4% de los hogares (en 2007 eran el 7,6%).

5. Concentración de riqueza y fragilidad económica. El 10 por ciento más rico concentra más de la mitad del patrimonio nacional (en 2007 poseía el 44%); casi la mitad de hogares carece de ahorros para afrontar un mes de imprevistos. Los nuevos empleos son precarios.

6. El origen familiar determina el destino social, desmintiendo la idea de que la posición socioeconómica depende del esfuerzo personal (meritocracia) y la reproducción intergeneracional de la desigualdad. El porcentaje de personas que superaban el nivel educativo y ocupacional de sus padres fue en 2024 del 34 por ciento (en 2007 del 43%).

7. Desigualdad territorial y transición energética. El mapa español de la pobreza no ha cambiado: el norte rico y el sur (Andalucía, Extremadura, Canarias) pobre (mayor concentración de la exclusión). Así la tasa AROPE (mide el riesgo de pobreza y exclusión) en Andalucía pasó de 34% en 2007 a 35,6% en 2024. Por otro lado, la transición energética penaliza a los hogares vulnerables elevando sus costes de energía y movilidad.

8. La infancia y la juventud como grandes perdedores. La fractura generacional es alarmante: la infancia significa un tercio de la exclusión severa, unos 2,5 millones de jóvenes están instalados en la precariedad estructural, a la vez que los mayores de 65 años (pensiones y vivienda en propiedad) son el grupo con menor exclusión. La exclusión severa en menores de 16 años pasó de 6,8% (2007) a 15,4% en 2024.


Síntesis de la evolución (2007-2024)

Dimensión

2007

2015

2024

Tendencia

Índice Gini

32,4

34,7

33,1

Desigualdad estructural persistente

Sobreesfuerzo vivienda (%)

22

30

29

Encarecimiento estable

Eficacia redistributiva (%)

31

25

21

Caída continuada

Pobreza relativa (%)

19,7

22,3

20,8

Ligera mejora desde 2015

Pobreza persistente (%)

7,6

10,4

Más cronificada

Riqueza 10 % superior (%)

44

49

52

Creciente concentración

Movilidad ascendente (%)

43

36

34

Descenso estructural

Pobreza energética (%)

14

18

19

Sin revertir la subida

Exclusión severa infantil (%)

6,8

13,5

15,4

Duplicada en 17 años


La dinámica de la exclusión social en España

El tercer capítulo examina los resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA) que, desde 2007, mide 37 indicadores de exclusión (empleo, vivienda, salud, educación, redes, etc). A partir de estos indicadores se construyen los índices de exclusión, cuyos resultados aparecen en la tabla (indicar que en 2018 hay un cambio en la metodología, lo que no permite comparar con rigor con datos anteriores).

Según la serie, cada crisis amplía la fractura social y las recuperaciones no consiguen cerrarla. En 2024 la exclusión severa era un 52 por ciento superior a la de 2007.

La exclusión no es un fracaso individual sino el resultado de estructuras económicas y políticas que generan vulnerabilidad. La exclusión severa afecta al 9 por ciento (más de 4 millones de personas), y la exclusión moderada a un tercio de la población.

El empleo ya no protege; asistimos a una polarización laboral en la que coexisten empleos altamente cualificados bien pagados junto a una mayoría de trabajos precarios, parciales y mal remunerados.

Los servicios sociales son insuficientes; la vivienda actúa como trampa que absorbe la mayor parte del ingreso abocando a la inseguridad alimentaria o material; la inseguridad residencial (hipotecas cuantiosas, alquileres por las nubes, desahucios, sin techo) impacta directamente en la salud mental y las posibilidades de emprender un proyecto vital autónomo para los jóvenes; los hijos de padres con baja formación y que trabajan antes de los 18 años duplican el riesgo de repetir el ciclo de exclusión; solo el 3 por ciento de los hogares en exclusión severa pueden permitirse clases de idiomas externas frente al 15 por ciento de los integrados.

En la sociedad hiperconectada aparece el muro de la brecha digital (falta de conectividad o de competencias digitales) que limita el acceso al empleo, la educación y los servicios públicos, mostrándose otro determinante de la exclusión.

La exclusión se agrava en las nuevas generaciones: en 2024 la infancia (15,4%) y la juventud (11%) viven en exclusión severa, el doble que en 2007.

Aparecen nuevos fenómenos que amplían el mapa de la exclusión: la inseguridad alimentaria afecta al 38 por ciento de los hogares mientras las ayudas son fragmentadas y asistenciales; el 21 por ciento no puede mantener una temperatura adecuada (pobreza energética); el 17 por ciento padece privación material; una buena parte de los hogares vive sin red financiera (endeudamiento y falta de activos).


Situación FOESSA (hogares)

2007

2013

2018*

2024

Integración plena

46,3 %

36,7 %

49,0 %

45,0 %

Integración precaria

37,8 %

41,2 %

34,6 %

35,7 %

Exclusión moderada

10,3 %

13,3 %

10,1 %

10,5 %

Exclusión severa

5,6 %

8,7 %

6,3 %

8,8 %


Las políticas sociales en España

El Estado de Bienestar, que goza de fuerte respaldo ciudadano, funciona a baja intensidad y amenazado (geopolítica, privatizaciones, individualismo, debilidad fiscal).

El sistema sanitario acusa fracturas estructurales y dinámicas privatizadoras; el modelo de cuidados debe transitar del hogar a la responsabilidad comunitaria; la vivienda exige respuesta decidida, estructural y coordinada; las pensiones requieren un pacto intergeneracional; y el Ingreso Mínimo Vital, aunque duplica cobertura, arrastra problemas de acceso, permanencia y desigualdades territoriales. El capítulo cierra con una reforma fiscal pendiente: demandas crecientes del bienestar chocan con una base fiscal obsoleta e insuficiente, principal grieta estructural del modelo.


Confianza en el modelo de bienestar y capital social

Se extiende la percepción de una democracia ineficaz y desconectada, que alimenta desafección y desapego institucional además de erosionar el compromiso cívico. A la vez hay un amplio respaldo a sanidad, educación y pensiones, lo que preserva una legitimidad social estable, pero sostenerla requiere reconstruir la confianza en el sistema fiscal. La participación asociativa cae y la pobreza agrava el aislamiento. La juventud es pesimista ante la precariedad laboral, las dificultades con la vivienda y las dudas sobre las pensiones. La proliferación de noticias falsas polariza y socava la credibilidad informativa erosionando la verdad compartida necesario para el diálogo democrático.

Termina el apartado reclamando corresponsabilidad y consensos estables para un proyecto de bienestar común legítimo y sostenible.


El futuro que estamos construyendo

Estamos en la sociedad del miedo, en la que la inseguridad se normaliza, se alimenta el “sálvese quien pueda” y erosiona la confianza democrática. El Informe aboga por lógicas predistributivas que prevengan la desigualdad, así como la producción de lo común regulando complementariamente lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo. Plantea reconocernos interdependientes y ecodependientes, recuperar la ética del trabajo desligado del empleo, rechazar el falso debate sociedad vs estado. Propone, finalmente, entrar en la lógica de lo común para profundizar la democracia. Llama a desacelerar frente a la vida acelerada, las identidades excluyentes y las noticias falsas. Invita a reaccionar individual y colectivamente, superar el repliegue y construir un futuro justo, sostenible y común.


Propuestas inmediatas y operativas

Extractamos algunas de las propuestas inmediatas que se plantean en el Informe:

- Empleo: reducir la temporalidad y la parcialidad involuntaria, fortalecer la negociación colectiva, acompañar el trabajo con formación y cuidados.

- Ingresos: ampliar y simplificar el Ingreso Mínimo Vital, y vincularlo a itinerarios personalizados de inserción; aumentar las prestaciones familiares y la cobertura infantil.

- Vivienda: expandir el parque público de alquiler; regular precios en zonas tensionadas; coordinar políticas territoriales diferenciadas.

- Salud: reducir listas de espera y desplegar una estrategia nacional de salud mental comunitaria.

- Educación: universalizar la educación infantil y combatir la segregación escolar; reducir abandono temprano.

- Igualdad y transición energética. Políticas específicas para mujeres, población gitana y migrante. Transición energética justa con participación de comunidades locales.

- Reforma fiscal y predistributiva: fiscalidad progresiva real, políticas que prevengan la desigualdad para evitar intentar corregirla ex post.



viernes, 7 de noviembre de 2025

Sanidad pública en Andalucía: política, ideología y economía



El reciente escándalo de los cribados del cáncer de mama ha reactivado la movilización andaluza por la sanidad. Más allá de ser una reacción en defensa propia, la manifestación es una oportunidad para que el pueblo andaluz, con el protagonismo de la clase obrera, avance en la constitución de sujeto de su desarrollo.

Para ello, considero necesario apropiarse idealmente de las propias determinaciones, en relación a las determinaciones de la sociedad capitalista andaluza. Esta modesta intervención apunta a ello, inscribiéndose en la elaboración del conocimiento que contribuye a la revolución social.

Nuestro planteamiento

Desde la Crítica de la Economía Política señalamos, en relación a la sanidad pública andaluza, dos aspectos: materialidad del debate (política, ideología y economía) y su vínculo con la superación del capitalismo como garantía de una sanidad al servicio de la población.

Para los escépticos: la sanidad pública andaluza es lo más parecido al socialismo que podemos ver por estos lares. Un servicio al que se accede cuando se necesita y sin mediar dinero.

Historia y hecho sanitario

La sanidad pública andaluza es un producto social e histórico. Surge a mediados de los ochenta con las transferencias y el SAS (Ley 8/1986, autonómica) como ariete del estado social autonómico, y empujada por la ideología social-capitalista. 

Luego, tras la crisis internacional de los setenta, ya con el giro hacia el liberal-capitalismo (privatización, externalización, liberalización y conciertos), se van creando los instrumentos legales que habilitan el actual sistema sanitario: Ley General de Sanidad de 1986 (ordenación y conciertos), Ley 15/1997 (nuevas formas de gestión) y Ley 16/2003 (cohesión y cartera común). Además en nuestra comunidad: Ley 2/1998 de Salud de Andalucía (derechos, organización y conciertos), y Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía (promoción, prevención, vigilancia y evaluación). 

Ahí están las palancas legales de lo que constituirá la evolución de la sanidad pública andaluza y el traspaso de fondos públicos hacia la actividad sanitaria privada.

Hecho sanitario y presupuesto

Tras un proceso en el que la sanidad pública dejó de ser prioritaria, como revela la reducción de su peso en el presupuesto público (ver curva en U abierta), ya en plena Gran Recesión (2008-2014), las élites capitalistas europeas, acompañadas de todas las demás (nacionales, autonómicas, locales) deciden que la salida de la crisis pasa por el recorte presupuestario. 

La sanidad pública andaluza conocerá mínimos en el esfuerzo presupuestario, iniciándose su deterioro progresivo: cierre de centros, citas en atención primaria, listas de espera para especialistas e intervenciones, vacantes que no se reponen, etc. A partir de 2012 la satisfacción ciudadana con la sanidad pública (barómetro) se quebranta comenzando su descenso. Cada hecho concreto en la sanidad pública tiene un respaldo presupuestario.

Presupuesto y política

El presupuesto es la ley más importante de la sanidad andaluza: se aprueba (y discute) todos los años en el parlamento y la ejecuta el gobierno. Si miramos la evolución nominal de la partida presupuestaria destinada a la sanidad observamos que ésta durante el período 2002-2025, salvo los años de los recortes (2010-2014), es ascendente. Esto también ocurrió con el presupuesto total. Para ver el grado de compromiso de un gobierno con la sanidad pública hay que fijarse en el porcentaje de gasto sanitario en relación al total del presupuesto.












El gráfico dibuja una U abierta, con mínimo en los años de recortes bajo gobiernos del PSOE, el mismo partido que impulsó el despliegue del sistema. Tras la COVID, el PP elevó el esfuerzo y presume del mayor gasto sanitario, pero una parte relevante se deriva a la provisión privada.

Política e ideología

Las medidas políticas (aumentar o reducir el gasto sanitario, transferir a la sanidad privada o impulsar la pública) suelen estar argumentadas y fundamentadas (eficiencia, equidad, sostenibilidad, entre otras). Este discurso forma parte de la ideología (conjunto de ideas) que incluye a las diversas teorías “científicas” (económicas, sociológicas, políticas, psicológicas, etc). El debate de ideas, que precede la toma de decisiones políticas, se lleva a cabo en el Consejo de Gobierno, en el Parlamento o en la sociedad (medios de comunicación), entre otros.

La ideología capitalista, sea en su versión social sea en su versión liberal, está detrás de las decisiones políticas que han llevado el sistema público de salud andaluz hasta la situación actual. Cuando hay que recortar lo público e impulsar lo privado se echa mano de la Teoría Económica Neoclásica pura, que presenta al mercado y la empresa privada como los mecanismos más eficientes y equitativos; cuando hay que impulsar la sanidad pública se recurre a la Teoría de los Fallos del Mercado, también neoclásica, que plantea que hay excepciones (la sanidad como bien público) a la primera.















Ideología y economía

Aunque cada ideología tiene una política “natural”; ambas están preparadas para habilitar la política contraria. Así un defensor de la sanidad pública puede argumentar la necesidad de sanearla, recortándola, como ocurrió en el período 2010-2014; como un liberal puede impulsarla para favorecer la demanda agregada o apelar a la equidad.

Esta elasticidad de la ideología, que habilita la teoría académica, reclama un anclaje común. Lo que no cambia es lo que la ideología esconde, el interés económico.

Así, tras la ideología liberal-capitalista se defiende el capitalismo más competitivo (sanidad privada, mercancía, beneficio), mientras en la social-capitalista se defiende el capitalismo más intervenido (sanidad pública, derecho, igualdad). En ambos caso se naturaliza el capitalismo y se sirve a la acumulación de capital (empleo).

Economía y sanidad

La sanidad pública andaluza, como actividad a cargo del presupuesto público está sujeta a sus determinaciones: así cuando toca recortes públicos, la sanidad es una candidata, y cuando toca impulsar la actividad económica, también.

Pero, además, la sanidad está inserta en la circulación general de las mercancías, que es la forma en que circula la producción capitalista. Por un lado, demanda productos y fuerza de trabajo (empleo), favoreciendo a la economía. Por otro, es un servicio; que en el caso privado, está a la venta, por tanto un negocio en sí. Asi, en cuanto actividad económica está inmersa en el ciclo económico que caracteriza la reproducción ampliada capitalista.

El esfuerzo económico que la sociedad andaluza está dispuesta a realizar nos lo muestra el porcentaje del gasto sanitario (público y de los hogares) como porcentaje del total de la producción regional (valor añadido bruto). Vemos, además de la estabilidad, como este esfuerzo aumenta en las crisis (Gran Recesión, COVID) y se reduce en las expansiones.















Sanidad y acumulación de capital

Preservar la vida de trabajadores y consumidores es el encargo social que tiene la actividad sanitaria. Específicamente, garantizar la reproducción adecuada de la fuerza de trabajo (pasada, presente y futura, actual y potencial) de modo que esté en condiciones de ser explotada generando plusvalor, por un lado, a la vez que sigue confiando en las instituciones y el sistema, por el otro.

No nos detendremos en las especificidades del capitalismo andaluz y su papel en la división nacional, europea e internacional del trabajo, cuestiones necesarias para avanzar en el conocimiento del desarrollo de nuestra comunidad. De igual manera que los cambios en la materialidad de la acumulación de capital, las técnicas (automatización, digitalización, computerización o inteligencia artificial) y la organización del trabajo que las acompañan, imponen un tipo de fuerza de trabajo (física, emocional, mental) que ha de ser reproducida, también en términos de salud y de servicios sanitarios. Todo ello, junto a las condiciones de legitimación, pueden apuntar a un nuevo modelo sanitario.

Conclusión

Sea como sea, este 9 de noviembre, el pueblo andaluz está llamado a la acción. No hay nada fuera de la política: ir a la manifestación, al cine o quedarse en casa, son todas actuaciones políticas.

Las situaciones concretas de la sanidad están ligadas a las medidas presupuestarias, los debates parlamentarios, las disputas ideológicas o los intereses económicos, ni si quiera son ajenas a la necesidad de acumulación del capital (andaluz, español, europeo y mundial). Mientras las condiciones sociales no permitan dar el salto definitivo de la mercancía al derecho, tocará defender la sanidad pública frente a la relación de capital y sus gestores políticos, el gobierno andaluz.


jueves, 30 de octubre de 2025

La universidad española y la acumulación de capital

A todas las personas universitarias que se esfuerzan 
por saberse portadoras de un mundo mejor



En el artículo anterior, examinábamos las dificultades financieras de la unipu, y apuntábamos que formaba parte de un diagnóstico crítico (matriculas, plantillas, vulnerabilidad informática, etc), carácter estructural inscrito en el actual modelo de universidad. Allí anunciábamos tocar la política, la ideología y la economía que subyacen a este producto histórico que es la universidad española. De eso se trata ahora.


Enfrentamiento universidad-gobierno autonómico

Los traspasos de competencias universitarias (gestión, financiación y mapa universitario) a las autonomías, quedándose el Estado con los títulos y las bases, comenzó a principios de los ochenta con el País Vasco, continuando a medias de los ochenta con Cataluña, Valencia y Andalucía, y culminando a mediados de los noventa (Madrid y el resto).

Aunque las tensiones financieras (también la reposición de personal o la ordenación de titulaciones) en la universidad pública (unipu) han existido siempre, se agudizan en la gran recesión (2008-2014) cuando los recortes (reglas de gasto y planes de estabilización) desde la Unión Europea se trasladan a los gobiernos centrales, y de estos a los autonómicos. 

Este es el origen de la infrafinanciación que se cronifica fruto de la dinámica creciente del gasto (personal, bienes y servicios, inversiones), la competencia de la uniprivada (estancamiento de matrículas) y el descenso en precios y tasas. Este déficit se ha expresado en el crecimiento de las transferencias autonómicas, en sus plazos y en incumplimientos legales que terminaron en sentencias judiciales (las universidades madrileñas con Aguirre). A veces, usado también para presionar a rectorados hacia determinadas politicas autonómicas (potenciación de la privada, recortes en la pública, reordenación de títulos, etc.). 


El debate ideológico sobre la universidad

La disputa política, entre universidad y gobiernos, principalmente pero no exclusivamente autonómico, ha tenido diversos ejes como hemos visto arriba. En lo inmediato aparece el modelo de financiación, pero tras él vemos emergen la elección unipu vs unipri (funcionamiento, necesidades de las élites, burocracia, entre otros), los precios y tasas asequibles, y en definitiva el modelo de universidad que necesita la acumulación de capital española y la europea.

Las posiciones ideológicas que defienden la formación de las élites y de la clase trabajadora de elevados ingresos (directivos, gerentes, altos funcionarios,...), y el impulso de la privada, no solo como ámbito de negocio específico sino como expresión ideológica. También habilita el déficit de la universidad pública de masas, con sus recortes que implican la precariedad y la temporalidad de las plantillas, incluso restringen el gasto en la unipu, que potencia la unipri, frena las mejoras laborales del personal, que intentan reducir la autonomía universitaria y alinear más inmediatamente la marcha de la universidad a las necesidades de los capitales territoriales.

Las decisiones políticas, y la lucha en la que se inscriben, son dirigidas por los planteamientos ideológicos, pero éstos tienen una fundamentación. Piénsese que la defensa de cualquier aspecto, por ejemplo el acceso de los hijos de los obreros a la universidad, puede defenderse desde un marco de clase como desde un marco de integración social. Así como otros aspectos, el crecimiento de la unipri por ejemplo (libertad vs expansión del empleo). Como se puede vislumbrar tras el ascenso de las ideas sobre la universidad vamos descubriendo el modelo de universidad que de una u otra forma la sociedad demanda. Por tanto, para entender las causas hay que alejarse del debate y hemos de observar la evolución histórica de la universidad.


Historia (y actualidad) del modelo de universidad

De una pasada, hay que mirar desde la universidad de élites del franquismo, régimen en el que también asoma la universidad de masas que luego se expandiría durante la transición democrática, hasta el más reciente modelo diferenciado (público-privado, rentas altas-medias, territorios, titulaciones, etc.). El gráfico de las matriculaciones universitarias es revelador.



Veamos la evolución un poco más despacio a través de las distintas reformas legales.

La universidad franquista se estructuró bajo la Ley de Ordenación de la Universidad Española (LOUE, 1943). Fue un modelo centralizado (la territorialidad era administrativa), jerárquico (vigilancia estatal, poder de los catedráticos) y políticamente tutelado (Falange, sindicato e ideología franquistas), con presencia religiosa, con pocos alumnos, destinada a formar a las élites gobernantes (privadas y publicas), donde se ahogaban el pluralismo académico y la necesaria discusión científica.

Posteriormente, en los años 50 y en mayor medida los 60, en correspondencia con el desarrollismo económico, y los requerimientos de la liberalización, la industrialización y el aperturismo exterior se expande la educación superior que inicia la universidad de masas. El franquismo no será capaz de dotar de una ley a este modelo emergente, que se promulgará ya en la etapa democrática con la Ley de Reforma Universitaria de 1983. En ella se reconoce y desarrolla la autonomía universitaria, se reforma la gobernanza de la universidad haciéndose más participativa y democrática, además de iniciarse las competencias autonómicas sobre las universidades. 

Tras la consolidación de la universidad de masas (años 80 y 90), el modelo va cambiando para adecuarse a nuevas necesidades de la acumulación española de capital (acentuación de la territorialidad, nuevas profesiones y titulaciones, la incorporación masiva de la mujer a las universidades, y posteriormente, con la entrada en la Unión Europea). Así, se apunta al modelo de la universidad diferenciada actual. Este paso será sancionado, primero, por la llegada de la LOU en 2001, muy cuestionada por la comunidad universitaria y, posteriormente, por la LOMLOU (2007), que acelera la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, resultado del proceso europeo iniciado por la Declaración de Bolonia (1999). Se fijan la ordenación de las enseñanzas oficiales y la estructura Grado-Máster-Doctorado, la desaparición de la dualidad licenciatura/diplomatura (e ingenierías superiores y técnicas), los títulos de grado con troncalidad y optatividad moduladas (RD 1393/2007), la modernización de los doctorados (RD 99/2011) y, luego, se actualiza y ordena la oferta (RD 822/2021). 

Un componente importante del nuevo Sistema Universitario Español (SUE) será la unipri. Ésta presente desde antiguo (Deusto, Navarra, CEU), crecerá aceleradamente desde principios de los noventa (35 públicas por 5 privadas), especialmente a primeros de siglo (48 frente a 18) hasta las 48 por 39, respectivamente, de 2023. Espoleada por los gobiernos, principalmente los autonómicos, acentuarán el modelo dual de universidad: la unipri (élites y clase trabajadora adinerada) frente a la unipu, donde se junta la mayor parte de universitarios, condicionado por becas y precios. 

Últimamente, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (2023) reformó el marco corrigiendo algunos de los efectos perversos de los recortes: empleo y carrera limitando la temporalidad, la gobernanza (transferencia de conocimientos a la sociedad, ciencia abierta, internacionalización, participación estudiantil, políticas de igualdad e inclusión) y la coordinación Estado-CCAA (clarifica funciones y favorece cooperación). Asi, la contracara de este realineamiento entre conocimiento y competitividad, es una unipu más deficitaria, más dependiente de los gobiernos autónomos, y un deterioro de las inversiones y medios.







El cuadro anterior trata de expresar que el sistema universitrio es el resultado de las decisiones y luchas políticas, regidas por las discusiones ideológicas y mediadas por los etapas y ciclos económicos (fiscalidad, demografía, mercado laboral), en cuanto formas que adoptan los requerimientos de la acumulación de capital. Cuestión ésta última en la que creo es importante insistir. 

La universidad y la acumulación de capital

El SUE, como tantas otras instituciones, tiene un papel en la acumulación de capital. Eso la determina, bajo la forma de luchas y acuerdos (política) que puedan llevarse a cabo entre las clases sociales a través de las organizaciones, instituciones y gobiernos, que intervienen en la universidad.

El desarrollo capitalista actual, la nueva división internacional del trabajo y los requerimientos técnicos que la impulsan (automatización, digitalización, computerización, IA), generan la necesidad de una fuerza de trabajo capaz de investigar, diseñar, aplicar y gestionar las fuerzas productivas, la organización del capital tanto privado como público de cada ámbito sectorial y territorial. También requiere la mano de obra que forme (en su diversidad de títulos, y de asignaturas, parcelando el conocimiento), dotando de los adecuados atributos técnicos, emocionales y morales, a esa cualificada fuerza de trabajo. Ese es el papel de la universidad en cada etapa de la acumulación de capital, particularmente de la actual.

La aceleración de los cambios técnicos y la complejidad social que conllevan, hace aún más necesaria esa cualificada y renovada formación. Eso es uno de los aspectos que explican la cantidad de leyes universitarias, sobre todo recientes. Además, hay que producir esta fuerza universitaria de trabajo en cuantía abundante, pues como miembros de la clase obrera están sujetos a la ley de la acumulación (ejército universitario de reserva). Y como porción de la clase obrera, los universitarios son portadores de las potencias capaces de poner en marcha, junto al resto de la clase obrera, la transformación social; ahora, además, con un conocimiento científico, al que solo resta reconocerse como la relación social superadora del capitalismo.

sábado, 25 de octubre de 2025

La crisis de la universidad pública

 Introducción

Las movilizaciones universitarias anunciadas para noviembre vuelven a ponernos de frente al servicio universitario que, como no podía ser menos, igual que el resto de servicios públicos, está en crisis; lleva años en crisis; la crisis empieza a ser su forma de existencia.

Conviene detenernos en qué significa hoy la crisis en la universidad pública (unipu), por qué se origina y cómo hemos llegado hasta aquí. Posteriormente, la contextualizaremos en la evolución histórica de la universidad en España descubriendo, con las lentes de la Crítica de la Economía Política, la materialidad que subyace a los cambios políticos, ideológicos y económicos.


La crisis y sus manifestaciones

El motivo inmediato de las movilizaciones es que la complutense ha solicitado un crédito al gobierno madrileño para afrontar las nóminas de diciembre.

Efectivamente, la falta de financiación es la expresión más nítida de la crisis de la unipu. Las dificultades de tesorería, la dependencia de créditos extraordinarios y los recortes condicionados acompañan esta insuficiencia financiera. Pero, no solo las universidades madrileñas, las andaluzas (préstamo a la UMA y denuncia de déficit estructural), las valencianas incluso las catalanas, han lanzado avisos de insostenibilidad ante años de infrafinanciación. Un ex-rector lo resumía así: “la situación en Madrid es catastrófica, en Cataluña es crítica, en Andalucía va camino de serlo”. El resto les mira el trasero.

Otro elemento crítico lo encontramos en la situación del personal, que tras años de congelación y precariedad empezó a ver mejoras laborales hace unos años. Más adelante nos detenemos.

Además, la situación en la unipu se ha agravado con la debilidad informática que se ha puesto de manifiesto ante diversos ciberataques (ransomware) y campañas de phising en muchas universidades (UAB, UCLM, Unizar, US).

Un aspecto más ha sido el cuestionamiento de la reputación en casos como el de la URJC, con efectos económicos (matrículas), ante el caso del máster de Cifuentes.

Las facilidades otorgadas a las universidades privadas (unipris) como decisiones de autorización de títulos (Andalucía) u otras, dando lugar a competencia asimétrica.

Un último aspecto de esta crisis, sin pretender agotar los síntomas, es el estancamiento del alumnado (ver gráfico) con reducción en algunos segmentos (máster, grados de alta demanda) y particularmente en algunos territorios (Madrid, Cataluña, Valencia, incipiente en Andalucía). Adquiriendo más dramatismo en un contexto de creciente demanda univesitaria. Por contra, la unipri, con precios cinco veces superiores, ha logrado acaparar más del 25 por ciento del alumnado (2024).




Preguntas guía y ruta

Tras esta somera presentación de la crisis de la universidad pública, se nos abren una serie de preguntas.

La primera es indagar el déficit presupuestario mirando ingresos y gastos. Enseguida, como ya hemos señalado, se nos plantea la cuestión del enfrentamiento político, principalmente, entre los titulares de las competencias (gobiernos autónomos) y las universidades. Esto nos adentra en el debate ideológico y la discusión unipu vs unipri o sobre el modelo de universidad. Por último, desembocaremos en el papel de la universidad en la sociedad capitalista y, más concretamente, en la acumulación española de capital y sus requerimientos respecto de esta particular porción de la clase obrera.

En lo que sigue, abordamos la primera cuestión, dejando las restantes para la próxima entrega.


La lucha de clases en la unipu

Antes de entrar en la evolución presupuestaria, nos detenemos en el conflicto laboral de la universidad. Durante mucho tiempo la universidad fue una fuente de la temporalidad, la precariedad laborales, emergiendo figuras como el profesorado low-cost, autónomo universitario o el becariado a título gratuito. Por otra parte, contrastando con los privilegios de catedráticos.

Los años de la gran recesión y el recorte presupuestario impuesto por la UE (2008-2014) asentó aún más la indignidad laboral que suponían, entre otras, aquellas prácticas. Esta situación empieza a cambiar, sobre todo a partir de 2018: movilizaciones del personal universitario y los litigios (asociados, interinos) dan paso a los acuerdos sindicales que mejoran salarios (incluyendo inflación) y reposición del personal, a las reformas legales que reducen temporalidad y encarecen carreras profesionales (Ley 20/2021, LOSU 2/2023, Estatuto del personal predoctoral de 2018 y modificación en 2024), y a diversas sentencias favorables al personal docente e investigador.


La insolvencia de la unipu

La dinámica del gasto, con un incremento del 24 por ciento desde 2012 alcanzó los 11.340 millones de euros, ha estado presidida por la elevación del gasto de personal, la restricción inversora y la inflación.

El gasto de personal ha crecido pasando de representar el 61 al 65 por ciento. Los bienes y servicios, tras un esfuerzo de contención, se han visto espoleados por la inflación (reducción desde el 14 al 13 por ciento); mientras las inversiones en modernización y digitalización, cada vez más necesarias, tras un periodo de fuerte restricción se han recuperado (reducción del 18 al 16 por ciento del presupuesto).

Por su parte, la evolución de los ingresos universitarios nos muestra: aumento de las transferencias corrientes, la principal fuente, pasando de un 60 a un 65%; una reducción de las tasas y precios públicos, que disminuye su peso desde el 21 al 16 por ciento, por estancamiento del alumnado y bajada de la matrícula (sic); las transferencias de capital suben acompañando a las inversiones.

Como se ve una situación, ingresos contenidos y gasto creciente, exige reformas estructurales a la propia universidad así como nuevas fórmulas de financiación, pero entre tanto aboca al déficit crónico de la unipu, que ha de ser cubierto principalmente por la autonomía. Con ello se abre la puerta a la particular relación unipu-gobierno autonómico, que habremos de tratar más adelante. Ni que decir tiene que la mejora laboral, la dotación de recursos adecuados, empezando por la seguridad informática, tienen que ver mucho con la suficiencia financiera.




La crisis como forma de existencia

La situación actual de la UCM, la más dramática, nos alerta de la insolvencia a la que se aboca a la unipu, pues es lo que le espera al resto. A medida que se vaya imponiendo el nuevo modelo universitario español en el que una de las claves es la extensión de la unipri, el papel de la unipu como generador masivo y socialmente barato de fuerza de trabajo universitaria para el capital europeo, se nos irá revelando con claridad meridiana. También, y por ello mismo, su carácter deficitario, y la tensión permanente con el gobierno de quien depende, el autonómico. De hecho uno de los aspectos en cuestión es la autonomía universitaria.


Un diagnóstico materialista (apuntes para próxima entrega)

Desde la Crítica de la Economía Política, la crisis no es un accidente: expresa la forma en que hoy la acumulación española de capital realiza el mandato de producir una abundante fuerza cualificada de trabajo (atributos técnicos, mentales, morales/valores) bajo la restricción fiscal, en el marco del mosaico autonomico que configura territorialmente al capital español: se demanda excelencia, digitalización, internacionalización, a la vez que se limita el proporcional esfuerzo presupuestario. Cuestiones que detallaremos en la segunda parte.







El FOESSA 2025 y la ley de la acumulación de capital (y II)

El IX Informe FOESSA de 2025, ya vimos , presenta un panorama desgarrador, desolador y demoledor: la clase obrera española está peor que hac...