El beneficio privado y la hipocresía pública

A Juan de Barrios Hartos y a Jose Luis de Los Lunes al Sol

¿La salud antes que el negocio?

El día 3 de diciembre de 2025, el diario El País, y tras ellos, la Cadena Ser (ambos de la empresa mediática Prisa), denunció en portada unos audios, donde un directivo de una empresa sanitaria privada hace un llamado a mejorar la cuenta de resultados. No se queda en la arenga empresarial, sino que ilustra sugiriendo engordar las listas de espera, recordándoles que ya una vez las adelgazaron, tratándose ahora de revertir el proceso.

Rápidamente la mayor parte de medios, instituciones y políticos, por no hablar de personas de a pie, absolutamente todos, se han llevado las manos a la cabeza.

A uno le gusta pensar que la sociedad se ha puesto de acuerdo en poner la sanidad, la salud, por delante del negocio. Lo que se dijo en la Pandemia. Pero, ya no me lo creo. Así que os cuento como lo veo.

Actividad económica y beneficio privado

Un gerente le explica a su plantilla que la empresa necesita ganar más dinero, y la orienta para llevarlo a cabo. Les convence de que es posible y les ilustra sobre cómo se hace. Hasta aquí todo normal. Es lo que hace cualquier gerente de empresa privada. Es más, el consejo de administración (propietarios) le contrata para ello. ¿Cuál es el problema?

No digo todos, pero buena parte de los sorprendidos, incluyendo al medio de comunicación denunciante, saben que las empresas privadas, se dediquen a lo que sea, tienen como objetivo ganar dinero, y cuanto más mejor. Más aún, saben o deberían saber, que es la única manera de sobrevivir en la competencia capitalista, en este caso, en torno al negocio de la sanidad. 

Beneficio privado e ideología

Sí, eso, el problema es que juegan con nuestra salud, por eso nos llevamos las manos a la cabeza. 

Pero, la prevalencia del beneficio monetario no solo es en la sanidad, también del negocio de la educación, de las residencias de ancianos, de las soluciones habitacionales ante desahucios, o las armas, el juego de azar, … y podríamos seguir hasta recorrer todas las ramas de la economía de un país. Todas en mayor o menor medida, de manera directa o indirecta, tienen que ver con el interés de la sociedad. Y en todas, porque es la esencia del capitalismo, el valor de uso es el medio para la valorización del valor.

Esta necesidad del beneficio privado, inmanente al capitalismo, es la base material de la ideología que lo justifica.

Ideología del interés particular e hipocresía

No se trata de la ideología de una persona, ni si quiera de una empresa o sector, se trata de la ideología general, que acompaña o justifica determinados intereses materiales.

Cuando se admite y naturaliza que el beneficio privado es lo que regule la actividad económica (lo que da beneficios se hace y lo que no se queda sin hacer) justificamos las decisiones y comportamientos que conducen a él: privatizaciones, cierres empresariales, reducciones de plantillas, externalizaciones, segregaciones, y toda la amplia ingeniería empresarial que realizan ese principio fundamental del capitalismo que es la obtención del beneficio monetario.

Así que sí, me parece hipócrita rasgarse las vestiduras por un caso que es una expresión de la norma rectora del funcionamiento de la sociedad, el capital. Pero, qué hacer.

Regular y el caso de Palmete

Resulta lógico plantearse regular la actividad económica; como herramienta para que prevalezca el bien público si choca con el interés privado de una empresa.

Existen ejemplos de como el beneficio privado termina abriéndose paso en la maraña de leyes y trámites: murieron ancianos en las residencias por falta de atención médica, vendieron mascarillas a precio de oro mientras morían personas carentes de ellas, personas enfermas trabajan por decisión de las mutuas, factorías producen instrumentos de muerte. 

O la vivienda, como el caso de la calle Verdad, del barrio sevillano de Palmete, en la que la nueva Ley de Vivienda y otras muchas similares se han mostrado impotentes. Once familias, con niños incluidos, han sido señaladas para desahucio en febrero; será ejecutado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, por encargo de un juez, a petición de un banco para mayor enriquecimiento de un fondo buitre. Todo ello denunciado por la plataforma Barrios Hartos, y ante lo que la sociedad en general, los medios de comunicación y las instituciones (ayuntamiento, junta de andalucia o gobierno central) veremos si mueven un dedo.

La ideología y la práctica social

Volviendo a la práctica médica, la ideología que la dirige y su fundamento material. 

Es frecuente que pacientes de la sanidad pública con póliza privada se topen con un médico que, interviniendo en los dos ámbitos, le aconsejen operarse en la privada para evitar la lista de espera. En este caso, ganan el paciente, el médico y la sanidad privada. 

También se da lo contrario, el médico de la privada que te aconseja el tratamiento público basándose en que cuentan con más medios; el paciente agradece la sinceridad aparentemente desinteresada del profesional. Suelen coincidir con tratamientos costosos que a las empresas privadas les suponen menos rentabilidad. Así que no sería de extrañar que sean los propios gerentes de las privadas, espoleados por los consejos de administracion, los que animen al mencionado “ejercicio” de ética profesional entre su plantilla. 

El beneficio monetario es el fundamento de la ideología del interés privado. El problema es que, de una u otra manera, todos estamos sometidos a ella. Entonces, qué hacer.

Conclusión

Entre tanto cambiamos la relación social que organiza el funcionamiento de la sociedad capitalista, solo nos queda prepararnos (crear las condiciones que lo hagan posible) y, como paso previo, tomar conciencia de nuestra contradicción (producimos nuestras cadenas) para lo que necesitamos conocer.

Aunque solo sea por “quítate tú para ponerme yo”, o sea la vieja estratagema de la competencia capitalista ávida por monopolizar el negocio de la sanidad privada, este escándalo nos recuerda, en toda su crudeza, la ley absoluta del modo de producción capitalista, la producción del plusvalor (Marx); también la contradicción entre el bien social (valor de uso) y el interés privado (plusvalor), expresión de esa otra descubierta -de nuevo por Marx- la socialización del trabajo privado. Ahora, de nuevo, la pregunta es qué vamos a hacer con esto, nosotros, la ciudadanía, la clase obrera: seguimos rumiando nuestra desdicha, miramos hacia otro lado hasta que nos toque, o nos conjuramos para expropiar a los expropiadores (Marx dixit).

Monarquía, Estado y capital en España (y II)

En la parte primera, vimos que la monarquía burguesa parlamentaria española del último cuarto del siglo XX presenta serios inconvenientes: institución antigua o pasada de moda; contraviene valores del nuevo Estado (hereditaria, con privilegios, nada feminista); ser heredera del franquismo; a los que se añadirán otros más indecorosos.

A pesar de ello, en 1975, luego con la Constitución de 1978, y si me apuran en 2014 (abdicación de Juan Carlos I), volverá a afirmarse como la forma política de la jefatura del Estado español. En lo que sigue intentamos responder al por qué.

La importancia de la pregunta

La reflexión, la investigación, por la necesidad de esta monarquía, más allá de satisfacer la curiosidad histórica, tiene que ver con la acción política consciente.

Sin el conocimiento objetivo de la realidad social, incluyendo el propio conocimiento como sujeto transformador, el cambio social se antoja un ejercicio de azar humanamente costoso.

Además, explicarnos la monarquía juancarlina tiene un efecto ideológico desmitificador en el que nos detendremos al final.

Monarquía y Estado monárquico

El Estado español de mediados de los setenta necesita una figura que represente su unidad (funcional, de clases, territorial, ideológica, generacional, etc.) y permanencia, ese será el jefe del Estado.

Ahora bien, por qué este nuevo Estado adoptó la monarquía como forma de su jefatura del Estado, primero dictatorialmente (1975-1978) y luego constitucionalmente (1978-2014). Dos aspectos a resaltar: el primero, es la continuidad respecto del franquismo (legalidad) que tranquilizaba a sus élites; después, para las élites democráticas (muy diversas y faltas de alternativa) les bastó con una monarquía parlamentaria donde el peso del ejecutivo recaía en gobierno y parlamento. El rey tuvo la capacidad de mostrarse como impulsor de la modernización, estabilizador del proceso, y dispuesto a ceder poder.

La ideología monárquica, bien por convencimiento bien por conveniencia, se erige en un aspecto de la ideología del Estado.

Ahora bien, esto nos plantea la pregunta de por qué la sociedad española decide incluir en su diseño de Estado moderno (social, autonómico, …) el aspecto monárquico.

Estado monárquico y lucha de clases

O de otra manera, por qué el monarquismo (antes el caudillismo) se erige en ideología del pueblo. Más allá del esfuerzo educativo y mediático, importante para ver el cómo (no nos detenemos en ello).

La monarquía representa un nexo con el franquismo de modo que las élites franquistas (militares, altos funcionarios, jueces, iglesia prevaticana-II, sindicalismo vertical, directivos de organismos y empresas públicos, parte del empresariado privado) así como el pueblo franquista la toleran.

Enfrente, las fuerzas democráticas tienen ante sí la tarea de construir, sobre las bases de la sociedad franquista, un Estado y una sociedad moderna (capitalista, abierta), democrática (parlamentaria, libertades), “homologable a los países de nuestro entorno”. La política está dirimiendo derechos civiles, sociales, territoriales, entre otros. La forma monárquica vs republicana del Estado no es una prioridad Es más, dentro de las fuerzas democráticas tiene partidarios la monarquía, o al menos la consideran útil (socios exteriores, parte del capital nacional, iglesia reformista, izquierda parlamentaria…). No en vano, la propia monarquía se había prodigado obteniendo apoyos exteriores (americanos, potencias europeas, monarquías árabes, latinoamericanos) e interiores (apoyo a Suárez, auspicia reforma política, respalda elecciones 1977) para presentarse como una institución moderna y dispuesta a acoger la democracia y, sobre todo logró presentarse como una figura de equilibrio de mínimos, de mediación entre fracciones de clase, de consensos políticos y de cohesión social.

De modo que si la monarquía se envolvía en papel democrático podía ser aceptada incluso por los que se reclamaban republicanos. El resultado de la votación sobre la Constitución, el 6 de diciembre de 1978 con una participación (67%) fue aprobada (88%) la Constitución.

Ahora bien por qué el debate sobre la forma de la jefatura del Estado, o sea república vs monarquía, era subsidiario; o por qué los partidarios de la monarquía tienen la fuerza frente a los republicanos.

Lucha de clases y capital nacional

Las luchas laborales, por los derechos civiles, también las autonómicas, a lo que se añade la competencia (de ramas y territoriales) de las empresas capitalistas, en un marco de crisis económica de los años setenta (inflación, reorganización sectorial y territorial del capital), genera un marco desestabilizador importante. La clase capitalista y sus partidarios, franquistas o no, temen por sus intereses. Necesitan previsibilidad, paz social, horizontes inversores atractivos y hacer negocios con el exterior.

La clase obrera aprovecha la debilidad del capital (conflicto, huelgas), pero a falta de un proyecto rupturista con el modo de producción (no entramos en el porqué), está limitada en sus aspiraciones por el propio capital (el salario no puede quebrar la empresa, el cierre empresarial es el paro obrero): la clase obrera todavía es un apéndice del capital.

Como tal, se le exigirá sacrificios (pactos sociales). Los sindicatos, también la patronal, y los partidos obreros mayoritarios se integran en los mecanismos de concertación (Pactos de la Moncloa, 1977). La monarquía contribuyó a canalizar el conflicto social hacia los pactos.

Lejos de necesitar otro frente, el debate sobre la jefatura del Estado es saltado, la sociedad decide focalizarse en otras prioridades del capital nacional: estabilización, modernización, europeización, entre otros.

Capital nacional e inserción internacional

El capital español para desarrollarse y expandirse tenía la necesidad de integrarse plenamente en la circulación mundial del capital (ampliar y diversificar el comercio, acceso a financiación y mercados de capitales, atraer inversiones, insertarse en la división internacional del trabajo). Los avances franquistas (acuerdo de bases militares de 1953, el concordato con el Vaticano), a pesar del favorable contexto de la Guerra Fría (Operación Gladio), fueron muy limitados chocando con el requisito que la comunidad internacional (Mercado Común Europeo, OTAN, entre otros) imponía: la democratización del régimen político.

La crisis internacional de los setenta (encarecimiento del petróleo, inflación) agravará esta necesidad del capital nacional, a la vez que acelera los deseos de consolidar vínculos atlantistas y europeos, ante el temor de una desestabilización.

La monarquía, lejos de ser un obstáculo para la democratización, y mucho menos para el mantenimiento del modo de producción capitalista (propiedad privada, trabajo asalariado, mercado), colaboró ampliamente con la inserción del capital español en el mundial (compra de petróleo barato a regímenes árabes, estrecha lazos con mercado iberoamericano, fluidez en relaciones con estadounidenses, intermedió en la europeización, etcétera).

Síntesis

La corona, ni cayó del cielo ni tocó en una tómbola, fue una figura necesaria para el desarrollo del capital español.

La circulación mundial del capital, con su reparto geográfico de bloques en el marco de la crisis internacional de los setenta, demandó del capital español el compromiso con el bloque occidental (OTAN, CE) y el establecimiento de una serie de relaciones diplomáticas, comerciales y financieras. El desarrollo del capital nacional, en este contexto internacional, exigía un Estado moderno, parlamentario, democrático, cuya construcción tenía como principal e inmediata materia prima el Estado franquista. La “muerte en la cama” de Franco abrió la oportunidad. La forma en que se realiza esta determinación es la lucha de clases, que atravesó toda la sociedad incluyendo el propio Estado. Ante la urgencia por resolver el diseño del Estado, la democratización, pacificar el conflicto social, gestionar la discusión territorial, el debate sobre la forma política de la jefatura del Estado se decantó por la monarquía como opción de consenso más eficiente. 

El Estado monárquico es el representante político del capital total de la sociedad española. Y el rey, su jefe.

Conclusiones

Puede pensarse que la monarquía no está en la esencia del capitalismo. De hecho tanto Marx (El 18 Brumario de Luis Bonaparte) como Engels (Anti-Duhring) exponen que la república es la envoltura política más adecuada del poder burgués. La actualidad confirma su juicio, sin embargo una parte de los países capitalistas es monárquica. Es el caso de España.

En 2014, en plena crisis social, tras conocerse diversos escándalos (fortuna opaca, regularizaciones fiscales, cobro de comisiones, a los que añadir los sentimentales) el rey Juan Carlos I abdicaba en su hijo Felipe VI. La opinión sobre la monarquía no es buena (el CIS no la data); la monarquía tiene la necesidad de recuperar legitimidad; pero, aún es útil para el capital. La privilegiada protección estatal de que goza (cárcel para Hasél, exilio para Valtònyc, Código Penal, Ley mordaza, nada de indultos, …).

Las nuevas generaciones deben conocer la historia y explicarse la realidad, ambas integrantes de la caja de herramientas del sujeto transformador.

Nuestro planteo ha sido pensar esta especificidad de la monarquía burguesa parlamentaria española desde la Crítica de la Economía Política. Entendemos este ejercicio como una acción política, en el contexto de otras muchas investigaciones más acreditadas, profusas y necesarias. Un esfuerzo que nos muestra a esta monarquía como un producto social e histórico, que parte de la necesidad del capital bajo la forma de la lucha de clases. Con esto la descubrimos como una institución necesaria (para el capital) y no accesoria, un sujeto político y no una mera figura simbólica (reina, pero no gobierna), y lejos de su neutralidad como un representante de los intereses del capital. Concretando así lo que dice la estrofa de La Internacional: “Ni en dioses, reyes ni tribunos, está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor.”

Monarquía, estado y capital en España (I)

La monarquía burguesa en el mundo y la tendencia reciente

La ONU reconocía, en 2025, a 195 países; de ellos, según la Wikipedia, unos cuarenta eran monarquías. Entre las 20 economías más grandes solo 6 son monarquías; y dentro de la Unión Europea de los 27 también seis (Bélgica, Dinamarca, España, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia). Estos datos nos ilustran sobre la especificidad de esta forma política que adopta el estado capitalista, como es el caso español. 

Todavía cabría pensar que sin ser la monarquía burguesa un atributo dominante pudiera ser emergente. Sin embargo, en los últimos cien años, tras más de cien estados creados y varias centenas de cambios de régimen político, el número de nuevas monarquías, incluyendo restauraciones, fue poco más de una decena. La mayoría en países musulmanes (Arabia Saudí en 1932, Jordania en 1946, Marruecos en 1957, Kuwait en 1961, Catar en 1971, …) y, entre las más recientes, nuestra España (1978), solo superada por Camboya (1993) y Baréin (2002).

Pretendemos, tras hacer una parada en la historia y otra en el derecho, explicarnos desde el punto de vista de la Crítica de la Economía Política esta especificidad monárquica de la sociedad española; que se nos vuelve aún más enigmática si tenemos en cuenta que esta institución contraviene principios definitorios de nuestro moderno, democrático, igualitario y social Estado español.

La ideología monárquica hispana

Algunos episodios de la historia española nos alertan sobre la posibilidad de prescindir de la monarquía: la muerte sin herederos de Carlos II (1700), la Guerra de Independencia (1808-1812), la Revolución Gloriosa (1868), la I República (1873-1874), la II República (1931-1936) e incluso la muerte del dictador Franco (1975). 

Sin embargo, todos ellos se resuelven en otros tantos momentos de restauración monárquica: inicio de la dinastía borbónica con Felipe V (1700), retorno de Fernando VII (1814), el recurso al infante italiano Amadeo de Saboya (1870), la Restauración borbónica con Alfonso XII (1874), paradójicamente el franquismo instaura un “Reino sin rey” y la Restauración juancarlina (1978).

Aún de manera contradictoria, podría decirse que hay en España una insistencia histórica en pro de la monarquía, avalando un sentimiento monárquico en nuestra sociedad.

Historia reciente de la monarquía

Tras las elecciones municipales, que originaron la marcha del rey Alfonso XIII, se proclama la II República española (1931-1936). La burguesía centralista apoyada en militares, católicos, fascistas y monárquicos, y temiendo la deriva rupturista (social, cultural y territorial), da un golpe de estado (18 de julio de 1936) que conduce a la patria a una guerra fratricida. La Guerra Civil (1936-1939) supondrá la muerte de cientos de miles de compatriotas, muchos de manera sumarísima aún yacentes en fosas, y llevará a buena parte de la sociedad española, primero, al hambre, y luego al atraso de varias décadas.

Franco, tras vencer en 1939 declara a España “Reino” por Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), sin abandonarla hasta su muerte. En 1954 se trae a Juan Carlos, primogénito de Don Juan (el sucesor natural por ser hijo de Alfonso XIII), para que inicie su formación en España, nombrándole “sucesor a título de Rey” en 1969 para lo que hubo de jurar los Principios del Movimiento.

De modo que la dictadura franquista, que acabó con la II República española, será una república de facto con la promesa de monarquía, que hará efectiva la joven democracia española. Así, tras la muerte de Franco (1975) y jurando las Leyes Fundamentales franquistas, Juan Carlos I accede a la Jefatura del Estado. Posteriormente, la Constitución de 1978, votada masivamente (67% de participación y 88% de síes), instaura la monarquía cuyas funciones se regulan en el título II de la Constitución (artículos 56–65). 

Monarquía parlamentaria española

La actual monarquía burguesa (parlamentaria) tiene poco que ver con aquella otra de principios del XVIII, el inicio de la dinastía borbónica (absolutista). Las transformaciones del estado capitalista no han dejado indemne a la jefatura del Estado.

Aún así, lejos del mantra que presenta a la monarquía como una figura simbólica sin incidencia práctica, la Corona tiene sus funciones constitucionalmente establecidas y reguladas mediante leyes.

España es un estado cuya forma política es una monarquía parlamentaria (articulo 1.3 de la Constitución Española, CE en adelante).

La Corona es el órgano estatal constitucional que detenta la Jefatura del Estado, y su titular es el Rey, actualmente Felipe VI. 

Se trata de un órgano separado, aunque relacionado, de los poderes clásicos: ejecutivo (nombra y separa miembros del Gobierno), legislativo (convoca elecciones y referendums, sanciona y promulga leyes) y judicial (art. 117 CE dice que la justicia la administran los jueces en nombre del Rey). 

Simboliza la unidad y la permanencia del estado español, así como arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Además, propone candidato a la Presidencia, acredita embajadores, ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El retrato oficial del Rey es un símbolo del Estado en sedes institucionales, igual que la bandera, y su uso está regulado por normativa de régimen local y protocolo administrativo.

La Familia Real, regulada en el RD 1368/1987, está formada actualmente por el propio Rey, Reina Letizia, Princesa de Asturias Leonor e Infanta Sofía y, tras la modificación de 2014, también acoge a los Reyes Eméritos, Sofía y Juan Carlos I. Pero, no es un órgano del estado ni administrativo. El Rey no responde por sus actos, mientras el resto de miembros sí. De estos, excepto la infanta, están aforados (por Ley Orgánica 4/2014, al Tribunal Supremo).

La Princesa de Asturias es la heredera al trono (art. 57 CE), y su figura se regula en un RD 1368/1987. Es la heredera por ser la mayor entre hermanas, pero si hubiera un varón la CE todavía le daría la primacía en la sucesión al trono (art. 57.1 CE).

El coste de la monarquía española

La Casa Real (art. 65 CE) es una estructura administrativa cuya función es constituir la infraestructura de apoyo a las funciones del Rey, pero no es un órgano del estado. Para dicha tarea goza de dotación económica (art. 65 CE) a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, además de normativa interna, regulación de regalos institucionales u obligaciones de transparencia (RD 297/2022).

Actualmente, la dotación presupuestaria de la que goza es algo más de 8 millones de euros (8M€), a lo que se añaden otras partidas de diversos ministerios (Exteriores, Interior, Defensa, Patrimonio, por ejemplo). Con ser importante, esta cifra es inferior al coste de otras monarquías europeas (Bélgica, 43M€; Países Bajos, 54M; Reino Unido, 86M) e incluso que la jefatura de Estado de otras repúblicas (Alemania 47M; Francia, 125M; Italia, 224M).

Esta modestia presupuestaria de la monarquía española (8M€), que no ha sido óbice para que el Emérito amase una fortuna estimada en 2.000M de euros, habla tanto de la debilidad de la institución como de la cicatería de nuestras élites gobernantes, de la valoración de mercado de la actividad regia, o de su eficiencia.

Recapitulación

La forma política del estado capitalista español actual, la monarquía burguesa parlamentaria, se nos presenta como un fenómeno singular en la evolución capitalista contemporánea: se impone a pesar de ser minoritaria y estar en retroceso. Además, se trata de una institución que contradice algunos de los valores en que se basa el propio estado. Para más inri, fue la forma que la dictadura franquista había propuesto para el futuro de España; por no hablar de la estrecha relación entre la dictadura y la persona de Juan Carlos. 

A pesar de estos “inconvenientes”, el estado democrático español hubo de adoptar esta contradictoria forma concreta, la monarquía. Rastreando en la historia española observamos, tras las idas y venidas del régimen político, una extendida ideología monárquica entre la sociedad, entre las diversas clases sociales, entre las élites gobernantes y la clase trabajadora (o su forma constitucional, el pueblo). 

La pregunta que se nos plantea tiene que ver con los fundamentos materiales de este sentimiento, con la estructura económica que lo soporta y de la que brota; o de otra forma, por qué la sociedad española, particularmente el pueblo español, tiene esta ideología monárquica. Esa es la línea que transitaremos en la próxima colaboración.

La situación de la clase obrera española y el Informe FOESSA (I)

 

El IX Informe FOESSA de 2025 me ha traído al recuerdo la obra de Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que allá por 1845 expusiera y denunciara las condiciones de vida de las familias trabajadoras inglesas. Desde la salud hasta las condiciones de trabajo, pasando por la educación, la vivienda, Engels desgrana la miserable vida de las familias generadoras de la riqueza social, que la clase burguesa se apropiaba despiadadamente. Además, cuenta que el maquinismo, la revolución industrial, que multiplicó varias veces la producción material, significó un mayor empobrecimiento para la clase trabajadora.

Quién es FOESSA y por qué hace un informe

Igual de desgarrador y demoledor es el nuevo Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España (https://www.foessa.es/ix-informe/) que, elaborado por más de quinientos voluntarios, académicos y técnicos, y con más de 700 páginas, nos proporciona la fundación. Además, el informe se acompaña de un resumen de más de 100 páginas (https://www.caritas.es/main-files/uploads/2025/10/IX-Informe-FOESSA-resumen.pdf), en el que nos hemos basado para esta entrada, así como informes regionales que se publicarán próximamente.

Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA) es una fundación promovida por Cáritas Española, vinculada a Caritas Internationalis, una organización de carácter humanitario, creada en Alemania (1897) y perteneciente a la Iglesia Católica.

Tal como se indica en la Presentación el Informe analiza y comprende las transformaciones sociales de nuestro país para contribuir activamente a su mejora proponiendo un giro hacia un nuevo modelo que ponga la justicia social y el bien común en el centro de las políticas públicas.

Por nuestra parte, divulgamos las conclusiones del informe y más adelante haremos una modesta aportación al debate que plantea. Ni que decir tiene que nuestra exposición no hace justicia al informe, rico en datos (evolución y comparación con la UE) y en descripciones.

A continuación presentamos una síntesis de los apartados que aparecen en el Resumen del Informe FOESSA.

Una sociedad en transformación

España se nos presenta como una sociedad con grandes contradicciones: crece la macroeconomía (incluso el empleo) mientras aumenta la vulnerabilidad social; vivimos una modernización tecnológica a la vez que se agranda la inseguridad, la incertidumbre y la polarización. Ello está configurando la sociedad del desasosiego, en la que la exclusión deja de ser un accidente y se constituye en un rasgo estructural del modelo socioeconómico español.

Señala una serie de grandes transformaciones sociales que se han dado en las últimas décadas: recomposición de clases (de la clase media y disolución de la identidad obrera), expansión de la educación universitaria, transición migratoria (dejamos de emigrar para recibir inmigrantes), incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral (perduran la doble jornada y las desigualdades de género), revolución tecnológica, el empleo ya no garantiza la integración, la vivienda se ha convertido en factor de exclusión, el envejecimiento poblacional junto a la baja natalidad cuestionan la sostenibilidad del bienestar, cambio cultural (pluralismo, secularización y diversidad familiar).

Todo ello ha provocado un cambio en la cohesión social caracterizada por identidades troceadas y debilitamiento de los lazos de solidaridad.

Desigualdad y estructura social

En este bloque se expone una radiografía de las brechas socioeconómicas y de la creciente polarización de rentas y patrimonios.

1. Desigualdad estructural persistente, a pesar del crecimiento macroeconómico a partir de 2015, evidenciando la inefectividad de las políticas redistributivas. El índice de Gini en 2024 ascendió a 33,1 superior al 32,4 de 2007.

2. Vivienda (hipotecas, alquileres, desahucios, sintecho): eje central de la nueva desigualdad (jóvenes). Es un factor que limita la autonomía y movilidad social. El porcentaje de población que destina más del 40 por ciento de sus ingresos a vivienda fue en 2024 de casi el 30 (en 2007 era el 22%).

3. Sistema redistributivo con escasa capacidad correctora: las prestaciones contributivas (pensiones, desempleo) funcionan, pero las no contributivas (familia, vivienda, ingreso mínimo) son insuficientes y fragmentadas, perjudicando a la infancia. Además, el sistema fiscal menos progresivo de lo que se dice. La eficacia redistributiva (reducción de pobreza gracias a transferencias sociales) fue en 2024 del 21 por ciento (en 2007 fue del 31%).

4. Pobreza crónica y multidimensional: la pobreza relativa (ingresos inferiores al 60% de la renta mediana) fue en 2024 de casi el 21 por ciento (en 2007 no llegaba al 20%); la pobreza persistente (seguir más de cuatro años seguidos en la pobreza) estaba en el 10,4% de los hogares (en 2007 eran el 7,6%).

5. Concentración de riqueza y fragilidad económica. El 10 por ciento más rico concentra más de la mitad del patrimonio nacional (en 2007 poseía el 44%); casi la mitad de hogares carece de ahorros para afrontar un mes de imprevistos. Los nuevos empleos son precarios.

6. El origen familiar determina el destino social, desmintiendo la idea de que la posición socioeconómica depende del esfuerzo personal (meritocracia) y la reproducción intergeneracional de la desigualdad. El porcentaje de personas que superaban el nivel educativo y ocupacional de sus padres fue en 2024 del 34 por ciento (en 2007 del 43%).

7. Desigualdad territorial y transición energética. El mapa español de la pobreza no ha cambiado: el norte rico y el sur (Andalucía, Extremadura, Canarias) pobre (mayor concentración de la exclusión). Así la tasa AROPE (mide el riesgo de pobreza y exclusión) en Andalucía pasó de 34% en 2007 a 35,6% en 2024. Por otro lado, la transición energética penaliza a los hogares vulnerables elevando sus costes de energía y movilidad.

8. La infancia y la juventud como grandes perdedores. La fractura generacional es alarmante: la infancia significa un tercio de la exclusión severa, unos 2,5 millones de jóvenes están instalados en la precariedad estructural, a la vez que los mayores de 65 años (pensiones y vivienda en propiedad) son el grupo con menor exclusión. La exclusión severa en menores de 16 años pasó de 6,8% (2007) a 15,4% en 2024.

Síntesis de la evolución (2007-2024)

Dimensión	2007	2015	2024	Tendencia
Índice Gini	32,4	34,7	33,1	Desigualdad estructural persistente
Sobreesfuerzo vivienda (%)	22	30	29	Encarecimiento estable
Eficacia redistributiva (%)	31	25	21	Caída continuada
Pobreza relativa (%)	19,7	22,3	20,8	Ligera mejora desde 2015
Pobreza persistente (%)	7,6	—	10,4	Más cronificada
Riqueza 10 % superior (%)	44	49	52	Creciente concentración
Movilidad ascendente (%)	43	36	34	Descenso estructural
Pobreza energética (%)	14	18	19	Sin revertir la subida
Exclusión severa infantil (%)	6,8	13,5	15,4	Duplicada en 17 años

La dinámica de la exclusión social en España

El tercer capítulo examina los resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA) que, desde 2007, mide 37 indicadores de exclusión (empleo, vivienda, salud, educación, redes, etc). A partir de estos indicadores se construyen los índices de exclusión, cuyos resultados aparecen en la tabla (indicar que en 2018 hay un cambio en la metodología, lo que no permite comparar con rigor con datos anteriores).

Según la serie, cada crisis amplía la fractura social y las recuperaciones no consiguen cerrarla. En 2024 la exclusión severa era un 52 por ciento superior a la de 2007.

La exclusión no es un fracaso individual sino el resultado de estructuras económicas y políticas que generan vulnerabilidad. La exclusión severa afecta al 9 por ciento (más de 4 millones de personas), y la exclusión moderada a un tercio de la población.

El empleo ya no protege; asistimos a una polarización laboral en la que coexisten empleos altamente cualificados bien pagados junto a una mayoría de trabajos precarios, parciales y mal remunerados.

Los servicios sociales son insuficientes; la vivienda actúa como trampa que absorbe la mayor parte del ingreso abocando a la inseguridad alimentaria o material; la inseguridad residencial (hipotecas cuantiosas, alquileres por las nubes, desahucios, sin techo) impacta directamente en la salud mental y las posibilidades de emprender un proyecto vital autónomo para los jóvenes; los hijos de padres con baja formación y que trabajan antes de los 18 años duplican el riesgo de repetir el ciclo de exclusión; solo el 3 por ciento de los hogares en exclusión severa pueden permitirse clases de idiomas externas frente al 15 por ciento de los integrados.

En la sociedad hiperconectada aparece el muro de la brecha digital (falta de conectividad o de competencias digitales) que limita el acceso al empleo, la educación y los servicios públicos, mostrándose otro determinante de la exclusión.

La exclusión se agrava en las nuevas generaciones: en 2024 la infancia (15,4%) y la juventud (11%) viven en exclusión severa, el doble que en 2007.

Aparecen nuevos fenómenos que amplían el mapa de la exclusión: la inseguridad alimentaria afecta al 38 por ciento de los hogares mientras las ayudas son fragmentadas y asistenciales; el 21 por ciento no puede mantener una temperatura adecuada (pobreza energética); el 17 por ciento padece privación material; una buena parte de los hogares vive sin red financiera (endeudamiento y falta de activos).

Situación FOESSA (hogares)	2007	2013	2018*	2024
Integración plena	46,3 %	36,7 %	49,0 %	45,0 %
Integración precaria	37,8 %	41,2 %	34,6 %	35,7 %
Exclusión moderada	10,3 %	13,3 %	10,1 %	10,5 %
Exclusión severa	5,6 %	8,7 %	6,3 %	8,8 %

Las políticas sociales en España

El Estado de Bienestar, que goza de fuerte respaldo ciudadano, funciona a baja intensidad y amenazado (geopolítica, privatizaciones, individualismo, debilidad fiscal).

El sistema sanitario acusa fracturas estructurales y dinámicas privatizadoras; el modelo de cuidados debe transitar del hogar a la responsabilidad comunitaria; la vivienda exige respuesta decidida, estructural y coordinada; las pensiones requieren un pacto intergeneracional; y el Ingreso Mínimo Vital, aunque duplica cobertura, arrastra problemas de acceso, permanencia y desigualdades territoriales. El capítulo cierra con una reforma fiscal pendiente: demandas crecientes del bienestar chocan con una base fiscal obsoleta e insuficiente, principal grieta estructural del modelo.

Confianza en el modelo de bienestar y capital social

Se extiende la percepción de una democracia ineficaz y desconectada, que alimenta desafección y desapego institucional además de erosionar el compromiso cívico. A la vez hay un amplio respaldo a sanidad, educación y pensiones, lo que preserva una legitimidad social estable, pero sostenerla requiere reconstruir la confianza en el sistema fiscal. La participación asociativa cae y la pobreza agrava el aislamiento. La juventud es pesimista ante la precariedad laboral, las dificultades con la vivienda y las dudas sobre las pensiones. La proliferación de noticias falsas polariza y socava la credibilidad informativa erosionando la verdad compartida necesario para el diálogo democrático.

Termina el apartado reclamando corresponsabilidad y consensos estables para un proyecto de bienestar común legítimo y sostenible.

El futuro que estamos construyendo

Estamos en la sociedad del miedo, en la que la inseguridad se normaliza, se alimenta el “sálvese quien pueda” y erosiona la confianza democrática. El Informe aboga por lógicas predistributivas que prevengan la desigualdad, así como la producción de lo común regulando complementariamente lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo. Plantea reconocernos interdependientes y ecodependientes, recuperar la ética del trabajo desligado del empleo, rechazar el falso debate sociedad vs estado. Propone, finalmente, entrar en la lógica de lo común para profundizar la democracia. Llama a desacelerar frente a la vida acelerada, las identidades excluyentes y las noticias falsas. Invita a reaccionar individual y colectivamente, superar el repliegue y construir un futuro justo, sostenible y común.

Propuestas inmediatas y operativas

Extractamos algunas de las propuestas inmediatas que se plantean en el Informe:

- Empleo: reducir la temporalidad y la parcialidad involuntaria, fortalecer la negociación colectiva, acompañar el trabajo con formación y cuidados.

- Ingresos: ampliar y simplificar el Ingreso Mínimo Vital, y vincularlo a itinerarios personalizados de inserción; aumentar las prestaciones familiares y la cobertura infantil.

- Vivienda: expandir el parque público de alquiler; regular precios en zonas tensionadas; coordinar políticas territoriales diferenciadas.

- Salud: reducir listas de espera y desplegar una estrategia nacional de salud mental comunitaria.

- Educación: universalizar la educación infantil y combatir la segregación escolar; reducir abandono temprano.

- Igualdad y transición energética. Políticas específicas para mujeres, población gitana y migrante. Transición energética justa con participación de comunidades locales.

- Reforma fiscal y predistributiva: fiscalidad progresiva real, políticas que prevengan la desigualdad para evitar intentar corregirla ex post.

La universidad española y la acumulación de capital

A todas las personas universitarias que se esfuerzan 

por saberse portadoras de un mundo mejor

En el artículo anterior, examinábamos las dificultades financieras de la unipu, y apuntábamos que formaba parte de un diagnóstico crítico (matriculas, plantillas, vulnerabilidad informática, etc), carácter estructural inscrito en el actual modelo de universidad. Allí anunciábamos tocar la política, la ideología y la economía que subyacen a este producto histórico que es la universidad española. De eso se trata ahora.

Enfrentamiento universidad-gobierno autonómico

Los traspasos de competencias universitarias (gestión, financiación y mapa universitario) a las autonomías, quedándose el Estado con los títulos y las bases, comenzó a principios de los ochenta con el País Vasco, continuando a medias de los ochenta con Cataluña, Valencia y Andalucía, y culminando a mediados de los noventa (Madrid y el resto).

Aunque las tensiones financieras (también la reposición de personal o la ordenación de titulaciones) en la universidad pública (unipu) han existido siempre, se agudizan en la gran recesión (2008-2014) cuando los recortes (reglas de gasto y planes de estabilización) desde la Unión Europea se trasladan a los gobiernos centrales, y de estos a los autonómicos. 

Este es el origen de la infrafinanciación que se cronifica fruto de la dinámica creciente del gasto (personal, bienes y servicios, inversiones), la competencia de la uniprivada (estancamiento de matrículas) y el descenso en precios y tasas. Este déficit se ha expresado en el crecimiento de las transferencias autonómicas, en sus plazos y en incumplimientos legales que terminaron en sentencias judiciales (las universidades madrileñas con Aguirre). A veces, usado también para presionar a rectorados hacia determinadas politicas autonómicas (potenciación de la privada, recortes en la pública, reordenación de títulos, etc.). 

El debate ideológico sobre la universidad

La disputa política, entre universidad y gobiernos, principalmente pero no exclusivamente autonómico, ha tenido diversos ejes como hemos visto arriba. En lo inmediato aparece el modelo de financiación, pero tras él vemos emergen la elección unipu vs unipri (funcionamiento, necesidades de las élites, burocracia, entre otros), los precios y tasas asequibles, y en definitiva el modelo de universidad que necesita la acumulación de capital española y la europea.

Las posiciones ideológicas que defienden la formación de las élites y de la clase trabajadora de elevados ingresos (directivos, gerentes, altos funcionarios,...), y el impulso de la privada, no solo como ámbito de negocio específico sino como expresión ideológica. También habilita el déficit de la universidad pública de masas, con sus recortes que implican la precariedad y la temporalidad de las plantillas, incluso restringen el gasto en la unipu, que potencia la unipri, frena las mejoras laborales del personal, que intentan reducir la autonomía universitaria y alinear más inmediatamente la marcha de la universidad a las necesidades de los capitales territoriales.

Las decisiones políticas, y la lucha en la que se inscriben, son dirigidas por los planteamientos ideológicos, pero éstos tienen una fundamentación. Piénsese que la defensa de cualquier aspecto, por ejemplo el acceso de los hijos de los obreros a la universidad, puede defenderse desde un marco de clase como desde un marco de integración social. Así como otros aspectos, el crecimiento de la unipri por ejemplo (libertad vs expansión del empleo). Como se puede vislumbrar tras el ascenso de las ideas sobre la universidad vamos descubriendo el modelo de universidad que de una u otra forma la sociedad demanda. Por tanto, para entender las causas hay que alejarse del debate y hemos de observar la evolución histórica de la universidad.

Historia (y actualidad) del modelo de universidad

De una pasada, hay que mirar desde la universidad de élites del franquismo, régimen en el que también asoma la universidad de masas que luego se expandiría durante la transición democrática, hasta el más reciente modelo diferenciado (público-privado, rentas altas-medias, territorios, titulaciones, etc.). El gráfico de las matriculaciones universitarias es revelador.

Veamos la evolución un poco más despacio a través de las distintas reformas legales.

La universidad franquista se estructuró bajo la Ley de Ordenación de la Universidad Española (LOUE, 1943). Fue un modelo centralizado (la territorialidad era administrativa), jerárquico (vigilancia estatal, poder de los catedráticos) y políticamente tutelado (Falange, sindicato e ideología franquistas), con presencia religiosa, con pocos alumnos, destinada a formar a las élites gobernantes (privadas y publicas), donde se ahogaban el pluralismo académico y la necesaria discusión científica.

Posteriormente, en los años 50 y en mayor medida los 60, en correspondencia con el desarrollismo económico, y los requerimientos de la liberalización, la industrialización y el aperturismo exterior se expande la educación superior que inicia la universidad de masas. El franquismo no será capaz de dotar de una ley a este modelo emergente, que se promulgará ya en la etapa democrática con la Ley de Reforma Universitaria de 1983. En ella se reconoce y desarrolla la autonomía universitaria, se reforma la gobernanza de la universidad haciéndose más participativa y democrática, además de iniciarse las competencias autonómicas sobre las universidades. 

Tras la consolidación de la universidad de masas (años 80 y 90), el modelo va cambiando para adecuarse a nuevas necesidades de la acumulación española de capital (acentuación de la territorialidad, nuevas profesiones y titulaciones, la incorporación masiva de la mujer a las universidades, y posteriormente, con la entrada en la Unión Europea). Así, se apunta al modelo de la universidad diferenciada actual. Este paso será sancionado, primero, por la llegada de la LOU en 2001, muy cuestionada por la comunidad universitaria y, posteriormente, por la LOMLOU (2007), que acelera la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, resultado del proceso europeo iniciado por la Declaración de Bolonia (1999). Se fijan la ordenación de las enseñanzas oficiales y la estructura Grado-Máster-Doctorado, la desaparición de la dualidad licenciatura/diplomatura (e ingenierías superiores y técnicas), los títulos de grado con troncalidad y optatividad moduladas (RD 1393/2007), la modernización de los doctorados (RD 99/2011) y, luego, se actualiza y ordena la oferta (RD 822/2021). 

Un componente importante del nuevo Sistema Universitario Español (SUE) será la unipri. Ésta presente desde antiguo (Deusto, Navarra, CEU), crecerá aceleradamente desde principios de los noventa (35 públicas por 5 privadas), especialmente a primeros de siglo (48 frente a 18) hasta las 48 por 39, respectivamente, de 2023. Espoleada por los gobiernos, principalmente los autonómicos, acentuarán el modelo dual de universidad: la unipri (élites y clase trabajadora adinerada) frente a la unipu, donde se junta la mayor parte de universitarios, condicionado por becas y precios. 

Últimamente, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (2023) reformó el marco corrigiendo algunos de los efectos perversos de los recortes: empleo y carrera limitando la temporalidad, la gobernanza (transferencia de conocimientos a la sociedad, ciencia abierta, internacionalización, participación estudiantil, políticas de igualdad e inclusión) y la coordinación Estado-CCAA (clarifica funciones y favorece cooperación). Asi, la contracara de este realineamiento entre conocimiento y competitividad, es una unipu más deficitaria, más dependiente de los gobiernos autónomos, y un deterioro de las inversiones y medios.

El cuadro anterior trata de expresar que el sistema universitrio es el resultado de las decisiones y luchas políticas, regidas por las discusiones ideológicas y mediadas por los etapas y ciclos económicos (fiscalidad, demografía, mercado laboral), en cuanto formas que adoptan los requerimientos de la acumulación de capital. Cuestión ésta última en la que creo es importante insistir. 

La universidad y la acumulación de capital

El SUE, como tantas otras instituciones, tiene un papel en la acumulación de capital. Eso la determina, bajo la forma de luchas y acuerdos (política) que puedan llevarse a cabo entre las clases sociales a través de las organizaciones, instituciones y gobiernos, que intervienen en la universidad.

El desarrollo capitalista actual, la nueva división internacional del trabajo y los requerimientos técnicos que la impulsan (automatización, digitalización, computerización, IA), generan la necesidad de una fuerza de trabajo capaz de investigar, diseñar, aplicar y gestionar las fuerzas productivas, la organización del capital tanto privado como público de cada ámbito sectorial y territorial. También requiere la mano de obra que forme (en su diversidad de títulos, y de asignaturas, parcelando el conocimiento), dotando de los adecuados atributos técnicos, emocionales y morales, a esa cualificada fuerza de trabajo. Ese es el papel de la universidad en cada etapa de la acumulación de capital, particularmente de la actual.

La aceleración de los cambios técnicos y la complejidad social que conllevan, hace aún más necesaria esa cualificada y renovada formación. Eso es uno de los aspectos que explican la cantidad de leyes universitarias, sobre todo recientes. Además, hay que producir esta fuerza universitaria de trabajo en cuantía abundante, pues como miembros de la clase obrera están sujetos a la ley de la acumulación (ejército universitario de reserva). Y como porción de la clase obrera, los universitarios son portadores de las potencias capaces de poner en marcha, junto al resto de la clase obrera, la transformación social; ahora, además, con un conocimiento científico, al que solo resta reconocerse como la relación social superadora del capitalismo.

La crisis de la universidad pública

 Introducción

Las movilizaciones universitarias anunciadas para noviembre vuelven a ponernos de frente al servicio universitario que, como no podía ser menos, igual que el resto de servicios públicos, está en crisis; lleva años en crisis; la crisis empieza a ser su forma de existencia.

Conviene detenernos en qué significa hoy la crisis en la universidad pública (unipu), por qué se origina y cómo hemos llegado hasta aquí. Posteriormente, la contextualizaremos en la evolución histórica de la universidad en España descubriendo, con las lentes de la Crítica de la Economía Política, la materialidad que subyace a los cambios políticos, ideológicos y económicos.

La crisis y sus manifestaciones

El motivo inmediato de las movilizaciones es que la complutense ha solicitado un crédito al gobierno madrileño para afrontar las nóminas de diciembre.

Efectivamente, la falta de financiación es la expresión más nítida de la crisis de la unipu. Las dificultades de tesorería, la dependencia de créditos extraordinarios y los recortes condicionados acompañan esta insuficiencia financiera. Pero, no solo las universidades madrileñas, las andaluzas (préstamo a la UMA y denuncia de déficit estructural), las valencianas incluso las catalanas, han lanzado avisos de insostenibilidad ante años de infrafinanciación. Un ex-rector lo resumía así: “la situación en Madrid es catastrófica, en Cataluña es crítica, en Andalucía va camino de serlo”. El resto les mira el trasero.

Otro elemento crítico lo encontramos en la situación del personal, que tras años de congelación y precariedad empezó a ver mejoras laborales hace unos años. Más adelante nos detenemos.

Además, la situación en la unipu se ha agravado con la debilidad informática que se ha puesto de manifiesto ante diversos ciberataques (ransomware) y campañas de phising en muchas universidades (UAB, UCLM, Unizar, US).

Un aspecto más ha sido el cuestionamiento de la reputación en casos como el de la URJC, con efectos económicos (matrículas), ante el caso del máster de Cifuentes.

Las facilidades otorgadas a las universidades privadas (unipris) como decisiones de autorización de títulos (Andalucía) u otras, dando lugar a competencia asimétrica.

Un último aspecto de esta crisis, sin pretender agotar los síntomas, es el estancamiento del alumnado (ver gráfico) con reducción en algunos segmentos (máster, grados de alta demanda) y particularmente en algunos territorios (Madrid, Cataluña, Valencia, incipiente en Andalucía). Adquiriendo más dramatismo en un contexto de creciente demanda univesitaria. Por contra, la unipri, con precios cinco veces superiores, ha logrado acaparar más del 25 por ciento del alumnado (2024).

Preguntas guía y ruta

Tras esta somera presentación de la crisis de la universidad pública, se nos abren una serie de preguntas.

La primera es indagar el déficit presupuestario mirando ingresos y gastos. Enseguida, como ya hemos señalado, se nos plantea la cuestión del enfrentamiento político, principalmente, entre los titulares de las competencias (gobiernos autónomos) y las universidades. Esto nos adentra en el debate ideológico y la discusión unipu vs unipri o sobre el modelo de universidad. Por último, desembocaremos en el papel de la universidad en la sociedad capitalista y, más concretamente, en la acumulación española de capital y sus requerimientos respecto de esta particular porción de la clase obrera.

En lo que sigue, abordamos la primera cuestión, dejando las restantes para la próxima entrega.

La lucha de clases en la unipu

Antes de entrar en la evolución presupuestaria, nos detenemos en el conflicto laboral de la universidad. Durante mucho tiempo la universidad fue una fuente de la temporalidad, la precariedad laborales, emergiendo figuras como el profesorado low-cost, autónomo universitario o el becariado a título gratuito. Por otra parte, contrastando con los privilegios de catedráticos.

Los años de la gran recesión y el recorte presupuestario impuesto por la UE (2008-2014) asentó aún más la indignidad laboral que suponían, entre otras, aquellas prácticas. Esta situación empieza a cambiar, sobre todo a partir de 2018: movilizaciones del personal universitario y los litigios (asociados, interinos) dan paso a los acuerdos sindicales que mejoran salarios (incluyendo inflación) y reposición del personal, a las reformas legales que reducen temporalidad y encarecen carreras profesionales (Ley 20/2021, LOSU 2/2023, Estatuto del personal predoctoral de 2018 y modificación en 2024), y a diversas sentencias favorables al personal docente e investigador.

La insolvencia de la unipu

La dinámica del gasto, con un incremento del 24 por ciento desde 2012 alcanzó los 11.340 millones de euros, ha estado presidida por la elevación del gasto de personal, la restricción inversora y la inflación.

El gasto de personal ha crecido pasando de representar el 61 al 65 por ciento. Los bienes y servicios, tras un esfuerzo de contención, se han visto espoleados por la inflación (reducción desde el 14 al 13 por ciento); mientras las inversiones en modernización y digitalización, cada vez más necesarias, tras un periodo de fuerte restricción se han recuperado (reducción del 18 al 16 por ciento del presupuesto).

Por su parte, la evolución de los ingresos universitarios nos muestra: aumento de las transferencias corrientes, la principal fuente, pasando de un 60 a un 65%; una reducción de las tasas y precios públicos, que disminuye su peso desde el 21 al 16 por ciento, por estancamiento del alumnado y bajada de la matrícula (sic); las transferencias de capital suben acompañando a las inversiones.

Como se ve una situación, ingresos contenidos y gasto creciente, exige reformas estructurales a la propia universidad así como nuevas fórmulas de financiación, pero entre tanto aboca al déficit crónico de la unipu, que ha de ser cubierto principalmente por la autonomía. Con ello se abre la puerta a la particular relación unipu-gobierno autonómico, que habremos de tratar más adelante. Ni que decir tiene que la mejora laboral, la dotación de recursos adecuados, empezando por la seguridad informática, tienen que ver mucho con la suficiencia financiera.

La crisis como forma de existencia

La situación actual de la UCM, la más dramática, nos alerta de la insolvencia a la que se aboca a la unipu, pues es lo que le espera al resto. A medida que se vaya imponiendo el nuevo modelo universitario español en el que una de las claves es la extensión de la unipri, el papel de la unipu como generador masivo y socialmente barato de fuerza de trabajo universitaria para el capital europeo, se nos irá revelando con claridad meridiana. También, y por ello mismo, su carácter deficitario, y la tensión permanente con el gobierno de quien depende, el autonómico. De hecho uno de los aspectos en cuestión es la autonomía universitaria.

Un diagnóstico materialista (apuntes para próxima entrega)

Desde la Crítica de la Economía Política, la crisis no es un accidente: expresa la forma en que hoy la acumulación española de capital realiza el mandato de producir una abundante fuerza cualificada de trabajo (atributos técnicos, mentales, morales/valores) bajo la restricción fiscal, en el marco del mosaico autonomico que configura territorialmente al capital español: se demanda excelencia, digitalización, internacionalización, a la vez que se limita el proporcional esfuerzo presupuestario. Cuestiones que detallaremos en la segunda parte.