Las protestas en Irán y el capitalismo mundial

Introducción

Los últimos acontecimientos en Irán nos ofrecen una oportunidad para comprender dialécticamente el vínculo entre las manifestaciones en la calle y el proceso de acumulación de capital a nivel mundial.

Esta relación no es inmediata sino que se establece a través de múltiples mediaciones. Descubrirlas es la tarea del análisis.

Éste comienza mirando un hecho concreto, caso de las protestas iraníes, para a continuación preguntarse por su necesidad. A cada respuesta hay que volver a hacerle la misma pregunta: ¿por qué? Así profundizamos en la realidad a explicar, descubriendo: el deterioro de las condiciones de vida, la lucha de clases, hasta llegar al capitalismo mundial.

Llegados a este punto hay que invertir el sentido del razonamiento e ir descendiendo, desde lo general hasta lo particular, para aproximarnos a la reproducción ideal de las determinaciones de la realidad examinada. 

Es lo que haremos a continuación. Pero, antes contextualicemos históricamente la sociedad iraní.

Irán en los últimos tiempos

Desde la revolución iraní y el derrocamiento del sha de Persia (1979), la nueva república no encontró descanso al no plegarse a los intereses norteamericanos y occidentales (petróleo): congelación de activos (1979), apresamientos de embarcaciones y derribo de aviones (1988), inicio de embargo (1995), sanciones del Consejo de Seguridad por programa nuclear (2006-2010), desconexión del sistema financiero (SWIFT) a bancos iraníes en 2012. Además: apagones, ciberataques, sabotajes a infraestructuras, atentados o asesinatos selectivos (científicos, generales y autoridades).

De modo que el “régimen de los ayatolás”, impulsado por las potencias occidentales frente a posiciones más izquierdistas, terminó formando parte del grupo de “Estados parias” (o ejes del mal) para Occidente, junto a Cuba, Corea del Norte o Venezuela. De hecho ha desarrollado cierta presencia internacional bajo grupos armados como Hezbolá en Líbano, Hamas en Palestina, o los hutíes yemeníes. 

Se le objeta pronunciadas características religiosas, a pesar de que no es una novedad en la zona. Por su parte, la República Islámica encontró en la política antiimperialista, antiisraelí y propalestina un rasgo de reafirmación. Aún así, Irán es hoy uno de los países más poblados de Oriente Próximo, con 90 millones de personas, y cierto desarrollo autónomo a nivel tecnológico e industrial.

Recientemente hemos presenciado como parte de esta población salía a las calles, primero en protesta ante la situación y luego en defensa del gobierno. No es una novedad en este régimen, anteriormente también hubo manifestaciones (estudiantiles en 1999, movimiento verde en 2009, por la subida de la gasolina en 2019, por la muerte de Amini tras detención por infringir normas sobre uso del velo en 2022, entre otras). En las últimas protestas destacan las declaraciones de EEUU e Israel amenazando con bombardear así como cierta escalada internacional con respuestas de Rusia y China; también resultó llamativa la respuesta retadora iraní, que retrajo al imperialismo yanqui.

La desaceleración del capital mundial

La dinámica económica mundial reciente se caracteriza por un crecimiento débil, de modo que la obtención del plusvalor se estanca. Podría decirse que afrontamos la parte decreciente del ciclo atisbándose la crisis mundial. El Banco Mundial proyecta un crecimiento global cercano al 2,6% advirtiendo de la pérdida de dinamismo, y la OMC recortó la perspectiva en 0,5 puntos. Algunos ven señales en la burbuja tecnológica (Inteligencia Artificial), sobreinversión (microprocesadores, centros de datos), o destrucción de empleo derivada de la automatización resultante de la aplicación de la IA.

Esta desaceleración afecta a China, principal socio comercial de Irán, que aparece como un punto de estrangulamiento del capitalismo contemporáneo: economía insertada en cadenas globales, pero sometida a sanciones, riesgo geopolítico y presión financiera. 

Agudización de la competencia mundial capitalista

Esta moderación de la generación del plusvalor, agudiza la lucha entre bloques geopolíticos por su apropiación. Irán forma parte de BRICS desde la ampliación de 2024.

Esta exacerbación de la competencia no solo afecta a más aspectos: recursos (petróleo), rutas logísticas (Oriente Próximo), mercados (Irán cuenta con 90 millones). Sino que sobre todo implica que las formas son más violentas, exageradas o desesperadas. USA anunció un arancel del 25 por ciento a países que comercien con Irán: no es una sanción más, además exige alineamiento geopolítico y disciplina.

Sanciones, bloqueos y guerras

Las sanciones y bloqueos desde 2018, antes por el programa nuclear, luego por el programa de misiles, ahora por la represión de manifestaciones, que se han mantenido, forman parte del interés del imperialismo yanqui por Irán. Encuadrado, además, en la lucha por el control de esta importante zona, Oriente Próximo, donde se concentra buena parte de la producción y tráfico del petróleo mundial además de su interés logístico. Lo que, por otra parte, explica su inestabilidad (guerras de Palestina, Siria, Yemen) o, más recientemente, la guerra de los 12 días en junio de 2025 frente a Israel-USA. Más aún por el acercamiento a los BRICS (incorporaciones de Arabia Saudí, Egipto, EAU).

Todo esto, junto a la presencia de bases militares, portaviones y apresamientos de buques, contribuye a dificultar el movimiento de mercancías y petróleo en la zona, particularmente en Irán. Al punto que buena parte de la producción petrolífera iraní (15%) se almacena en el mar.

Irán y la división internacional del trabajo

Bajo este marco de hostigamiento por el imperialismo atlantista, Irán ha desarrollado su principal característica como economía en la circulación mundial del capital mercancías, la producción de recursos energéticos, principalmente petróleo, que exporta en su mayor parte (el 80 por ciento a China). 

La desaceleración china y el freno a la producción y circulación de mercancías supone para Irán tensiones a la hora de aprovisionarse, tanto por la escasez generada como por la dificultad en la obtención de divisas necesarias para la importación (alimentos y medios de producción). 

El desarrollo del capital iraní

Resultado de esta particular inserción en la economía mundial, donde Irán exporta petróleo y bienes tecnológicos, es la apropiación de la renta petrolera. Esta se repartía entre el propio estado y el capital chino, mediante descuentos directos en precio de barriles. Además, a través del sistema dual del tipo de cambio, participan el capital importador y el capital comercial.

Con todo la economía iraní se ha venido desarrollando desde la guerra con Irak (1980-1989), con régimen de guerra, fuerte presencia estatal (sin excluir al capital privado), planificación indicativa, sin perder su carácter capitalista. La inflación se ha convertido en un rasgo crónico (50 por ciento en 2024) de este desarrollo. Esto eleva el valor de la fuerza de trabajo. Además, es dependiente de las divisas necesarias para la importacion de medios de vida y de insumos. Todo esto plantea dificultades a la reproducción ampliada del capital iraní. 

Lucha de clases y aparato de estado

La sociedad iraní está organizada según el capital y, por tanto, dividida en sus clases características: capitalista, con presencia destacada del pequeño, y obrera. Además, se combinan la elevada influencia religiosa islámica (con fuerte subordinación de la mujer), la presencia de minorías (kurdos) y el hostigamiento imperialista, por lo que la sociedad vive con más miedo e incertidumbre.

La expresión política del capital iraní es la República Islámica, cuyo principal líder es el ayatolá Jamenei, que tiende al endurecimiento interno, represión y más despliegue de seguridad. El Banco de Irán, la emisión de dinero y el sistema dual de tipos de cambio estructuran la política monetaria. En la medida en que se generan desequilibrios monetarios terminan trasladándose a tensiones de precios, salarios y protestas.

Estado y política económica

Ante la dificultad para conseguir divisas, y el encarecimiento de bienes y servicios, el gobierno liderado por Pezeshkian, elegido en 2024 bajo promesas de alivio económico y reformas, debía intervenir teniendo en cuenta los intereses del conjunto del capital y de las clases implicadas.

A mediados de diciembre ante una situación crítica adopta dos medidas encaminadas al control de la inflación y moderar sus efectos. La primera, encaminada a reducir la corrupción, la fuga de capitales, el rentismo y la competencia desleal entre capitales, que altera las relaciones de valor entre mercancías, consiste en la unificación del tipo de cambio. Así, elimina el dólar subsidiado que favorecía el comercio exterior. La segunda, anuncia la transferencia de subsidios directos a hogares para aliviar el deterioro de sus condiciones de vida, además de contener el valor de la fuerza de trabajo e impulsar la expansión del plusvalor. 

Inflación, escasez y deterioro de condiciones de vida

La eliminación del tipo de cambio subsidiado perjudica a una parte de los capitalistas, principalmente los importadores y exportadores, así como a una parte del comercio, que ven reducidas sus rentas. Además, otra consecuencia es la reducción de las importaciones generando escasez en las tiendas.

Aunque los subsidios directos a las familias pretende neutralizar el efecto inflacionista de la eliminación del tipo de cambio preferencial, la escasez y la inflación crónica empeora las condiciones de vida de la población.

Protestas callejeras y lucha política

El comercio minorista, empezando por el vinculado a la importación, al ver la reducción de sus márgenes y el agotamiento de sus inventarios, cierra las tiendas y sale a la calle el 28 de diciembre. La tensión se incrementa con posibles adhesiones de otros sectores (parte de la clase obrera descontenta con el deterioro del salario real, mujeres, jóvenes, minorías religiosas y étnicas). Además, el gobierno denuncia sabotaje (incendios de mezquitas y otros edificios) e intervención de agentes infiltrados. Así, la lucha de clases, en torno al pago del ajuste de la devaluación y la inflación, pasa de los despachos a la calle.

Tras la respuesta represiva por parte de las autoridades, con más de 2 mil muertos incluyendo más de una centena entre las fuerzas de orden y miles de detenciones, las demandas pasaron de lo económico a discutir la gestión gubernamental. Ahora, la lucha de clases adquiere un cariz más político apuntando el cambio de régimen.

Además, con el cierre de internet (8 de enero), que dificultó la coordinación y la organización de las protestas, con las manifestaciones progubernamentales (12 de enero), e incluso con la degradación del servicio de Starlink, el internet satelital de Musk (propietario de X), incluyendo la incautación de cientos de antenas receptoras apuntando miembros vinculados al espionaje, las protestas se han reducido.

No obstante, las condiciones para el cambio están dadas, solo falta la chispa que encienda la mecha. El imperialismo yanqui lo sabe, solo es cuestión de tiempo, pero llevan casi 50 años “esperando”. Ante lo cual, el régimen se encuentra en la diatriba de avanzar en reformas o reprimir bajo el relato del asedio exterior.

Conclusión

La investigación dialéctica se enfrenta a lo concreto-real preguntándose por su necesidad; cuando se contesta vuelve a hacerse la pregunta. Así, sin detenerse, a riesgo de naturalizar la explicación.

Por ejemplo, si nos quedásemos en las sanciones, etc sin preguntarnos por qué, la conclusión más probable sería la maldad del imperialismo yanqui; si nos detuviésemos en el capital iraní achacaríamos las protestas a la corrupción; si la parada fuese en la lucha de clases, terminaríamos explicando por las traiciones de organizaciones o líderes. 

Cualquiera de estas explicaciones sería incompleta, simplista y no nos permitiría profundizar en una comprensión radical de la situación ni avanzar en el objetivo de la emancipación humana, previa superación del capital.

El ciclo ultraderechista del capitalismo chileno

Desde 1973, con el golpe militar apoyado por USA (CIA, Operación Cóndor), que instauró la dictadura fascista (1973-1990), se inauguró la modalidad neoliberal del capitalismo (Chicago Boys). Su creación del sistema privado de pensiones fue una expresión de la mercantilización de la vida social.

Posteriormente, durante la Concertación (1990-2006) se primó una transición política pactada. Luego, con la alternancia Bachelet-Piñera (2006-2022) y, más recientemente, con el gobierno de Boric (2022-2026), se renovaron discursos, se celebraron elecciones, se cambiaron gobiernos, pero el modo de producción capitalista permaneció. 

Tras poco más de cincuenta años, con la victoria electoral del ultraderechista Kast se cierra esta onda larga del capitalismo chileno. Detengámonos en algunos de sus rasgos.

El capital mundial y Chile

Durante este tiempo (1973-2026), la venta de la fuerza de trabajo para su valorización, ha sido la forma de organizarse la sociedad, yendo acompañada tanto de expresiones ideológicas (propiedad, igualdad, libertad e interés privado), como políticas (leyes, sistema de partidos, Estado). 

Además, en el caso chileno, esta generalidad está inscrita en el lugar que ocupa en la acumulación y circulación mundiales del capital. El cobre y, recientemente, el litio muestran la inserción del capital chileno en las cadenas globales de valor, y cómo ello genera estabilidad, inversión, productividad y disciplina social.

Esta es la primera determinación de la ideología conservadora y “derechosa” de toda la población, cuya expresión sintética es “lo primero es el empleo”, o “gobierne, quien gobierne, el sistema se defiende”. Así, mientras la política consiste en la administración del crecimiento, el empleo o el coste de la vida, el capitalismo no se cuestiona.

Chile y la lucha de clases

Ahora bien, estar en un lado u otro de la relación capitalista-asalariado, o sea estar en el polo capitalista (no solo ser capitalista, también realizar funciones capitalistas) o en el obrero, afecta a la manera de vivir y de pensar la propia relación. Ante el conflicto de intereses propio de la relación capital, compraventa de la fuerza de trabajo y explotación capitalista, ambos polos tienden a organizarse (sindicatos o asociaciones gremiales) y a disputar (salario, jornada, convenios y leyes laborales). 

No es lo mismo ser el empleador que el empleado, el explotador que el explotado. Esto se sintetiza en “un empleo de calidad”. En esta lucha de clases se abre un abanico de combinaciones ideológicas en ambos polos. 

Particularmente, la izquierda se dispone al cambio cuantitativo (reformista) o, con más esfuerzo, cualitativo (revolucionario). Así mientras la primera plantea “empleo de calidad” o “estado de bienestar”, la segunda propone “expropiar y socializar medios de producción”, por ejemplo. Generalmente, la derecha y la izquierda reformista aparecen como caras distintas de la misma moneda, la expresión ideológica de la conservación capitalista. El gobierno de Boric, bajo el ministerio de Jara, avanzó en la regulación de jornada, de salario mínimo y de pensiones, pero con bastante gradualidad.

Lucha de clases y partidos

Además, de estas determinaciones estructurales, hay que tener en cuenta que dentro de la clase obrera, sus estratos y personas constituyentes, según diversos aspectos (renta, ocupación, profesión, formación, residencia, propiedades, entre otras muchas), desarrollan su particular ideología. En buena medida empujados por los planteamientos dominantes (no discutas, microagrúpate con los tuyos, teme al diferente, obedece las normas, sé un buen profesional, compite para promocionar, protege tu pequeña propiedad, respeta la propiedad ajena, etc). La traducción política del conflicto social requiere articularse. El estallido popular de 2019 hubo de canalizarse institucionalmente, una expresión fue la elección de Boric.

Al final, toda esta diversidad, agrupada groso modo, se expresa políticamente en distintas afinidades, organizaciones y partidos, en una oferta electoral, con sus programas, equipos y líderes. 

Pero, también aparecen los límites, la ventana de Overton. En los años recientes ésta se desplazó, desde el “cambiarlo todo” del estallido popular (2019), ratificado en el apruebo de la nueva Constitución (2020), hasta el rechazo de 2022. La ventana se estrechó, la discusión se trasladó hacia el orden, la estabilidad y la seguridad.

El programa ultraderechista del vencedor, además de la personificación ideológica del candidato, nos revela cómo vive la clase obrera chilena su particular situación de clase. ¿Cómo, con qué programa, ha ganado Kast la segunda vuelta? Punitivismo, barreras, controles, cárceles, ante la delincuencia, la inmigración, o el pequeño comercio; “pro vida” (aborto, anticonceptivos, preservativos, educación infantil); seguridad ante el miedo de perder la propiedad; es la ideología de los que temen perder algo, por poco que sea.

Partidos y elecciones

Esa ideología, más o menos de base, es atenuada o tamizada por las circunstancias personales. Las primeras tienen que ver con la historia de cada uno, las tradiciones familiares y experiencias vitales que acompaña a cada persona. Además, la situación, particularmente económica, que atraviesa la persona (y la del país) así como su opinión sobre la marcha de la sociedad. La información sobre lo que nos rodea, incluso el propio, está muy mediatizada por la socialización de cada cual. Este conocimiento sobrepasa las capacidades individuales, requiriendo la mediación de las redes sociales y de los medios de comunicación consumidos, que configuran el relato de la realidad o la particular apropiación de ese imaginario colectivo. 

El Mercurio, grupo mediático chileno, es un ejemplo de actor político, ya en la época del golpe pinochetista, financiado por la CIA. Recientemente se encargó de difundir y convertir en conversación pública el relato sobre la seguridad, y su relación con la delincuencia y la inmigración, contribuyendo al desplazamiento de la ventana de Overton y legitimando la prórroga de los estados de excepción en la Araucania del pueblo mapuche.

Finalmente, con todo ello, la persona elabora mentalmente una conciencia y voluntad de voto. Con esta voluntad de voto, o estado de opinión, decide si dirigirse o no a las urnas, así como qué papeleta depositar. Por eso, el voto es una síntesis de múltiples determinaciones, que parten de la materialidad social a su vez desplegada hasta configurar, en la mente del votante, ese estado de opinión objetivado en su individual acto electoral.

Así, con una participación de 13,4 millones (85% del censo), el ultraderechista Kast obtuvo un 58% frente al 42% de la comunista Jara.

Síntesis

A pesar de que el capital es la relación social que nos sustenta, contiene una contradicción; por lo que la lucha no es una opción, es una necesidad. En su desarrollo, el capital, se acompaña de formas ideológicas y políticas; en las condiciones del capitalismo electoral, el voto se erige como un acto más de la lucha de clases.

Chile nos mostró que, cuando la clase capitalista se ve amenazada, no le importa renunciar al sistema electoral (golpe de 1973). Sin embargo, cuando la situación está controlada y no se cuestiona el orden capitalista, el pluralismo electoral en Concertación (centroizquierda), en alternancia moderada o en alternancia extrema (derecha vs izquierda reformista), es una forma adecuada de expresarse políticamente el desarrollo de la relación capitalista. 

Ahora bien, el pluralismo electoral abre la posibilidad de cualquier elección, incluso la revolucionaria (aunque ésta nunca haya ocurrido); también habilita la elección de la ultraderecha, como el reciente caso chileno. Sin embargo, ésta, con sus recortes, su represión o retrocesos en derechos, reactiva la resistencia social porque aprieta en exceso el conflicto que se propone cerrar. De alguna manera, nos alerta de la situación crítica en que se encuentran las élites capitalistas, que ven peligrar su poder.  A la vez, nos devuelve al punto de partida, donde todo, incluso el capitalismo, queda por definir. Entonces, la izquierda tiene que plantearse si no solo se trata de ganar elecciones, sino además ensanchar lo decible, organizar lo posible y convertir en práctica social lo factible.

España: nación, estado y mercado

Introducción

La celebración, el 12 de octubre, de la Fiesta Nacional me ha llevado a pensar la españolidad. Una identidad cuya controversia histórica aún nos acompaña. A veces, se presenta como una esencia milenaria. Sin embargo, aquí, guiados por la Crítica de la Economía Política, defenderemos que se trata de un producto histórico-social. 

La nación española cuaja cuando el capitalismo crea el mercado nacional (bienes y servicios, tierra, dinero y trabajo). Un proceso mediado por la acción de las clases sociales, con el Estado como tejedor de la circulación global de las mercancías hasta convertirla en una experiencia común, española (símbolos, rituales, lengua, educación, conscripción e impuestos). Tras el “ser español” hay un contenido político con una base económica. El proceso histórico que lo originó se inicia en el siglo XIX.

Te propongo lo siguiente. Primero, vemos cómo nos orientan los científicos sociales. Luego nos centramos en la base económica del proceso. Finalmente, conectamos con la idea de la nación española como identidad contradictoria, que llega hasta nuestros días. 

Marco 

A lo largo de dos milenios, el mismo espacio fue Iberia, Hispania (Bética + Lusitania + Tarraconense), Hesperie, al-Ándalus, los Reyes Católicos “unifican” las coronas de Castilla y Aragón, Sefarad, “las Españas”, y Espagnia/Spain/España, esto último en la diplomacia europea del siglo XVII. Nombres que designaron un territorio y monarquías; pero no la nación española en sentido moderno.

Siguiendo al historiador Hobsbawm, la nación moderna, capitalista, requiere una serie de ingredientes: Estado administrativo con capacidad territorial (ley, hacienda, ejército, escuela); ciudadanía y política de masas; mercado integrado (infraestructura, moneda, crédito); cultura común estandarizada (lengua, currículo, prensa); y símbolos/rituales que naturalizan la pertenencia. 

Por otra parte, Marx nos encamina hacia el rastro de lo económico oculto tras las construcciones políticas e ideológicas. En este caso, la nacionalización (creación de la nación) española tiene como contenido económico el mercado nacional (tierra, dinero, bienes y servicios y trabajo). Detengámonos en esto.

Nacionalización de la mercancía tierra

El Antiguo Régimen anclaba la tierra a vínculos personales que habrán de ir desapareciendo (abolición de señoríos en 1811; desvinculación de mayorazgos en 1836; desamortización eclesiástica de Mendizábal en 1836-37; desamortización civil de Madoz, con venta de propios y comunales, en 1855; la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1861) ante el avance del capital que reclama la tierra como una mercancía más, que se privatiza, se inscribe, se vende y se hipoteca, en la misma moneda con seguridad jurídica homogénea. Un proceso no exento de conflictos en el que los beneficiarios son la burguesía y la nobleza compradoras, mientras las clases populares acrecentarían su proletarización y la Iglesia obtiene las dotaciones estatales al clero.

El dinero, forma general del valor nacional

La existencia de monedas provinciales y la dispersión de la emisión suponían trabas a la integración de precios así como a la confianza fiduciaria a escala nacional. En esto los hitos principales son: la creación del mercado de capitales, la Bolsa de Madrid (1831) a la que seguirían Barcelona y Bilbao; el establecimiento de la moneda única, la peseta (1868); el monopolio de la emisión se otorga al Banco de España (1874). No solo se trataba de que circularan las mercancías, también los capitales que financiarían ferrocarriles, teléfonos, minas y fábricas, bajo un lenguaje de precios común, un medio de pago fiable y aceptado, y una información nacional (prensa y publicación de cotizaciones). 

Unidad nacional del mercado de bienes y servicios

La circulación general de las mercancías de manera homogénea, permitiendo experimentar todo el territorio nacional como una unidad económica, exigió derribar las barreras locales. Desde mercantiles con la promulgación del Código de Comercio (1829 y 1885) unificando contratos, facturas, sociedades hasta administrativas (división territorial en provincias de 1833). Pasando por garantizar la seguridad en los caminos (Guardia Civil en 1844), la reforma fiscal de 1845 (Mon-Santillán) que unifica tributos, el despliegue de los transportes como el ferrocarril (1848) y las comunicaciones (teléfono en 1880s), la unificación de tarifas de correos (el primer sello nacional data de 1850), la eliminación de los portazgos y los pontazgos (1868). Se trata de eliminar costes de transacción (aranceles), alinear mercados facilitando la convergencia de precios y la fluidez de la información, creando la imagen de unidad nacional de mercado que da: mismo contrato, misma moneda, misma factura, mismo juez.

La fuerza de trabajo como mercancía nacional 

La transformación de la fuerza de trabajo en una mercancía de ámbito nacional requiere además la abolición de los gremios (1830s), la obligatoriedad del servicio militar que mezcla los reemplazos regionales, facilitar su movilidad tanto interior campo-ciudad (1880–1930) como la exterior masiva hacia América y Europa. Además, la Ley de Asociaciones (1887), el Instituto de Reformas Sociales (1903), el Instituto Nacional de Previsión (1908) y la jornada de Ocho horas (1919) cimentan un lenguaje nacional de derechos y conflictos: huelgas, carestía, convenios, seguros… El obrero local empieza a pensarse en términos “nacionales” de convenio, salario, y derechos; en tanto la prensa multiplica esta conciencia compartida. 

A través, y a la vez, de la constitución de esta unidad de mercado vemos que va emergiendo la nación española, en su materialidad y en su espiritualidad (conciencia nacional), dejando de ser una mera retórica para ir aterrizando en un modo de vivir en esta sociedad, una forma de trabajar, comprar, pagar, estudiar, viajar, opinar y hasta pelear, en común.

Conclusión

La Crítica de la Economía Política nos invita a ver la nación española como una comunidad política (o pueblo soberano con derechos y deberes) resultado de la acción de las clases, en su unidad y lucha, con gran protagonismo del Estado, encargado de organizar, fiscalizar y ritualizar la construcción del mercado nacional.

La nación española se acompaña de la conciencia nacional española, que apela al sentimiento de pertenencia e identidad que tienen los individuos que integran la comunidad, y se sirve de los símbolos (bandera, escudo, himno, la selección o la Fiesta Nacional,…) para vincular lo material y lo emocional; cuando ondea la bandera (Carlos III en 1785) no es sólo estética o territorialidad, es también derechos y obligaciones. 

Como proceso en construcción y en continua disputa, la nación española se reconfigura. El desarrollo del capitalismo español va imponiendo sus particularidades a través de la interacción de las clases sociales: definiendo su marco (Constitución de 1978); integrándose en el mercado europeo con su moneda y políticas; reordenando la tierra a través de la PAC y la transición energética; o redefiniendo el trabajo y la circulación de la información mediante la robotización, la digitalización y la Inteligencia Artificial. Podemos seguir llamándola España: pero, aun con los mismos símbolos, su contenido político, las relaciones sociales y el catálogo de derechos y deberes cambian.

Leyes feministas, política y economía en España (1976-2025)

 Esta comunicación fue presentada en el pasado IX Congreso de Economía Feminista, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) del 2 al 4 de octubre de 2025, cuyo tema articulador giraba en torno a “Las economías feministas ante el capitaloceno: análisis y alternativas”.

El trabajo que sigue parte de una pregunta: por qué se produjo el avance de las leyes feministas en España durante los últimos cincuenta años. Para cuya respuesta me apoyé en la Crítica de la Economía Política, es decir entiendo las leyes como una expresión de la lucha de clases, que a su vez constituye la forma histórica en que se desarrolla la acumulación de capital.

En otro lugar (al principio del blog) todo esto está más literaturizada, deteniéndome en qué leyes son aprobadas por tal o cual parlamento del subperíodo gubernamental, bajo qué presiones sociales y feministas, y en qué contexto económico, sobre todo nacional, pero también comunitario y mundial. Para reducir la exposición, opté por una síntesis más cuantitativa y estadística. 

Método o procedimiento

De modo que los aspectos económicos y políticos, que acompañan la legislación feminista, quedaron condensados en indicadores. Procedí de la siguiente manera para poner de relieve estas relaciones.

- Por un lado, separamos la acumulación capitalista en las etapas de los ciclos económicos contenidos en ella; así nos surgen 6 períodos que serían la crisis industrial (1976-1984), la expansión socio-liberal (1984-1991), la crisis monetaria (1992-1994), la expansión del ladrillo (1995-2007), la gran recesión (2008-2014) y la expansión actual (2015-2025). A modo de autocrítica los nombres de los períodos económicos no están muy elaborados, y no introduje la crisis de la Covid (2020).

- Dentro de cada etapa del ciclo económico distinguimos subperíodos según el partido en el gobierno, en el cuadro adjunto se pueden observar los distintos subperíodos gubernamentales que van caracterizados por el partido o coalición de partidos gobernantes. En la exposición añadí la ideología, pero aquí lo entendí innecesario.

- Por último, indico el número de leyes feministas promulgadas en cada subperíodo; conviene aclarar, ya que fue una de las preguntas que hizo el público, que por leyes feministas me refiero a las que atienden a problemáticas femeninas, plantean derechos de las mujeres y apuntan hacia la igualdad de género. No entré en la discusión de si verdaderamente son feministas las 31 leyes a las que me refiero, que están tomadas de la documentación histórica.

Ciclo económico e ideología gobernante

El cuadro siguiente, que fue bien recibido durante la exposición, expresa la síntesis de la información mencionada.

CUADRO – RESUMEN
Período económico	Ciclo económico	Período de gobierno	Partido gobernante	Leyes Feministas
1976-1984	Crisis industrial	1976-1982	UCD	6
		1982-1984	PSOE	2
1985-1991	Expansión socioliberal	1985-1991	PSOE	3
1992-1993	Crisis monetaria	1992-1993	PSOE	0
1994-2007	Expansión del ladrillo	1994-1996	PSOE	0
		1996-2004	PP	2
		2004-2007	PSOE	4
2008-2014	Gran recesión	2008-2011	PSOE	1
		2011-2014	PP	1
2015-2025	Expansión actual	2014-2018	PP	0
		2018-2019	PSOE	1
		2019-2023	UP-PSOE	9
		2023-2025	S-PSOE	2

Destaco dos resultados principales de este cuadro.

La primera es que, en general, los gobiernos de izquierda frente a los de derecha  son los que más leyes feministas impulsan (22 a 9). Sin embargo, esta relación no es inmediata ni mecánica. Por un lado, la izquierda, a veces, no impulsa leyes feministas; por otro lado, en ocasiones, la derecha impulsa este tipo de leyes.

La segunda es el carácter procíclico de la legislación feminista: es decir, cuando hay expansiones se promulgan muchas leyes, mientras que cuando hay crisis se aprueban pocas o ninguna (21 a 10). De nuevo, la relación ha de verse de manera dialéctica advirtiendo la presencia de mediaciones: en determinadas expansiones no se aprueban leyes, y en alguna crisis sí.

Mercado laboral

Una mezcla de los dos aspectos (ideología del partido gobernante y etapa del ciclo económico) permite explicar bastante mejor los vaivenes, la manera en que aparece, del ascenso feminista de la legislación. Pero, aún así no era completo.

Además, seguía pendiente la cuestión de fondo: explicar, más allá de la forma, el contenido del progreso feminista de la legislación; en este caso, su tendencia ascendente. 

La respuesta que encontré está en el mercado laboral donde se refleja el paralelismo entre el empleo femenino y la legislación feminista. La gráfica de abajo muestra la evolución de la población activa y ocupada, en miles, de las mujeres en España durante estos últimos cincuenta años. Ahí se observa el ascenso continuo e ininterrumpido de la incorporación masiva de la mujer española al mercado laboral.

Conclusión y apertura

El avance legislativo del feminismo en España durante el período 1976-2025 responde a la necesidad del capital de ampliar la base sobre la que extrae la plusvalía, la incorporación masiva de la fuerza de trabajo femenina. Ahora bien esta necesidad se realiza a través de la contratación laboral, la negociación colectiva, la sindicación, la movilización social y feminista, la inclusión del feminismo en las agendas y programas partidarios, las elecciones legislativas, el debate parlamentario y el impulso gubernamental, que adopta finalmente la forma de ley feminista, o sea la lucha de clases.

Otra cuestión es explicarse por qué el capital español necesitó durante este período esta incorporación masiva de la mujer al mercado laboral (ampliación numérica de la fuerza de trabajo, características específicas, crear más población obrera sobrante,…). No obstante una de las cuestiones que se planteó es el papel del deseo de las mujeres de trabajar fuera del hogar. Sin negarlo, esto nos abre otra cuestión: de donde surge esa voluntad. De manera breve: la realización de la voluntad de trabajar tiene como presupuesto su capacidad de trabajo, su ser fuerza de trabajo en potencia, o sea ser clase obrera latente, formar parte de la relación de capital y de su movimiento, la acumulación de capital. 

Por último, planteé una cuestión, que invita a continuar la investigación. A la luz de lo dicho, cómo explicarnos el cuestionamiento actual de los derechos feministas: un momento de corrección tras el progreso experimentado; o, por el contrario, asistimos a una nueva etapa caracterizada por un cambio en la necesidad del capital respecto de la fuerza de trabajo femenina primando más el fraccionamiento de la clase obrera a través de exacerbar el enfrentamiento entre su porción masculina y la femenina.

En mi opinión, la historia de las leyes feministas españolas de los últimos cincuenta años nos muestra que su avance traduce necesidades económicas cuya realización concreta es dialéctica, teniendo a la lucha de clases como protagonista. El desafío es imbricarse en la necesaria radical transformación social, que será feminista o no será.

Poder judicial y capital (y 3)

Exploramos diversas ideas: el papel del sindicalismo judicial en la politización de los jueces; el fenómeno del enfrentamiento ejecutivo vs judicial a nivel internacional y las peculiaridades del caso español; y la determinación más general, el papel del poder judicial en la relación de capital.

Protesta laboral y politización judicial

Los últimos tiempos fueron testigos del ascenso de la politización del poder judicial que adquirió niveles de visibilización desconocidos. Una vanguardia judicial, que no tiene que ser toda de derechas (pero, lo es predominantemente), ha estado acompañada por todo el entramado judicial, e incluso social (medios, partidos y empresas, por ejemplo). Nuestra hipótesis es que la protesta judicial de los últimos tiempos, sobre todo laboral, ha servido para empoderar al colectivo y estimular a los individuos protagonistas de este creciente protagonismo político.

Con esta de 2025 ya son seis las huelgas de jueces convocadas en democracia. En la primera, en 2009 (PSOE), el colectivo pidió adecuar el ratio de jueces a los estándares europeos, que se cumpliera la ley de retribuciones, recién aprobada en ese momento y que suponía subidas salariales, y la retirada del proyecto de ley de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios. La siguiente, en 2013 (PP), apoyada por unos 2.100 profesionales y secundada por todas las asociaciones judiciales excepto APM, se convocó en protesta contra las reformas del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En 2018 (PSOE) se hicieron dos huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales, en mayo y en octubre. La penúltima, en 2023 (PSOE+UP), se convocó, pero no se terminó materializando, tras alcanzarse un acuerdo sobre una subida salarial con el Gobierno.

Este ciclo de movilizaciones judiciales ha creado las condiciones para que jueces con determinados perfiles ideológicos acompañaran a otros poderes (mediático, partidario, empresarial) en la presión política, sin apenas costes (huelgas gratuitas, irresponsabilidad ante errores, ausencia de criticas mediáticas, etc). Nada que ver con el coste que pagan otros colectivos cuando protestan (Las seis de La Suiza, la huelga del metal en Cádiz, Los seis de Zaragoza, el rapero Pablo Hasél, Óscar Reina del SAT, el caso Nahuel, entre otros).

Poder judicial versus poder ejecutivo

La mencionada politización judicial y la judicialización de la política han tenido que presentarse como un enfrentamiento abierto entre dos poderes del estado (judicial y ejecutivo), fenómeno que se ha repetido a escala internacional. Ambos poderes, expresión de la división de poderes del estado capitalista, lejos de garantizar su pacífico desarrollo (principio de control y equilibrio) se ha convertido en fuente de inestabilidad. Esta guerra entre los diversos aparatos estatales tiene que expresarnos cambios en el estado y necesidades respecto de su función en el sistema capitalista.

La Gran Recesión de 2008, el tambaleo del sistema financiero a nivel internacional, la crisis de legitimación derivada, quizás brindó la oportunidad para que, ante el debilitamiento de los poderes tradicionales (empresarial, legislativo, ejecutivo), el poder judicial asumiera el papel protagónico (encaramados a sus estrados, armados de sus togas y con sus mazos en ristre) que la estabilidad del sistema requería cuando la lucha de clases podía ponerlo en peligro. 

Efectivamente, diversos países conocieron este fenómeno, previamente los jueces se habían presentado como saneadores de un sistema político y económico podrido, adquiriendo ese falso halo de independencia y neutralidad otorgado por la condena a empresarios y políticos corruptos. Así Fernando Lugo (Paraguay) destituido en 2012, Dilma Rousseff (Brasil) a la que se aplicó un impeachment (acusación) en 2016, Rafael Correa (Ecuador) exiliado desde 2017 y condenado finalmente en 2020, Lula da Silva (Brasil) condenado y encarcelado en 2017, Evo Morales (Bolivia) condenado en 2019, Cristina Fernández (Argentina) condenada en 2022 y recientemente encarcelada domiciliariamente, Pedro Castillo (Perú) destituido y encarcelado en 2022, en cuanto ejemplo de dirigentes izquierdistas en el poder laminados en procesos (golpes blandos) con activismo judicial destacado. Los casos en que los líderes izquierdistas no están el poder y a los cuales se les monta una campaña judicial-mediático-partidaria para evitar que ganen elecciones o reducir sus resultados son también frecuentes.

Sin embargo, y sin negar lo anterior, algunos casos de líderes de derecha (Trump, Bolsonaro, Sarkozy, Netanyahu, varios de los ministros de Aznar, Rajoy y su ministro Fernández) también han sido objeto de denuncias y condenas judiciales. Ciertamente, nada que ver con la saña y la agresividad judicial y mediática cuando los políticos son de izquierdas.

En cualquier caso, nuestra hipótesis es que aunque el ensañamiento se produzca cuando los líderes y las políticas que emprenden remueven estructuras y cuestionan el poder de las elites, el fenómeno iría más allá de la confrontación izquierda versus derecha, enlazando con el desarrollo de la lucha de clases. Incluyendo la lucha dentro de la propia clase obrera, entre sus fracciones, una de las cuales son los jueces. 

Esta guerra dentro del estado tiene que decirnos algo, sobre el papel del estado en la sociedad capitalista, por un lado, y sobre su propia reconfiguración, es decir cómo ha de cambiar para llevar a cabo su función de la manera más adecuada. Pero, cual es el papel del estado, qué papel ocupan los jueces y los gobiernos, qué relación puede tener esto con los cambios en las sociedades y en su principal vinculo organizador, el capital; qué le ocurre a la acumulación de capital a nivel internacional que se está expresando, ya en el ámbito de la lucha de clases, con este enfrentamiento entre los poderes del estado y en el que los jueces han adoptado un papel protagónico. Es posible que la automatización, la digitalización y la IA, como formas de la plusvalía relativa, tengan esta expresión política. O estos cambios técnicos amenacen la propia función judicial, y la politización de la justicia responda a esta necesidad. Preguntas cuyas respuestas pueden tener interés en la organización de la acción política de la clase obrera, pero que por ahora no estamos en condiciones de responder.

Justicia y conflicto en el capitalismo

La relación social específica del modo de producción capitalista, la compraventa de la fuerza de trabajo (relación económica), enfrenta a dos mercancías: el dinero y la fuerza de trabajo. Pero, las mercancías, como dice Marx, no van solas al mercado. Por ello, esta relación económica aparece como un acuerdo consciente y voluntario entre individuos propietarios, iguales, que buscan su propio interés y libres, o sea un contrato. En nuestro caso el contrato laboral, la forma jurídica que adopta la relación económica asalariada (cambio de fuerza de trabajo por salario). Y allí, en el mercado, los portadores de las mercancías han de personificarlas, han de pensar y actuar como si ellos fueran sus respectivas mercancías. Esta es la primera determinación de la conciencia de los individuos propietarios de mercancías, su conciencia libremente enajenada (el contenido, la enajenación, adopta la forma de la libertad).

Esta relación es estructuralmente antagónica y conflictiva, el interés de uno se opone al del otro (más salario y menos jornada, demanda el obrero, frente a menos salario y más jornada que exige el capitalista) y el acuerdo presupone la tensión y la lucha.

Esta conflictividad se irá trasladando en los diversos niveles en que se va transmutando la relación económica desde el contrato individual hasta la ley pasando por el convenio o contrato colectivo y, finalmente, el propio estado. Todos son formas jurídicas y políticas de la lucha de clases, a su vez la forma necesaria de realizarse la relación social (económica) fundamental, el capital y su movimiento (la acumulación de capital).

El papel del juez, del sistema judicial, del aparato judicial de estado, del poder judicial, es garantizar el cumplimiento de las formas jurídicas de la relación económica, o sea garantizar que la compraventa por el valor está formalizada. Canalizan el conflicto de clases hacia el mundo de las formas jurídicas, con ello trasladan (pero no resuelven) la contradicción. El fin es evitar que la lucha de clases desborde la acumulación de capital, o sea garantizar formalmente el orden social (de la garantía material se encargan la policía, el ejército y el sistema presidiario). El sistema judicial pertenece al estado, por tanto representan al capital en su totalidad social; no representan a este o aquel capital, sino al conjunto. Por eso, tras su independencia de los capitales privados, lo cual no exime que estén influidos por ellos, es el servidor de la relación capital. Los jueces personifican su mercancía, la fuerza de trabajo cuyo valor de uso es el cumplimiento formal de los contratos, por tanto de la propiedad, la libertad, el interés privado y la igualdad. Ni que decir tiene que son los valores ideológicos que pueden ser realizados en la sociedad capitalista, no las ideas que cada cual quiera tener sobre ellas (idealismo).

La solución definitiva de las contradicciones de clase no tiene otra manera de llevarse a cabo que con la eliminación de las clases, el socialismo. En el proceso que nos lleve a tal fin, qué papel jugará esta particular fracción de la clase obrera (si logra sobrevivir al avance de la IA) cuya función inmediata es la coacción jurídica del resto de la sociedad. No puedo menos que recordar la anécdota de Lenin al comentar las dificultades de la transformación de los aparatos de estado; allí específicó, sin embargo, que uno de los más fáciles de sustituir era el judicial, primero porque las leyes anteriores eran poco válidas en el nuevo orden social y, segundo, porque para la aplicación de las nuevas leyes contaba más el sentido común al alcance de cualquier obrero que la enrevesada jerga leguleya de la justicia burguesa.

Judicatura y lucha de clases en la España reciente (II)

Anteriormente nos detuvimos en la huelga de jueces en cuanto medida laboral de presión como expresión inmediata de una lucha económica de clases. Ahora, veremos a la clase de los jueces en su relación con el conflicto político. Lo cual nos descubrirá enfrentamientos incluso dentro del estado. En fin, se va desplegando ante nuestros ojos una diversidad de formas de la lucha de clases, cuyo contenido será objeto en la próxima entrega.

La reforma del sistema judicial

De nuevo, por qué jueces y fiscales inician una campaña de protesta contra el gobierno. En lo inmediato, reaccionan ante la reforma del sistema judicial que el gobierno ha presentado al parlamento para su tramitación por vía urgente. 

Entre las medidas que han hecho saltar las togas por los aires, las asociaciones convocantes apuntan las siguientes. 

* Pruebas anónimas para acceder a la carrera judicial (¡herejía meritocrática!).

* Que los fiscales instruyan causas (como en otras democracias, pero aquí somos…).

* Hacer que el fiscal general no se marche con el Gobierno que lo nombró (la independencia que no se controla, molesta).

* Rebajar de 15 a 5 años la experiencia para el acceso por el “cuarto turno”.

* Regularizar jueces y fiscales interinos (954 jueces y 331 fiscales en precario… ¿cómo se atreve el Gobierno a querer formalizarlos?).

* Y lo imperdonable: crear un centro público de preparación para opositores, restando negocio a los jueces preparadores.

Estas medidas son vistas por las agrupaciones de jueces convocantes como amenazas al estado de derecho, la independencia judicial y la profesionalidad de los jueces, mientras el gobierno y sus defensores insisten en la democratización y la modernización de la justicia.

La judicialización de la política

Visto el origen del reciente enfado judicial, hemos de preguntarnos por qué el gobierno se mete en este berenjenal de la reforma judicial. En un contexto en el que a pesar de un cuadro macroeconómico envidiado por el resto de la UE, persisten problemas que sacuden a la clase obrera: tanto nacionales (vivienda, servicios públicos, rearme, salarios, inflación) como internacionales (amenaza nuclear, cambio climático, guerra, genocidio palestino, …), este enfrentamiento con el poder judicial podría parecer caprichoso.

Pero, no. El Gobierno ha dejado de mostrar respeto ante las decisiones judiciales que le han resultado adversas, pasando a acusar a determinados jueces de actuar deliberadamente para debilitarlo e incluso manifiesta sospechas de que el PP recibe información judicial privilegiada. La reforma judicial del gobierno forma parte de esta respuesta al acoso judicial más reciente: caso hermano del Presidente, caso esposa del Presidente, caso Fiscal General, casos Leyre (cargo del PSOE), Koldo (ex-asesor gubernamental), Ábalos (ex-ministro y ex-Organización del PSOE), Cerdán (ex-Organización del PSOE). 

Ahora bien, para que esta instrumentalización de la justicia con fines políticos (lawfare o guerra judicial) adquiera pleno sentido ha de acompañarse del acoso mediático (mediafare o guerra mediática) y de la polarización partidaria. De esta forma, a la vez que se desgasta al ejecutivo se va creando la alternativa de gobierno. No es necesaria una minuciosa coordinación, que si la hay es más efectiva, basta con que cada uno haga su parte y, sobre todo, que “el que pueda hacer que haga”. Veamos cómo opera este tridente judicial-mediático-partidario.

El modus operandi de la estrategia judicial-mediática-partidaria

A grandes rasgos el guion de esta estrategia, en el caso del ataque al gobierno de izquierdas (puede ser también de la derecha), deteniéndonos en el papel de los jueces.

1. Se presenta una denuncia, a veces basada en un pantallazo o recorte de prensa de dudosa credibilidad.

2. Suele venir de asociaciones de derecha como Abogados Cristianos (valores religiosos), Hazte Oír (antifeminismo), Manos Limpias (antinacionalistas), Concordia Real Española (antirrepublicana), expertas en querellas “creativas” haciendo uso de la acusación popular. El propio Vox ha hecho un uso intensivo (procés, alsasua, gestion Covid, antimemoria historica, antiLGTB, antigobierno, entre otras).

3. Un juez "receptivo" admite a  y abre instrucción.

4. El juez pide informes (AIREF, UCO, UDEF, ...) se interroga, se filtra. Cada paso es una portada.

5. Los medios amplifican (portadas, titulares, noticiarios, tertulias), los políticos se lanzan al cuello en el parlamento, y vuelta al informativo de las 15 o las 21h.

6. El caso puede cerrarse por falta de pruebas, prescripción o “se me pasó el plazo, ups” (como recientemente le ocurrió al juez Peinado con una causa con implicación del alcalde Almeida y del director de OK diario).

7. Aun así, el daño político ya está hecho. Nadie rectifica, pide disculpas públicas ni responde de errores.

La actuación judicial, en el marco de la estrategia judicial-mediático-partidaria, igual que va en el sentido del desgaste del gobierno puede ir en el sentido de aliviar o salvar al partido de la oposición. Un ejemplo reciente lo recogía el diario digital El Plural: “El juez Peinado deja morir la instrucción de un caso de presunta prevaricación que salpica al alcalde Almeida y a Eduardo Inda” al pasársele uno de los plazos. Es un ejemplo de vinculación directa: juez-PP-OK diario.

Antecedentes del tridente

Esta estrategia judicial-mediático-partidaria lleva tiempo en España. El anterior gobierno de coalición, particularmente el sector de Unidas Podemos (anteriormente sus principales dirigentes), fue objeto de ella como acreditan más de veinte causas judiciales abiertas que tras alargarse años, ocupar portadas, generar titulares y monopolizar tertulias, terminaron siendo archivadas. 

También ocurrió con líderes independentistas catalanes. Incluso anteriormente, en el marco de ataque a la izquierda hay que recordar el caso de Rodrigo Torrijos integrante por IU en un gobierno de coalición con el PSOE en la ciudad de Sevilla durante la primera década del nuevo siglo, finalmente absuelto de las cuatro causas abiertas. El ataque sufrido por el nacionalismo vasco en los años noventa también puede inscribirse en este tipo de estrategias. Más aún, la segunda república fue testigo del sabotaje judicial.

Ante estas evidencias no queda más remedio que preguntarse por el activismo judicial contra los gobiernos de izquierda en España.

La politización de la justicia

Para que se produzca la judicialización de la política se requiere la politización de la justicia. Es decir se necesitan, antes que nada, jueces dispuestos a desempeñar ese papel, que entiendan que su labor profesional pasa por acabar con este gobierno; ¡ojo! no tienen que ser todos los jueces, basta con que haya los suficientes. Ejemplos concretos son los jueces Castellón, Alba, Gadea, Marchena, Escalonilla, Peinado o Hurtado. Las razones por las que una persona, en este caso juez, tiene tendencia a rascarle a la izquierda o acariciar a la derecha son variadas (ideológicas, económicas, partidarias, incluso la próxima jubilación, entre otras) y no nos detendremos.

Porque para que esa voluntad individual adquiera relieve y no quede en lo anecdótico han de darse más elementos: un marco profesional que se lo permita, pues cuentan con la colaboración de más profesionales; también es importante la simpatía de las asociaciones de jueces, prestas a defenderlos en cuanto asoma un atisbo de crítica; así como unos superiores (hasta llegar al principal órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ) que no les pidan cuentas cuando gastan ineficazmente los recursos y no les exijan responsabilidades y sancionen ante los errores; la “complicidad” del resto de poderes del estado (ejecutivo y legislativo) que lejos de controlarlos les dejen hacer (eso ha venido ocurriendo hasta hace poco); así como la connivencia de otros poderes de la sociedad como el mediático (el blanqueamiento del talibanismo judicial puede llegar a ser sonrojante), entre otros posibles. 

Se podría decir que una exitosa vanguardia judicial contra la izquierda nos lleva, o implica, la politización de la estructura judicial (y la del resto de la sociedad). Lo cual, bajo nuestro punto de vista, tiene que ver con el papel que juega la justicia en la sociedad capitalista, particularmente en la relación social general que la organiza, el capital; cuestión que trataremos en la próxima entrega.

Togas y estrados en la lucha de clases: poder judicial y capital (I)

En las siguientes líneas, nos enfrentamos a la reciente huelga judicial en España preguntándonos por su necesidad. 

Este análisis, que toma al concreto real sin supuestos y se cuestiona su causa inmediata, sin detenerse en ningún concreto hasta agotar la búsqueda, o sea hasta la materia misma, es el primer paso. A continuación, se procede inversamente mediante la síntesis. Esta es, en nuestra opinión, la forma de investigar la realidad para reproducirla en el pensamiento; forma que se ajusta a la dialéctica materialista, método de la Crítica de la Economía Política. 

No obstante, tranquilos, en este caso, no llegaremos tan lejos. Y es que la huelga de jueces en España se nos presenta como parte de un movimiento más amplio, internacional y social que hunde sus raíces en la acumulación internacional del capital, pasando por los cambios en que está inmersa la clase obrera y las innovaciones tecnológicas como la Inteligencia Artificial, y donde las peculiaridades del proceso español de acumulación de capital también juegan; incluyendo al propio sistema judicial (derecho de huelga y salario de jueces, o la regulación de la acusación popular y su particular uso por la extrema derecha como recurso de la lucha de clases). Ahora es nada...

La huelga de jueces y fiscales

Los jueces y fiscales, como si de obreros metalúrgicos se trataran, han bajado de sus estrados y han ido a la huelga los días 1,2 y 3 de julio de 2025.

Una acción no exenta de polémica. Pues el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el empleador de los jueces, no la dió por convocada. Por una vez, los vocales del CGPJ, dejando atrás la tradicional división entre bloque progresista y conservador, votaron corporativamente al unísono para expresar: “El ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos”.

Sí, no hay servicios mínimos para nuestros servidores públicos. Pero, nadie escuchará o verá rasgarse las vestiduras por este detalle que, en otras protestas laborales, tanto polvo levantó; y menos cualquier alusión a huelga salvaje.

El derecho de huelga de jueces y fiscales en España

El asunto es que el derecho de huelga de los jueces ha sido un tema peliagudo. Sus asociaciones profesionales reclaman que, como ciudadanos (añado yo, asalariados, que suele olvidarse), tienen el mismo derecho de huelga que cualquiera (el previsto en la constitución en su artículo 28.2). Llegando a defender en sus comunicados expresiones de este tenor:  “La huelga constituye una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de nuestras condiciones profesionales”

Sin embargo, en otros momentos se ha argüido que la pertenencia a uno de los poderes del estado les privaría de este fundamental derecho. Debate interesante desde el punto de vista de la clase obrera, en el que las posiciones derecha vs izquierda, paradójicamente, parecen invertirse.

Así la mayoría del bloque progresista del CGPJ advierte de que la Constitución española “no reconoce el derecho a la huelga de los integrantes de los poderes del Estado”; derecho, señalan estos vocales, que nuestra Carta Magna solo reconoce a los trabajadores por cuenta ajena (según estableció el Constitucional en una sentencia de 1981), mientras que el derecho de huelga de los funcionarios se ha regulado por ley (en la Ley de Reforma para la Función Pública de 1984 y en el Estatuto Básico del Empleado Público), pero éste no es aplicable a jueces, magistrados y fiscales (como recoge su artículo 4.c).

Gratuidad de las togas caídas

En cualquier caso, esta falta de “soporte normativo” no es nueva. Ya fue expresada por el CGPJ en la primera huelga de jueces en 2009, repitiéndose en las sucesivas.

Pero, esto no presenta inconveniente a sus señorías. Pues, no les supone merma salarial alguna. Como leen. Todo porque su pagador, el Ministerio de Justicia, no puede proceder al descuento correspondiente al no ser el órgano competente, según sentencia judicial (sic), para realizar el registro del absentismo de los jueces, que corresponde al CGPJ, que como hemos visto no da la huelga por convocada. 

Es lo que ocurrió en 2018 cuando el Ministerio, tras descontarles la parte proporcional del salario, hubo de devolverla por el mencionado problema de forma. Esta vez el Ministerio de Justicia ha pedido al CGPJ que le informe de los jueces huelguistas, pero como éste no reconoce la huelga, veremos si esta huelga también les sale gratis a nuestras togadas personas asalariadas.

Así que nuestros jueces, personificaciones de la fuerza de trabajo judicial que se vende por un salario al estado, realizan huelgas ilegales sin servicios mínimos a costa del erario público español. Además, con bastante buena acogida mediática, pues no verán en las televisiones, radios y prensas, críticas o meros comentarios sobre los efectos de la anulación de juicios a cuenta de este paro.

La protesta judicial en España

Pero, por qué los jueces y fiscales se lanzan a la protesta laboral. Ya venían calentando motores: concentración del 28 de junio, paro laboral parcial del 11 de junio; además, apoyadas y jaleadas por la derecha y la extrema derecha.

Estamos ante una campaña de protestas convocada por 5 de las 7 principales asociaciones profesionales, que no sindicatos. Todas menos las progresistas (Jueces por la Democracia, Asociación de Fiscales Progresistas). Aún faltarían otras asociaciones como las de interinos, que también existen. No está nada mal para un colectivo que no supera los 6 mil. Para que alguien dude de la propensión a la organización solidaria de jueces y fiscales cuando de sus derechos laborales se trata. Y es que la clase de los asalariados tiene eso: que, en tanto personifica su mercancía (fuerza de trabajo) no tiene más remedio, por razones que ahora no abordamos, que  tomar conciencia para defender sus condiciones de venta por su valor.

Pero, la reciente movilización judicial va más allá de la mera reivindicación laboral,  planteándose motivos más elevados: la defensa del estado de derecho, la independencia judicial y el prestigio profesional. Veamos.

La corrupción capitalista, la CEP y el socialismo

El ruido mediático en torno a los casos García, Cerdán o Ábalos no nos deja escuchar el mensaje que el capitalismo español nos hace llegar.

Ciertamente, tampoco ayuda la ofensiva (partidista, mediática, policial, judicial) clasista, en el sentido de lucha de clases, que supone el asedio al presidente (caso Begoña, David, Fiscal General) como punto “débil” del gobierno de progreso. Aunque no se trata de una novedad, pues el anterior gobierno, también de progreso, fue objeto de hostigamiento (las veintitantas causas judiciales a Podemos finalmente archivadas que ocuparon portadas y tertulias televisivas, las quedadas en el casoplón del coletas, el chuletón de Garzón, la ley del solo sí es sí, zancadillas al ingreso vital o a la ley de vivienda, o el robo del móvil de Iglesias, entre otros). Pero, en aquellos momentos Pedro Sánchez recomendaba a Pablo Iglesias mejorar sus relaciones con los jueces, al punto de ofrecerse a presentarle alguno. Por lo visto, no tomó su propia medicina.

En cualquier caso, los actuales casos de corrupción -decía- no nos dejan ver lo importante. Y no lo digo solo porque ensombrezcan la amenaza nuclear, la guerra, el genocidio o la política de rearme, sino porque se oculta algo tan estructural como lo anterior: el significado que tiene la corrupción en la sociedad capitalista.

En mi opinión, la corrupción es parte integrante del normal funcionamiento del capitalismo; no digo que sea parte de su contenido, pero sí de la forma en que se realiza tal contenido. Sin ir más lejos, la corrupción es una manera más, que acompaña a la competencia, en que se lleva a cabo la ley absoluta de la producción capitalista, el amontonamiento de valor (dinero) a través de la explotación del trabajo asalariado. Más aún, en las sociedades en las que la mercancía es la relación social objetivada con alcance general, todo se compra y se vende -aun sin ser mercancía- incluso la moral o el honor, nos dirá Márx. En algunos sectores productivos, los pactos empresariales de reparto de la obra pública nos plantearían si la corrupción no es un mecanismo concreto en que se lleva a cabo la propia ley del valor. A modo de ilustración: la corrupción ha acompañado a otros paridos gobernantes como el PP (Naseiro, Hormaechea, Gurtel, Caja B, Kitchen,…), también al propio PSOE de otras épocas (Rumasa, Filesa, Roldan, Guerra, GAL, entre otros), no solo a gobierno de la democracia también de la dictadura (enriquecimiento de la familia Franco y de otras grandes fortunas al calor de las decisiones gubernamentales, presencia en consejos de administración de las grandes empresas por ex-ministros franquistas, caso Matesa, entre otros). Con estos datos pretender que la corrupción no es una característica del desarrollo histórico capitalista español es negarse a ver lo evidente.

Sin embargo, la corrupción capitalista, es presentada unas veces como un fenómeno casual como si de un fenómeno atmosférico desconocido se tratase; anecdótico o un aspecto particular de individuos concretos, tal que manzanas podridas, con dudosa moralidad que se relaciona con determinados ambientes familiares, o tipos de educaciones recibidas, cuando no causadas por algún gen (todavía por descubrir). En otras ocasiones se la circunscribe abstractamente a la naturaleza humana (avaricia, afán de enriquecimiento). Para terminar con este elenco no exhaustivo de justificaciones de la corrupción, tenemos la clase política, las instituciones o las estructuras estatales, como máxima concesión a una comprensión científica de este fenómeno.

A la luz de esta cuestión, uno se pregunta por qué a pesar del carácter sistémico de la corrupción en el capitalismo, en particular la del español, ésta es presentada al margen del contexto social, particularmente al margen del capital, tan onmipresente en la vida social. 

No acierto a saber cuánto hay de intención y cuanto de incapacidad, pero unas veces los medios de comunicación y otras la propia ciencia burguesa, y con ellos todo el aparato jurídico y legal, se niegan a descubrir el contenido de la corrupción deteniéndose en su apariencia. Así nos muestran los detalles más escabrosos desvelando las miserias de la condición humana hasta sus minucias más denigrantes, una y otra vez, uno y otro día, hasta que la evanescencia mediática tenga a bien cambiar la agenda. Un ejemplo es la teoría de la agencia (autor y año), según la cual los burócratas (funcionarios) y políticos tienen objetivos particulares (enriquecimiento personal, financiación partidaria) que anteponen al bienestar general, objetivo del principal (Estado), y aprovechan cualquier ocasión para alcanzarlos; una de ellas es darles ilegalmente contratos públicos a empresas (maximizadoras de beneficios), que no se sabe cómo pasaban por allí, a cambio de comisiones ilegales (mordidas) que luego se reparten entre la red de corruptos (intermediarios, facilitadores, y otras personificaciones de la apropiación del valor).

Algunos marxistas, o teóricos críticos, avanzan y señalan como las empresas estudian, diseñan, invierten, colocan a personas en organismos públicos (puertas giratorias), para hacerse con dichos contratos. Esto le da más realismo a las teorías apologéticas. Pero, no se trata de empresas moralmente corruptas, son empresas que han de corromperse para sobrevivir en el mundo competitivo que el capital depara a las unidades donde se lleva a cabo el trabajo privado e independiente.

Este detenerse en la apariencia, junto a la naturalización de las relaciones sociales capitalistas, características de las interpretaciones burguesas, y a veces de teorías que se presentan como críticas, terminan por, consciente o inconscientemente, desviar el punto de mira del fenómeno de la corrupción resaltando lo casual, anecdótico, individual, personal, moral o estatal, obviando, dando de lado, lo empresarial y lo social. Llegado un punto, dejan de preguntarse por la causa que hay tras ellos. Porque de hacerlo terminarían topándose con la relación social general que organiza la vida de la sociedad actual, el capital.

Todas estas modalidades de eximir al capital en cuanto relación social, a su fin absoluto (valorización del valor), a sus formas políticas (estado, gobierno, presupuestos, partidos, burócrastas, políticos), a sus formas ideológicas (moral, avaricia, leyes, laxitud presupuestaria, culpabilizar a políticos y funcionarios) a sus formas económicas (empresas, competencia, beneficio) y desplazar las responsabilidades al ámbito de la política (la denominada clase política, o al estado);algo muy de moda entre liberales. Se trata de otra forma de olvidar la relación entre la superestructura y la base económica. Así, entre ignorancia y la hipocresía, la ideología dominante pretende sortear la responsabilidad social en el fenómeno de la corrupción capitalista. 

La Crítica de la Economía Política (CEP) nos recuerda lo contrario, y en mi opinión recomienda cuestiones que el pensamiento transformador debería tener en cuenta. En primer lugar, que ningún fenómeno social actual, tampoco la corrupción, escapa a la influencia del capital, pues éste es la relación social general que organiza la vida de las personas en el capitalismo. La corrupción es parte del normal funcionamiento capitalista, constituyendo una forma de la lucha de clases, que es el modo necesario en que el capital se desarrolla. Además, la CEP señala las limitaciones de los demás “explicaciones” poniendo al descubierto, más allá de su desconexión con la verdad, su carácter hipócrita y apologético. Con ello se avanza en la generalización, y preservación, de una necesaria conciencia dialéctica. Esto significa, para cada caso concreto de corrupción armar la lucha de clases mediante: determinar las causas (capital, estado, políticos, moralidad, personas), atribuir las responsabilidades (sociedad, empresas, educación, familia, corruptores y corruptos) y diseñar medidas preventivas (familia, educación, leyes, reglas presupuestarias, mecanismos de control). Todo ello a sabiendas que no acabaremos con la corrupción capitalista, pero se la dificultará (reparar multiplicadamente el desfalco) obligando al capital a ser más eficiente y desarrollar las fuerzas productivas. Condición ésta necesaria para la definitiva generalización de la conciencia dialéctica, aún incipiente, que desemboque en la superación del capitalismo, o sea en el socialismo.

La OPA del BBVA sobre el Sabadell: lucha de clases, estado y capital

La oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell, más allá de abrir una discusión sobre el sector bancario español y europeo, es una expresión de la centralización del capital que tiene a la lucha de clases y la acción del estado como formas concretas de realizarse. Visto así, con las herramientas de que dota la Crítica de la Economía Política, entonces nos podemos plantear si este movimiento empresarial nos acerca o nos aleja del socialismo.

La banca es un sector estratégico bajo sospecha. En tanto gestor (depositario y canalizador) de la forma general del valor —el dinero— y específicamente del capital dinerario es un sector imprescindible en la economía. 

Sin embargo, su imagen en la opinión pública, tras la crisis y el rescate bancarios, ha sido objeto de críticas: cierres masivos de oficinas, digitalización forzada, exclusión financiera de mayores y rurales, destrucción de empleo, comisiones desproporcionadas, contratos poco transparentes o sueldos astronómicos en la alta dirección, entre otras cuestiones.

Algunas cifras ilustran la importancia del sistema bancario español: gestiona en torno a 2 billones de euros en depósitos y créditos, frente a un PIB de 1,5 billones; representa un 5 % del valor añadido bruto (VAB) nacional, algo por encima de la media europea, aunque emplea solo al 1 % de la fuerza laboral (frente al 1,3 % en Europa), lo que refleja su alta productividad.

Esto sería un buen argumento para los que defienden que el sector bancario español no necesita más concentración ni más eficiencia. Pero, eso niega la naturaleza del capital, caracterizado por la búsqueda incesante del plusvalor.

Así que, el 30 de abril de 2024, el BBVA propuso una fusión amistosa al Sabadell. Ofrecía una acción propia por cada 4,83 acciones del banco catalán, y tres puestos en el nuevo consejo. El 6 de mayo, el Sabadell rechazó la oferta por considerarla insuficiente. Poco después, el BBVA lanzó una OPA hostil (sin acuerdo entre las partes), acudiendo directamente a los accionistas (propietarios).

Desde entonces, se ha desencadenado un pulso de más de un año (mucho tiempo): en julio, BBVA logró respaldo accionarial y el Sabadell anunció beneficios récord; en septiembre, el BCE no vio riesgos de solvencia; en noviembre, la Comisión Europea dio luz verde invocando eficiencia y escala; en enero de 2025, el Sabadell anunció el retorno de su sede a Cataluña; en abril, la CNMC avaló la operación con condiciones; en mayo, el Gobierno abrió un proceso de consulta pública; en junio, anunció su aceptación condicionada. Aunque todavía no es formal esta posición (exigencias europeas, debilidad gubernamental, acuerdos con catalanes, vete tu a saber).

Esta cronología nos muestra la acción estatal (europea y española) y las escaramuzas entre capitalistas que acompaña a esta operación de compraventa de una empresa que, a pesar de no contar con el acuerdo de las partes, la ley tiene previsto un procedimiento donde intervienen elementos mercantiles y administrativos para que la situación se resuelva de la manera más ordenada posible sin que termine en una “guerra”. Destaco esta cuestión, más allá de apuntar a la misión pacificadora del estado capitalista, para exponer que el libre mercado, la libertad de negocio o de empresa, etc. que algunos enarbolan frente a un abstracto intervencionismo estatal es esto: una “libertad” apoyada, sustentada, en la acción administrativa y estatal. Frente a la falsa oposición que suele plantearse entre capital (o mercado) y estado, la realidad es la complementariedad del capital y el estado, y esta OPA nos lo vuelve a poner de frente.

Pero, la lucha de clases, política e ideológica, se expresa aun más claramente en las posiciones que los diferentes actores políticos adoptan en torno a este asunto. Y es que la OPA ha activado un tablero de posiciones contrapuestas. El Gobierno comenzó con un rechazo frontal, pero ha evolucionado hacia una aceptación condicionada en seis puntos (remedies): empleo, red de oficinas, crédito a pymes y autónomos, comisiones, compromisos territoriales (Cataluña, Valencia y Murcia) y seguimiento por parte del Ejecutivo y supervisores. Todo con un plazo temporal de 1,5 a 3 años.

Los sindicatos (CCOO y UGT) han sido tajantes en su rechazo: denuncian una posible pérdida de entre 7.000 y 10.000 empleos, cierre de más de 500 oficinas, concentración de mercado y debilitamiento del tejido productivo regional. El interés de la clase obrera no sólo consiste en las condiciones inmediatas de la plantilla del Sabadell: englobándolas va más allá.

Por su parte, Sumar, Podemos y sectores del PSOE han expresado reservas similares, centradas en la cohesión territorial y el empleo. En vez de plantearse un cambio en el modelo bancario donde el control estatal sirviera para exigir responsabilidad social a la banca privada (hipotecas asumibles a la clase obrera, por ejemplo), incluso insistir en el desarrollo de una potente banca pública, se enredan en posiciones (oligopolio, competencia, territorialismos) que dificultarían el avance hacia un modo de producción superador del capitalismo.

La burguesía catalana (Foment, Cercle d’Economia y otras entidades) también rechaza la OPA, aunque desde la defensa del “capital catalán” y su peso institucional. Paradójicamente, estos sectores liberales invocan ahora el interés general y la cohesión social demandando la intervención gubernamental para frenar una operación de mercado. 

Los partidos catalanistas (ERC, Junts, AC) igualmente insisten en la cohesión territorial y social. Pero, uno ha de plantearse: si la cohesión social y territorial, y la defensa de los consumidores bancarios, pasan por preservar un capital menos eficiente como el Banco Sabadell, significa que allí donde no hay este banco, lésase el 80 por ciento del territorio español, no gozan de dichas cohesiones. Entonces, no sería más adecuado regular que dichas cohesiones sean garantizadas en la totalidad del sistema bancario para la totalidad del territorio nacional, y dejar de privilegiar a un sector territorialmente determinado, que además está al albur de que un capital privado decida o no instalarse en dicho territorio.

En la derecha estatal (PP y Vox) predomina la inmediatez del desgaste al gobierno: critican la “intervención” gubernamental, pero evitan pronunciarse sobre el fondo de la cuestión; así dejan su valentía para los menas, mujeres violentadas o lgtb’s.

Mientras, las instituciones europeas respaldan la operación como parte de una estrategia de consolidación que permita a los bancos europeos competir globalmente. Y no les falta razón: entre los diez bancos más grandes hay 4 de USA, 4 de China, 1 de RU y 1 de Australia; hay que esperar a los puestos del 15 al 20 para que aparezca algún europeo (y entre estos los españoles). Otra cosa es saber si la debilidad del sistema bancario europeo en el mercado mundial es causa o consecuencia del lugar del capital europeo en este mercado, cuestión que no abordaremos aquí. Además, y pensando en una venidera reestructuración europea del sector, mejor le iría a la banca española si esta bien concentrada (pocos y grandes).

Más allá de los discursos sobre libre competencia, cohesión territorial o social, la compraventa del Sabadell por el BBVA nos muestra dos cuestiones que, en mi opinión, es un olvido lamentable entre los defensores de la transformación radical de la sociedad. Por un lado, esta relación económica (compraventa de empresa) adopta la forma jurídica de opa, cuya regulación da lugar a un desarrollo del derecho mercantil privado y, en la medida que este tipo de operaciones afecta a diversos capitales, cada uno con sus intereses particulares en ejercicio (lucha de clases), da lugar a un ordenamiento mercantil-público y administrativo, que está garantizado a nivel estatal con el objetivo de que la compraventa se realice por su valor; cuestión ésta que, además de velar por la pax empresarial, es una condición del desarrollo fluido del capital total de la sociedad. La personificación de este capital total no es la clase capitalista, demasiado ensimismada en sus particulares intereses, y todavía tampoco es la clase obrera; su personificación es el estado en sus distintos niveles territoriales (Unión Europea, España o Cataluña). Todo esto es la superestructura en la que se desenvuelve la lucha de clases (ideológica y política) que acompaña, porque es la forma en que se realiza, a la operación de compraventa empresarial (base sobre la que se erige esta superestructura, o sea su contenido). Por otro lado, la compraventa empresarial es la forma concreta que adopta la centralización del capital, una tendencia absoluta del modo de producción capitalista que Marx descubrió y denominó ley general de la acumulación capitalista. Tendencia ésta que es la palanca principal de la superación del capitalismo, pues expresa cómo el propio desarrollo del capital lleva a que todo el capital quede en pocas, poquísimas -cuantas menos mejor- manos. Si se plantease la oportunidad de una transformación social profunda, avanzar hacia una gestión pública de sectores clave como la banca, sería más sencillo con un mapa financiero menos fragmentado. No, pero es mejor seguir apelando a la abstracta libre competencia y a la fragmentación de las fuerzas productivas.