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domingo, 30 de noviembre de 2025

Monarquía, Estado y capital en España (y II)

En la parte primera, vimos que la monarquía burguesa parlamentaria española del último cuarto del siglo XX presenta serios inconvenientes: institución antigua o pasada de moda; contraviene valores del nuevo Estado (hereditaria, con privilegios, nada feminista); ser heredera del franquismo; a los que se añadirán otros más indecorosos.

A pesar de ello, en 1975, luego con la Constitución de 1978, y si me apuran en 2014 (abdicación de Juan Carlos I), volverá a afirmarse como la forma política de la jefatura del Estado español. En lo que sigue intentamos responder al por qué.


La importancia de la pregunta

La reflexión, la investigación, por la necesidad de esta monarquía, más allá de satisfacer la curiosidad histórica, tiene que ver con la acción política consciente.

Sin el conocimiento objetivo de la realidad social, incluyendo el propio conocimiento como sujeto transformador, el cambio social se antoja un ejercicio de azar humanamente costoso.

Además, explicarnos la monarquía juancarlina tiene un efecto ideológico desmitificador en el que nos detendremos al final.


Monarquía y Estado monárquico

El Estado español de mediados de los setenta necesita una figura que represente su unidad (funcional, de clases, territorial, ideológica, generacional, etc.) y permanencia, ese será el jefe del Estado.

Ahora bien, por qué este nuevo Estado adoptó la monarquía como forma de su jefatura del Estado, primero dictatorialmente (1975-1978) y luego constitucionalmente (1978-2014). Dos aspectos a resaltar: el primero, es la continuidad respecto del franquismo (legalidad) que tranquilizaba a sus élites; después, para las élites democráticas (muy diversas y faltas de alternativa) les bastó con una monarquía parlamentaria donde el peso del ejecutivo recaía en gobierno y parlamento. El rey tuvo la capacidad de mostrarse como impulsor de la modernización, estabilizador del proceso, y dispuesto a ceder poder.

La ideología monárquica, bien por convencimiento bien por conveniencia, se erige en un aspecto de la ideología del Estado.

Ahora bien, esto nos plantea la pregunta de por qué la sociedad española decide incluir en su diseño de Estado moderno (social, autonómico, …) el aspecto monárquico.


Estado monárquico y lucha de clases

O de otra manera, por qué el monarquismo (antes el caudillismo) se erige en ideología del pueblo. Más allá del esfuerzo educativo y mediático, importante para ver el cómo (no nos detenemos en ello).

La monarquía representa un nexo con el franquismo de modo que las élites franquistas (militares, altos funcionarios, jueces, iglesia prevaticana-II, sindicalismo vertical, directivos de organismos y empresas públicos, parte del empresariado privado) así como el pueblo franquista la toleran.

Enfrente, las fuerzas democráticas tienen ante sí la tarea de construir, sobre las bases de la sociedad franquista, un Estado y una sociedad moderna (capitalista, abierta), democrática (parlamentaria, libertades), “homologable a los países de nuestro entorno”. La política está dirimiendo derechos civiles, sociales, territoriales, entre otros. La forma monárquica vs republicana del Estado no es una prioridad Es más, dentro de las fuerzas democráticas tiene partidarios la monarquía, o al menos la consideran útil (socios exteriores, parte del capital nacional, iglesia reformista, izquierda parlamentaria…). No en vano, la propia monarquía se había prodigado obteniendo apoyos exteriores (americanos, potencias europeas, monarquías árabes, latinoamericanos) e interiores (apoyo a Suárez, auspicia reforma política, respalda elecciones 1977) para presentarse como una institución moderna y dispuesta a acoger la democracia y, sobre todo logró presentarse como una figura de equilibrio de mínimos, de mediación entre fracciones de clase, de consensos políticos y de cohesión social.

De modo que si la monarquía se envolvía en papel democrático podía ser aceptada incluso por los que se reclamaban republicanos. El resultado de la votación sobre la Constitución, el 6 de diciembre de 1978 con una participación (67%) fue aprobada (88%) la Constitución.

Ahora bien por qué el debate sobre la forma de la jefatura del Estado, o sea república vs monarquía, era subsidiario; o por qué los partidarios de la monarquía tienen la fuerza frente a los republicanos.


Lucha de clases y capital nacional

Las luchas laborales, por los derechos civiles, también las autonómicas, a lo que se añade la competencia (de ramas y territoriales) de las empresas capitalistas, en un marco de crisis económica de los años setenta (inflación, reorganización sectorial y territorial del capital), genera un marco desestabilizador importante. La clase capitalista y sus partidarios, franquistas o no, temen por sus intereses. Necesitan previsibilidad, paz social, horizontes inversores atractivos y hacer negocios con el exterior.

La clase obrera aprovecha la debilidad del capital (conflicto, huelgas), pero a falta de un proyecto rupturista con el modo de producción (no entramos en el porqué), está limitada en sus aspiraciones por el propio capital (el salario no puede quebrar la empresa, el cierre empresarial es el paro obrero): la clase obrera todavía es un apéndice del capital.

Como tal, se le exigirá sacrificios (pactos sociales). Los sindicatos, también la patronal, y los partidos obreros mayoritarios se integran en los mecanismos de concertación (Pactos de la Moncloa, 1977). La monarquía contribuyó a canalizar el conflicto social hacia los pactos.

Lejos de necesitar otro frente, el debate sobre la jefatura del Estado es saltado, la sociedad decide focalizarse en otras prioridades del capital nacional: estabilización, modernización, europeización, entre otros.


Capital nacional e inserción internacional

El capital español para desarrollarse y expandirse tenía la necesidad de integrarse plenamente en la circulación mundial del capital (ampliar y diversificar el comercio, acceso a financiación y mercados de capitales, atraer inversiones, insertarse en la división internacional del trabajo). Los avances franquistas (acuerdo de bases militares de 1953, el concordato con el Vaticano), a pesar del favorable contexto de la Guerra Fría (Operación Gladio), fueron muy limitados chocando con el requisito que la comunidad internacional (Mercado Común Europeo, OTAN, entre otros) imponía: la democratización del régimen político.

La crisis internacional de los setenta (encarecimiento del petróleo, inflación) agravará esta necesidad del capital nacional, a la vez que acelera los deseos de consolidar vínculos atlantistas y europeos, ante el temor de una desestabilización.

La monarquía, lejos de ser un obstáculo para la democratización, y mucho menos para el mantenimiento del modo de producción capitalista (propiedad privada, trabajo asalariado, mercado), colaboró ampliamente con la inserción del capital español en el mundial (compra de petróleo barato a regímenes árabes, estrecha lazos con mercado iberoamericano, fluidez en relaciones con estadounidenses, intermedió en la europeización, etcétera).


Síntesis

La corona, ni cayó del cielo ni tocó en una tómbola, fue una figura necesaria para el desarrollo del capital español.

La circulación mundial del capital, con su reparto geográfico de bloques en el marco de la crisis internacional de los setenta, demandó del capital español el compromiso con el bloque occidental (OTAN, CE) y el establecimiento de una serie de relaciones diplomáticas, comerciales y financieras. El desarrollo del capital nacional, en este contexto internacional, exigía un Estado moderno, parlamentario, democrático, cuya construcción tenía como principal e inmediata materia prima el Estado franquista. La “muerte en la cama” de Franco abrió la oportunidad. La forma en que se realiza esta determinación es la lucha de clases, que atravesó toda la sociedad incluyendo el propio Estado. Ante la urgencia por resolver el diseño del Estado, la democratización, pacificar el conflicto social, gestionar la discusión territorial, el debate sobre la forma política de la jefatura del Estado se decantó por la monarquía como opción de consenso más eficiente. 

El Estado monárquico es el representante político del capital total de la sociedad española. Y el rey, su jefe.


Conclusiones

Puede pensarse que la monarquía no está en la esencia del capitalismo. De hecho tanto Marx (El 18 Brumario de Luis Bonaparte) como Engels (Anti-Duhring) exponen que la república es la envoltura política más adecuada del poder burgués. La actualidad confirma su juicio, sin embargo una parte de los países capitalistas es monárquica. Es el caso de España.

En 2014, en plena crisis social, tras conocerse diversos escándalos (fortuna opaca, regularizaciones fiscales, cobro de comisiones, a los que añadir los sentimentales) el rey Juan Carlos I abdicaba en su hijo Felipe VI. La opinión sobre la monarquía no es buena (el CIS no la data); la monarquía tiene la necesidad de recuperar legitimidad; pero, aún es útil para el capital. La privilegiada protección estatal de que goza (cárcel para Hasél, exilio para Valtònyc, Código Penal, Ley mordaza, nada de indultos, …).

Las nuevas generaciones deben conocer la historia y explicarse la realidad, ambas integrantes de la caja de herramientas del sujeto transformador.

Nuestro planteo ha sido pensar esta especificidad de la monarquía burguesa parlamentaria española desde la Crítica de la Economía Política. Entendemos este ejercicio como una acción política, en el contexto de otras muchas investigaciones más acreditadas, profusas y necesarias. Un esfuerzo que nos muestra a esta monarquía como un producto social e histórico, que parte de la necesidad del capital bajo la forma de la lucha de clases. Con esto la descubrimos como una institución necesaria (para el capital) y no accesoria, un sujeto político y no una mera figura simbólica (reina, pero no gobierna), y lejos de su neutralidad como un representante de los intereses del capital. Concretando así lo que dice la estrofa de La Internacional: “Ni en dioses, reyes ni tribunos, está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor.”

martes, 25 de noviembre de 2025

Monarquía, estado y capital en España (I)

La monarquía burguesa en el mundo y la tendencia reciente

La ONU reconocía, en 2025, a 195 países; de ellos, según la Wikipedia, unos cuarenta eran monarquías. Entre las 20 economías más grandes solo 6 son monarquías; y dentro de la Unión Europea de los 27 también seis (Bélgica, Dinamarca, España, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia). Estos datos nos ilustran sobre la especificidad de esta forma política que adopta el estado capitalista, como es el caso español. 

Todavía cabría pensar que sin ser la monarquía burguesa un atributo dominante pudiera ser emergente. Sin embargo, en los últimos cien años, tras más de cien estados creados y varias centenas de cambios de régimen político, el número de nuevas monarquías, incluyendo restauraciones, fue poco más de una decena. La mayoría en países musulmanes (Arabia Saudí en 1932, Jordania en 1946, Marruecos en 1957, Kuwait en 1961, Catar en 1971, …) y, entre las más recientes, nuestra España (1978), solo superada por Camboya (1993) y Baréin (2002).

Pretendemos, tras hacer una parada en la historia y otra en el derecho, explicarnos desde el punto de vista de la Crítica de la Economía Política esta especificidad monárquica de la sociedad española; que se nos vuelve aún más enigmática si tenemos en cuenta que esta institución contraviene principios definitorios de nuestro moderno, democrático, igualitario y social Estado español.

La ideología monárquica hispana

Algunos episodios de la historia española nos alertan sobre la posibilidad de prescindir de la monarquía: la muerte sin herederos de Carlos II (1700), la Guerra de Independencia (1808-1812), la Revolución Gloriosa (1868), la I República (1873-1874), la II República (1931-1936) e incluso la muerte del dictador Franco (1975). 

Sin embargo, todos ellos se resuelven en otros tantos momentos de restauración monárquica: inicio de la dinastía borbónica con Felipe V (1700), retorno de Fernando VII (1814), el recurso al infante italiano Amadeo de Saboya (1870), la Restauración borbónica con Alfonso XII (1874), paradójicamente el franquismo instaura un “Reino sin rey” y la Restauración juancarlina (1978).

Aún de manera contradictoria, podría decirse que hay en España una insistencia histórica en pro de la monarquía, avalando un sentimiento monárquico en nuestra sociedad.

Historia reciente de la monarquía

Tras las elecciones municipales, que originaron la marcha del rey Alfonso XIII, se proclama la II República española (1931-1936). La burguesía centralista apoyada en militares, católicos, fascistas y monárquicos, y temiendo la deriva rupturista (social, cultural y territorial), da un golpe de estado (18 de julio de 1936) que conduce a la patria a una guerra fratricida. La Guerra Civil (1936-1939) supondrá la muerte de cientos de miles de compatriotas, muchos de manera sumarísima aún yacentes en fosas, y llevará a buena parte de la sociedad española, primero, al hambre, y luego al atraso de varias décadas.

Franco, tras vencer en 1939 declara a España “Reino” por Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), sin abandonarla hasta su muerte. En 1954 se trae a Juan Carlos, primogénito de Don Juan (el sucesor natural por ser hijo de Alfonso XIII), para que inicie su formación en España, nombrándole “sucesor a título de Rey” en 1969 para lo que hubo de jurar los Principios del Movimiento.

De modo que la dictadura franquista, que acabó con la II República española, será una república de facto con la promesa de monarquía, que hará efectiva la joven democracia española. Así, tras la muerte de Franco (1975) y jurando las Leyes Fundamentales franquistas, Juan Carlos I accede a la Jefatura del Estado. Posteriormente, la Constitución de 1978, votada masivamente (67% de participación y 88% de síes), instaura la monarquía cuyas funciones se regulan en el título II de la Constitución (artículos 56–65). 

Monarquía parlamentaria española

La actual monarquía burguesa (parlamentaria) tiene poco que ver con aquella otra de principios del XVIII, el inicio de la dinastía borbónica (absolutista). Las transformaciones del estado capitalista no han dejado indemne a la jefatura del Estado.

Aún así, lejos del mantra que presenta a la monarquía como una figura simbólica sin incidencia práctica, la Corona tiene sus funciones constitucionalmente establecidas y reguladas mediante leyes.

España es un estado cuya forma política es una monarquía parlamentaria (articulo 1.3 de la Constitución Española, CE en adelante).

La Corona es el órgano estatal constitucional que detenta la Jefatura del Estado, y su titular es el Rey, actualmente Felipe VI. 

Se trata de un órgano separado, aunque relacionado, de los poderes clásicos: ejecutivo (nombra y separa miembros del Gobierno), legislativo (convoca elecciones y referendums, sanciona y promulga leyes) y judicial (art. 117 CE dice que la justicia la administran los jueces en nombre del Rey). 

Simboliza la unidad y la permanencia del estado español, así como arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Además, propone candidato a la Presidencia, acredita embajadores, ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El retrato oficial del Rey es un símbolo del Estado en sedes institucionales, igual que la bandera, y su uso está regulado por normativa de régimen local y protocolo administrativo.

La Familia Real, regulada en el RD 1368/1987, está formada actualmente por el propio Rey, Reina Letizia, Princesa de Asturias Leonor e Infanta Sofía y, tras la modificación de 2014, también acoge a los Reyes Eméritos, Sofía y Juan Carlos I. Pero, no es un órgano del estado ni administrativo. El Rey no responde por sus actos, mientras el resto de miembros sí. De estos, excepto la infanta, están aforados (por Ley Orgánica 4/2014, al Tribunal Supremo).

La Princesa de Asturias es la heredera al trono (art. 57 CE), y su figura se regula en un RD 1368/1987. Es la heredera por ser la mayor entre hermanas, pero si hubiera un varón la CE todavía le daría la primacía en la sucesión al trono (art. 57.1 CE).

El coste de la monarquía española

La Casa Real (art. 65 CE) es una estructura administrativa cuya función es constituir la infraestructura de apoyo a las funciones del Rey, pero no es un órgano del estado. Para dicha tarea goza de dotación económica (art. 65 CE) a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, además de normativa interna, regulación de regalos institucionales u obligaciones de transparencia (RD 297/2022).

Actualmente, la dotación presupuestaria de la que goza es algo más de 8 millones de euros (8M€), a lo que se añaden otras partidas de diversos ministerios (Exteriores, Interior, Defensa, Patrimonio, por ejemplo). Con ser importante, esta cifra es inferior al coste de otras monarquías europeas (Bélgica, 43M€; Países Bajos, 54M; Reino Unido, 86M) e incluso que la jefatura de Estado de otras repúblicas (Alemania 47M; Francia, 125M; Italia, 224M).

Esta modestia presupuestaria de la monarquía española (8M€), que no ha sido óbice para que el Emérito amase una fortuna estimada en 2.000M de euros, habla tanto de la debilidad de la institución como de la cicatería de nuestras élites gobernantes, de la valoración de mercado de la actividad regia, o de su eficiencia.

Recapitulación

La forma política del estado capitalista español actual, la monarquía burguesa parlamentaria, se nos presenta como un fenómeno singular en la evolución capitalista contemporánea: se impone a pesar de ser minoritaria y estar en retroceso. Además, se trata de una institución que contradice algunos de los valores en que se basa el propio estado. Para más inri, fue la forma que la dictadura franquista había propuesto para el futuro de España; por no hablar de la estrecha relación entre la dictadura y la persona de Juan Carlos. 

A pesar de estos “inconvenientes”, el estado democrático español hubo de adoptar esta contradictoria forma concreta, la monarquía. Rastreando en la historia española observamos, tras las idas y venidas del régimen político, una extendida ideología monárquica entre la sociedad, entre las diversas clases sociales, entre las élites gobernantes y la clase trabajadora (o su forma constitucional, el pueblo). 

La pregunta que se nos plantea tiene que ver con los fundamentos materiales de este sentimiento, con la estructura económica que lo soporta y de la que brota; o de otra forma, por qué la sociedad española, particularmente el pueblo español, tiene esta ideología monárquica. Esa es la línea que transitaremos en la próxima colaboración.


viernes, 17 de octubre de 2025

La naturaleza social de la URSS: revolución o fetiche

Introducción

El aniversario de la gran revolución rusa, el 25 de octubre (7 de noviembre en el calendario actual) de 1917, nos da un pretexto para pensar el régimen soviético.

Más allá de un asunto espinoso para los que se reclaman de la superación del capitalismo (socialistas, comunistas, marxistas, entre otros), e incluso para la izquierda estatalista, nos parece de cierta actualidad. No sólo la nueva potencia mundial, China, sino otros países como Vietnam, Laos, Cuba o Corea del Norte tienen regímenes similares.

Dicho esto, la pregunta es si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS, 1922-1991) fue la realización del socialismo, y si no lo fue qué modo de producción era el dominante, o qué relación social general regía aquella sociedad.


Interpretaciones sobre la naturaleza social de la URSS

Una puede tener la tentación de guiarse por lo que los soviéticos escribían. Por ejemplo, echar mano del Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la URSS que afirma que se estaba superando la primera fase del comunismo, el socialismo. O mejor aún, ver lo que decían sus constituciones: la de 1936 destacaba que la sociedad soviética había alcanzado el socialismo, y la de 1977 sostuvo que la URSS había construido el socialismo de todo el pueblo.

En esto coincidían con la ciencia oficial de los países capitalistas con la diferencia que éstos destacaban la dictadura, el totalitarismo, etc.

La posición del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética, partido único) también era compartida por los regímenes y las corrientes prosoviéticos (Ibarruri, Líster). Sin embargo, otras corrientes del marxismo discrepaban. Sin ánimo de ser exhaustivos veamos algunas.

La socialdemocracia clásica (Bernstein, Kautsky) negará el carácter socialista por la falta de elementos democráticos y el recurso a la violencia estatal. Los modernos hacen un uso “estético” del socialismo.

Los consejistas (Pannekoek, Maurin, Nin) serían de los primeros en criticar la forma partido-Estado y el trabajo asalariado planteando que se trataba de un capitalismo de Estado. Por su parte, lo trotskistas hablan de un socialismo degenerado donde la burocracia habría traicionado a la clase obrera, con fuerte crítica al estalinismo.

Maoistas y prochinos sostendrán que, tras el XX Congreso (1956), la URSS dejó de ser socialista para convertirse en social-imperialista.

Los eurocomunistas (Carrillo, 1977), críticos con el régimen soviético (Praga-1968, falta de libertades), lo califican de “intermedio”, ni capitalismo ni socialismo.

Muy similar, pero trece años antes, la posición de Claudín y Semprún (1964). También Sacristán (1968), del que se conmemora el centenario, niega el carácter socialista, además de criticar al estalinismo.

Otros teóricos coinciden en “ni socialismo ni capitalismo” sino régimen colectivista burocrático, donde la burocracia sería la nueva “clase” social enfrentada a la clase obrera por la gestión productiva.

Pero, dejemos las interpretaciones y pasemos a los hechos históricos.


En qué condiciones se formó la URSS

La previsible derrota rusa frente a la Alemania creó las condiciones para la revolución rusa que de la mano de Lenin y del partido bolchevique (escisión del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia), bajo la consigna “Paz, pan y tierra”, dando paso a la URSS.

La reacción internacional y el fracaso de la revolución mundial situarían a la nueva nación, en situaciones (internas y externas) complicadas: la guerra civil (1918-1922), guerra contra Polonia (1919-1921), campañas del Cáucaso (1918-1921), enfrentamiento con China (1929), el enfrentamiento con los kulaks por la colectivización (1929-1933), la guerra con Finlandia (1939-1940), los choques con Japón (1938 y 1945), la II Guerra Mundial (1939-1945), las deportaciones del colaboracionismo nazi, la Guerra Fría entre 1946 y 1979 (Berlin, Corea, Suez, Cuba, Oriente Medio, China, Afganistán), intervenciones en Hungría (1956) y Checoslovaquia (Primavera de Praga-1968), la guerra de Afganistán (1979-1989), diversos levantamientos secesionistas en la segunda parte de los ochenta y primeros noventa.

Como se ve pocos fueron los períodos de paz del régimen soviético. A pesar de ello, la URSS hizo logros importantes: avance en derechos laborales (jornada de ocho horas, vacaciones pagadas, abolición del desempleo, el moderno sindicato de servicios desde 1930s, entre otros); feminismo (voto, divorcio, aborto, trabajo fabril e incluso pilotaron aviones frente a los nazis), cívicos (alfabetización masiva en 1930s, educación-sanidad-vivienda-transporte gratuitos) y nacionalistas (teórico derecho a la secesión, autonomías); derrotó a los nazis en la IIGM (recomendamos el podscat La operación Urano); disputó más que honorablemente la carrera aeroespacial, la nuclear, y aspectos del progreso tecnológico y científico (matemáticas, astrofísica, química, biología), entre muchas otras cuestiones (cultura, deporte, ajedrez). Algunas de ellas fueron palancas fundamentales para su implantación en las sociedades capitalistas occidentales.

Cierto que, a veces, a un precio muy elevado: cada guerra fue seguida de hambre y muerte (la IIGM se llevó más de 20 millones de soviéticos), “errores” en las políticas que condujeron a hambrunas, la resistencia campesina a la colectivización forzosa (1929-1933), las purgas estalinistas (1936-1938) con mayoría de camaradas (Zinoviev, Kamenev, Bujarin, Rubin, Preobrazhenski, posteriormente Trotsky), la fuerte represión y persecución hacia los opositores (Sakharov, Solzhenitsyn), ausencia de “libertades” (prensa, expresión, movilidad), entre otras.

Pero, de vuelta: qué modo de producción sustentó a esta sociedad soviética.


Qué fue la URSS

Un régimen que expropió rápidamente a capitalistas y terratenientes (1917), eliminándolos y con ellos la competencia entre capitales. La propiedad de los principales medios de producción (industria, transporte, banca) se estatalizó aunque parte de la tierra se repartió entre campesinos (en los años 30 serán obligados a formar explotaciones estatales o cooperativas). La producción y la circulación de bienes y servicios se planifica (el primer plan quinquenal 1928-1932). Hasta aquí los principales elementos que nos hablarían de la superación del capitalismo y de la instauración de un nuevo modo de producción, el socialismo.

Frente a esto los elementos capitalistas: los productos del trabajo, bienes y servicios, que son medios de vida (los medios de producción los asigna el estado), siguen adoptando la forma mercancía y adquiriéndose en el mercado (regulado) a cambio de un precio; la fuerza de trabajo es una mercancía a la que se le paga un salario, por tanto, la clase obrera (asalariados) sigue existiendo. Lo cual nos lleva a plantearnos la existencia de la explotación de la fuerza de trabajo, y de la relación capitalista. También existe el dinero (el rublo no es simple unidad de cuenta, es medio de compra); a partir de 1960, se crea el crédito oficial y se establece el precio del dinero (tipo de interés).

En mi opinión, el estado sería, como propietario de los medios de producción, el gran capitalista. Gestionaría la producción a través de la oficina del plan (Gosplan), de igual manera que una empresa planifica su actividad. Las empresas serian órganos estatales, aún así compiten por la fuerza de trabajo, por la inversión y por el crédito, persiguiendo mayor autonomía.

Los mercados negros o paralelos, colas, cuellos de botella, corrupción, serían formas que acompañan al capitalismo de estado. En el que, a su vez, coexiste la tendencia a desarrollar los elementos capitalistas como muestran las diversas reformas que se emprendidas para asimilar el funcionamiento al de un mercado capitalista competitivo (NEP de Lenin en 1921-1928, los sovnarkhozy de Jrushchov en 1957, el beneficio planificado de Liberman de 1965, aperturismo al exterior de Brezhnev en 1973-1974, principio de autofinanciación impulsado por Kosygin 1973-1975, Perestroika de Gorbachov en 1985-1990).


Conclusión

La URSS fue la primera vez en la historia que el proletariado nacional, mediante la revolución soviética, eliminaba a capitalistas y terratenientes.

Pero, las relaciones sociales capitalistas (mercancías, dinero y trabajo asalariado) se mantuvieron.

Por lo que el estado soviético, que centralizó los medios de producción, seguía siendo el representante político del capital en su conjunto, un estado capitalista.

Aunque el estado estaba en manos de la clase obrera -no había otra-, solo una fracción de ésta, la ocupada estatalmente en puestos directivos (burocracia), se encargaba de la planificación y gestión de la sociedad.

Añadimos que la inserción en el mercado mundial, donde el estado soviético compite cual capital privado, muestra a la URSS como una forma específica del capitalismo.

Y esto nos enfrenta a la organización social del trabajo privado como un atributo enajenado en el capital, en la que el fetichismo de la mercancía es permanentemente negado como necesidad ideológica.

En cualquier caso, algunas preguntas nos asaltan: qué sentido histórico tuvo la revolución rusa en el contexto del desarrollo del capitalismo mundial; por qué el capitalismo estatal ruso hubo de revestirse del socialismo y recurrir al marxismo (materialista histórico y materialismo dialéctico); qué obstáculo encontró aquella generación de intrépidos y capacitados revolucionarios para superar el capitalismo ruso; si aquello fue capitalismo por qué la clase capitalista no le dió un momento de sosiego; por qué las fuerzas productivas de la sociedad rusa, que permitieron la victoria sobre el nazismo (ver el podcast La operación Urano), en vez de dar paso al socialismo evolucionaron hasta tomar forma en el actual capitalismo competitivo, previa desintegración del bloque de la Europa del Este (deshaciendo el imperialismo soviético). En fin.

Cien años después, algunas de las cuestiones planteadas, nos siguen interpelando. Ni la propiedad estatal ni la planificación son suficientes para hablar de socialismo. China, donde además se acompaña de capital privado y competencia, nos lo confirma. Sin embargo, hasta donde sé, a menos que el desarrollo tecnológico (automatización, IA) nos abra otras vías o formas de organización, ambas seguirán siendo necesarios para lograr la unidad directa entre la producción y el consumo sin más mediación que los seres humanos guiados por el conocimiento científico.


viernes, 10 de octubre de 2025

España: nación, estado y mercado

Introducción

La celebración, el 12 de octubre, de la Fiesta Nacional me ha llevado a pensar la españolidad. Una identidad cuya controversia histórica aún nos acompaña. A veces, se presenta como una esencia milenaria. Sin embargo, aquí, guiados por la Crítica de la Economía Política, defenderemos que se trata de un producto histórico-social. 

La nación española cuaja cuando el capitalismo crea el mercado nacional (bienes y servicios, tierra, dinero y trabajo). Un proceso mediado por la acción de las clases sociales, con el Estado como tejedor de la circulación global de las mercancías hasta convertirla en una experiencia común, española (símbolos, rituales, lengua, educación, conscripción e impuestos). Tras el “ser español” hay un contenido político con una base económica. El proceso histórico que lo originó se inicia en el siglo XIX.

Te propongo lo siguiente. Primero, vemos cómo nos orientan los científicos sociales. Luego nos centramos en la base económica del proceso. Finalmente, conectamos con la idea de la nación española como identidad contradictoria, que llega hasta nuestros días. 


Marco 

A lo largo de dos milenios, el mismo espacio fue Iberia, Hispania (Bética + Lusitania + Tarraconense), Hesperie, al-Ándalus, los Reyes Católicos “unifican” las coronas de Castilla y Aragón, Sefarad, “las Españas”, y Espagnia/Spain/España, esto último en la diplomacia europea del siglo XVII. Nombres que designaron un territorio y monarquías; pero no la nación española en sentido moderno.

Siguiendo al historiador Hobsbawm, la nación moderna, capitalista, requiere una serie de ingredientes: Estado administrativo con capacidad territorial (ley, hacienda, ejército, escuela); ciudadanía y política de masas; mercado integrado (infraestructura, moneda, crédito); cultura común estandarizada (lengua, currículo, prensa); y símbolos/rituales que naturalizan la pertenencia. 

Por otra parte, Marx nos encamina hacia el rastro de lo económico oculto tras las construcciones políticas e ideológicas. En este caso, la nacionalización (creación de la nación) española tiene como contenido económico el mercado nacional (tierra, dinero, bienes y servicios y trabajo). Detengámonos en esto.


Nacionalización de la mercancía tierra

El Antiguo Régimen anclaba la tierra a vínculos personales que habrán de ir desapareciendo (abolición de señoríos en 1811; desvinculación de mayorazgos en 1836; desamortización eclesiástica de Mendizábal en 1836-37; desamortización civil de Madoz, con venta de propios y comunales, en 1855; la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1861) ante el avance del capital que reclama la tierra como una mercancía más, que se privatiza, se inscribe, se vende y se hipoteca, en la misma moneda con seguridad jurídica homogénea. Un proceso no exento de conflictos en el que los beneficiarios son la burguesía y la nobleza compradoras, mientras las clases populares acrecentarían su proletarización y la Iglesia obtiene las dotaciones estatales al clero.


El dinero, forma general del valor nacional

La existencia de monedas provinciales y la dispersión de la emisión suponían trabas a la integración de precios así como a la confianza fiduciaria a escala nacional. En esto los hitos principales son: la creación del mercado de capitales, la Bolsa de Madrid (1831) a la que seguirían Barcelona y Bilbao; el establecimiento de la moneda única, la peseta (1868); el monopolio de la emisión se otorga al Banco de España (1874). No solo se trataba de que circularan las mercancías, también los capitales que financiarían ferrocarriles, teléfonos, minas y fábricas, bajo un lenguaje de precios común, un medio de pago fiable y aceptado, y una información nacional (prensa y publicación de cotizaciones). 


Unidad nacional del mercado de bienes y servicios

La circulación general de las mercancías de manera homogénea, permitiendo experimentar todo el territorio nacional como una unidad económica, exigió derribar las barreras locales. Desde mercantiles con la promulgación del Código de Comercio (1829 y 1885) unificando contratos, facturas, sociedades hasta administrativas (división territorial en provincias de 1833). Pasando por garantizar la seguridad en los caminos (Guardia Civil en 1844), la reforma fiscal de 1845 (Mon-Santillán) que unifica tributos, el despliegue de los transportes como el ferrocarril (1848) y las comunicaciones (teléfono en 1880s), la unificación de tarifas de correos (el primer sello nacional data de 1850), la eliminación de los portazgos y los pontazgos (1868). Se trata de eliminar costes de transacción (aranceles), alinear mercados facilitando la convergencia de precios y la fluidez de la información, creando la imagen de unidad nacional de mercado que da: mismo contrato, misma moneda, misma factura, mismo juez.


La fuerza de trabajo como mercancía nacional 

La transformación de la fuerza de trabajo en una mercancía de ámbito nacional requiere además la abolición de los gremios (1830s), la obligatoriedad del servicio militar que mezcla los reemplazos regionales, facilitar su movilidad tanto interior campo-ciudad (1880–1930) como la exterior masiva hacia América y Europa. Además, la Ley de Asociaciones (1887), el Instituto de Reformas Sociales (1903), el Instituto Nacional de Previsión (1908) y la jornada de Ocho horas (1919) cimentan un lenguaje nacional de derechos y conflictos: huelgas, carestía, convenios, seguros… El obrero local empieza a pensarse en términos “nacionales” de convenio, salario, y derechos; en tanto la prensa multiplica esta conciencia compartida. 

A través, y a la vez, de la constitución de esta unidad de mercado vemos que va emergiendo la nación española, en su materialidad y en su espiritualidad (conciencia nacional), dejando de ser una mera retórica para ir aterrizando en un modo de vivir en esta sociedad, una forma de trabajar, comprar, pagar, estudiar, viajar, opinar y hasta pelear, en común.


Conclusión

La Crítica de la Economía Política nos invita a ver la nación española como una comunidad política (o pueblo soberano con derechos y deberes) resultado de la acción de las clases, en su unidad y lucha, con gran protagonismo del Estado, encargado de organizar, fiscalizar y ritualizar la construcción del mercado nacional.

La nación española se acompaña de la conciencia nacional española, que apela al sentimiento de pertenencia e identidad que tienen los individuos que integran la comunidad, y se sirve de los símbolos (bandera, escudo, himno, la selección o la Fiesta Nacional,…) para vincular lo material y lo emocional; cuando ondea la bandera (Carlos III en 1785) no es sólo estética o territorialidad, es también derechos y obligaciones. 

Como proceso en construcción y en continua disputa, la nación española se reconfigura. El desarrollo del capitalismo español va imponiendo sus particularidades a través de la interacción de las clases sociales: definiendo su marco (Constitución de 1978); integrándose en el mercado europeo con su moneda y políticas; reordenando la tierra a través de la PAC y la transición energética; o redefiniendo el trabajo y la circulación de la información mediante la robotización, la digitalización y la Inteligencia Artificial. Podemos seguir llamándola España: pero, aun con los mismos símbolos, su contenido político, las relaciones sociales y el catálogo de derechos y deberes cambian.

sábado, 12 de julio de 2025

Poder judicial y capital (y 3)

Exploramos diversas ideas: el papel del sindicalismo judicial en la politización de los jueces; el fenómeno del enfrentamiento ejecutivo vs judicial a nivel internacional y las peculiaridades del caso español; y la determinación más general, el papel del poder judicial en la relación de capital.


Protesta laboral y politización judicial

Los últimos tiempos fueron testigos del ascenso de la politización del poder judicial que adquirió niveles de visibilización desconocidos. Una vanguardia judicial, que no tiene que ser toda de derechas (pero, lo es predominantemente), ha estado acompañada por todo el entramado judicial, e incluso social (medios, partidos y empresas, por ejemplo). Nuestra hipótesis es que la protesta judicial de los últimos tiempos, sobre todo laboral, ha servido para empoderar al colectivo y estimular a los individuos protagonistas de este creciente protagonismo político.


Con esta de 2025 ya son seis las huelgas de jueces convocadas en democracia. En la primera, en 2009 (PSOE), el colectivo pidió adecuar el ratio de jueces a los estándares europeos, que se cumpliera la ley de retribuciones, recién aprobada en ese momento y que suponía subidas salariales, y la retirada del proyecto de ley de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios. La siguiente, en 2013 (PP), apoyada por unos 2.100 profesionales y secundada por todas las asociaciones judiciales excepto APM, se convocó en protesta contra las reformas del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En 2018 (PSOE) se hicieron dos huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales, en mayo y en octubre. La penúltima, en 2023 (PSOE+UP), se convocó, pero no se terminó materializando, tras alcanzarse un acuerdo sobre una subida salarial con el Gobierno.


Este ciclo de movilizaciones judiciales ha creado las condiciones para que jueces con determinados perfiles ideológicos acompañaran a otros poderes (mediático, partidario, empresarial) en la presión política, sin apenas costes (huelgas gratuitas, irresponsabilidad ante errores, ausencia de criticas mediáticas, etc). Nada que ver con el coste que pagan otros colectivos cuando protestan (Las seis de La Suiza, la huelga del metal en Cádiz, Los seis de Zaragoza, el rapero Pablo Hasél, Óscar Reina del SAT, el caso Nahuel, entre otros).


Poder judicial versus poder ejecutivo

La mencionada politización judicial y la judicialización de la política han tenido que presentarse como un enfrentamiento abierto entre dos poderes del estado (judicial y ejecutivo), fenómeno que se ha repetido a escala internacional. Ambos poderes, expresión de la división de poderes del estado capitalista, lejos de garantizar su pacífico desarrollo (principio de control y equilibrio) se ha convertido en fuente de inestabilidad. Esta guerra entre los diversos aparatos estatales tiene que expresarnos cambios en el estado y necesidades respecto de su función en el sistema capitalista.


La Gran Recesión de 2008, el tambaleo del sistema financiero a nivel internacional, la crisis de legitimación derivada, quizás brindó la oportunidad para que, ante el debilitamiento de los poderes tradicionales (empresarial, legislativo, ejecutivo), el poder judicial asumiera el papel protagónico (encaramados a sus estrados, armados de sus togas y con sus mazos en ristre) que la estabilidad del sistema requería cuando la lucha de clases podía ponerlo en peligro. 


Efectivamente, diversos países conocieron este fenómeno, previamente los jueces se habían presentado como saneadores de un sistema político y económico podrido, adquiriendo ese falso halo de independencia y neutralidad otorgado por la condena a empresarios y políticos corruptos. Así Fernando Lugo (Paraguay) destituido en 2012, Dilma Rousseff (Brasil) a la que se aplicó un impeachment (acusación) en 2016, Rafael Correa (Ecuador) exiliado desde 2017 y condenado finalmente en 2020, Lula da Silva (Brasil) condenado y encarcelado en 2017, Evo Morales (Bolivia) condenado en 2019, Cristina Fernández (Argentina) condenada en 2022 y recientemente encarcelada domiciliariamente, Pedro Castillo (Perú) destituido y encarcelado en 2022, en cuanto ejemplo de dirigentes izquierdistas en el poder laminados en procesos (golpes blandos) con activismo judicial destacado. Los casos en que los líderes izquierdistas no están el poder y a los cuales se les monta una campaña judicial-mediático-partidaria para evitar que ganen elecciones o reducir sus resultados son también frecuentes.


Sin embargo, y sin negar lo anterior, algunos casos de líderes de derecha (Trump, Bolsonaro, Sarkozy, Netanyahu, varios de los ministros de Aznar, Rajoy y su ministro Fernández) también han sido objeto de denuncias y condenas judiciales. Ciertamente, nada que ver con la saña y la agresividad judicial y mediática cuando los políticos son de izquierdas.

En cualquier caso, nuestra hipótesis es que aunque el ensañamiento se produzca cuando los líderes y las políticas que emprenden remueven estructuras y cuestionan el poder de las elites, el fenómeno iría más allá de la confrontación izquierda versus derecha, enlazando con el desarrollo de la lucha de clases. Incluyendo la lucha dentro de la propia clase obrera, entre sus fracciones, una de las cuales son los jueces. 

Esta guerra dentro del estado tiene que decirnos algo, sobre el papel del estado en la sociedad capitalista, por un lado, y sobre su propia reconfiguración, es decir cómo ha de cambiar para llevar a cabo su función de la manera más adecuada. Pero, cual es el papel del estado, qué papel ocupan los jueces y los gobiernos, qué relación puede tener esto con los cambios en las sociedades y en su principal vinculo organizador, el capital; qué le ocurre a la acumulación de capital a nivel internacional que se está expresando, ya en el ámbito de la lucha de clases, con este enfrentamiento entre los poderes del estado y en el que los jueces han adoptado un papel protagónico. Es posible que la automatización, la digitalización y la IA, como formas de la plusvalía relativa, tengan esta expresión política. O estos cambios técnicos amenacen la propia función judicial, y la politización de la justicia responda a esta necesidad. Preguntas cuyas respuestas pueden tener interés en la organización de la acción política de la clase obrera, pero que por ahora no estamos en condiciones de responder.


Justicia y conflicto en el capitalismo

La relación social específica del modo de producción capitalista, la compraventa de la fuerza de trabajo (relación económica), enfrenta a dos mercancías: el dinero y la fuerza de trabajo. Pero, las mercancías, como dice Marx, no van solas al mercado. Por ello, esta relación económica aparece como un acuerdo consciente y voluntario entre individuos propietarios, iguales, que buscan su propio interés y libres, o sea un contrato. En nuestro caso el contrato laboral, la forma jurídica que adopta la relación económica asalariada (cambio de fuerza de trabajo por salario). Y allí, en el mercado, los portadores de las mercancías han de personificarlas, han de pensar y actuar como si ellos fueran sus respectivas mercancías. Esta es la primera determinación de la conciencia de los individuos propietarios de mercancías, su conciencia libremente enajenada (el contenido, la enajenación, adopta la forma de la libertad).

Esta relación es estructuralmente antagónica y conflictiva, el interés de uno se opone al del otro (más salario y menos jornada, demanda el obrero, frente a menos salario y más jornada que exige el capitalista) y el acuerdo presupone la tensión y la lucha.

Esta conflictividad se irá trasladando en los diversos niveles en que se va transmutando la relación económica desde el contrato individual hasta la ley pasando por el convenio o contrato colectivo y, finalmente, el propio estado. Todos son formas jurídicas y políticas de la lucha de clases, a su vez la forma necesaria de realizarse la relación social (económica) fundamental, el capital y su movimiento (la acumulación de capital).

El papel del juez, del sistema judicial, del aparato judicial de estado, del poder judicial, es garantizar el cumplimiento de las formas jurídicas de la relación económica, o sea garantizar que la compraventa por el valor está formalizada. Canalizan el conflicto de clases hacia el mundo de las formas jurídicas, con ello trasladan (pero no resuelven) la contradicción. El fin es evitar que la lucha de clases desborde la acumulación de capital, o sea garantizar formalmente el orden social (de la garantía material se encargan la policía, el ejército y el sistema presidiario). El sistema judicial pertenece al estado, por tanto representan al capital en su totalidad social; no representan a este o aquel capital, sino al conjunto. Por eso, tras su independencia de los capitales privados, lo cual no exime que estén influidos por ellos, es el servidor de la relación capital. Los jueces personifican su mercancía, la fuerza de trabajo cuyo valor de uso es el cumplimiento formal de los contratos, por tanto de la propiedad, la libertad, el interés privado y la igualdad. Ni que decir tiene que son los valores ideológicos que pueden ser realizados en la sociedad capitalista, no las ideas que cada cual quiera tener sobre ellas (idealismo).


La solución definitiva de las contradicciones de clase no tiene otra manera de llevarse a cabo que con la eliminación de las clases, el socialismo. En el proceso que nos lleve a tal fin, qué papel jugará esta particular fracción de la clase obrera (si logra sobrevivir al avance de la IA) cuya función inmediata es la coacción jurídica del resto de la sociedad. No puedo menos que recordar la anécdota de Lenin al comentar las dificultades de la transformación de los aparatos de estado; allí específicó, sin embargo, que uno de los más fáciles de sustituir era el judicial, primero porque las leyes anteriores eran poco válidas en el nuevo orden social y, segundo, porque para la aplicación de las nuevas leyes contaba más el sentido común al alcance de cualquier obrero que la enrevesada jerga leguleya de la justicia burguesa.

jueves, 3 de abril de 2025

Trump, el capital USA y la geopolítica mundial

 

Mirar a Trump y sus propuestas invita a un diagnóstico que no supera la apariencia. De este modo, se nos presenta, unas veces como un infatigable pacifista (guerra de Ucrania) mientras que otras es el colaborador de un genocidio (Palestina). También pretender hacer grande América a costa de fastidiar a sus vecinos (Groenlandia, Canadá, México o Panamá); traiciona a sus aliados tradicionales (Unión Europea); emprende una cruzada contra el estado profundo, o se muestra bravucón y malote (muro, cúpula dorada). Todas son expresiones de su naturaleza ambigua y confusa. 


Pero, Donald Trump, su política, el equipo que la diseña y que la lleva a cabo, los intereses que defienden y las personas que se sienten representadas por todo ello, en definitiva el trumpismo, no son una casualidad histórica. Tampoco creemos que haya un designio sobrenatural al respecto (muchos piensan que Dios perdonó la vida a Trump para hacer algo importante). A riesgo de parecer deterministas, nuestra propuesta consiste en comprender este fenómeno en su vinculación con la sociedad en la que se desenvuelve y de la que forma parte.


Donald estudió economía en el marco de una familia de capitalistas del negocio de las inmobiliarias y la construcción. Además, de gestionar ese capital, participó durante varios años en un programa televisivo. A pesar de su religiosidad, su carrera empresarial y su vida privada han estado salpicadas por el escándalo, al punto de ser el único presidente condenado por un tribunal de justicia. Forbes lo sitúa en el club de los milmillonarios desde hace más de diez años. Pertenece a esta casta de capitalistas metidos a políticos (Berlusconi, Bolsonaro, Macri, Piñera, Novoa, Fox o Sunak) a la que poco se reprocha el conflicto de intereses.


Con esta biografía resulta difícil no situarlo como un producto del capital norteamericano. Pero, más allá de que él personifica una porción de este capital, sus principales colaboradores son capitalistas o ideólogos del capitalismo, también sus promotores.


El apoyo más visible está formado por la élite empresarial tecnológica del Silicom Valley (Musk, Vance, Zuckerberg, Bezos, Altman, entre otros); también las de la industria petrolífera, el armamento, la automoción, el sionismo, o el agro, entre otros. En su ideario, relacionado con el ultraconservador Proyecto 2025 (encabezado por la Heritage Foundation, lobby negacionista del cambio climático que financian las petrolíferas) y el movimiento neorreaccionario (Nrx, de intelectuales críticos con la Ilustración) de ahí su reclamo del antidemocratismo, la supremacía blanca, la aristrocracia, etcétera; la última de esta Ilustración oscura es acabar con la constitución americana proponiendo la dictadura de Trump. Una mezcla de capitalismo imperialista, tecnologismo y ultrarreaccionarismo. Tras el ataque al regulacionismo globalista que pone en el centro al sector público emerge el autoritarismo tecnorreaccionario. Pero, el apoyo de la clase capitalista no es unánime. Su enfrentamiento con el estado profundo revela la lucha dentro de la propia clase capitalista, en la que se mezclan aspectos tecnológicos, económicos e ideológicos. La misión del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, que dirige Musk, es limpiar el aparato de estado, no eliminarlo. Otro de los aspectos que expresan esta lucha intercapitalista es la propuesta de la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión de las actividades económicas (públicas y privadas) y la sustitución de la regulación estatal por las reglas algorítmicas adecuadamente programadas -eso sí- por ellos. Igualmente tiene detractores en el mundo de las finanzas (Soros, JP Morgan, Reserva Federal). 


Además, la victoria electoral de Trump, no puede explicarse sin la colaboración de una buena parte de las clases trabajadoras (asalariados y autónomos) ascendentes, que tienen patrimonio y sueldos elevados, que esperan de Trump la bajada de los impuestos. A las que se suman una parte de las clases trabajadoras descendentes, cuyo nivel de vida se ha venido deteriorando (salarios reales estancados, empleos precarios), y que confían en ser incluidas en el MAGA (menor emigración, expulsión de emigrantes ilegales, relocalización de fábricas, mantener a raya a las minorías). Para ello ha sido necesario el despliegue mediático, TV y redes sociales, que acompaña a Trump, más allá de que la propia subjetividad (hombre de negocios, charlatán) lo conviertan en buen encantador de serpientes que vende el viejo crecepelos del sueño americano.


En cualquier caso, Trump es el portavoz del representante político del capital total de la sociedad estadounidense. Esto no es óbice para que si este capital total encontrase una limitación en este personaje, mañana surgirían las condiciones para dejarle a un lado.


Y es que el capital estadounidense no está solo en el mundo. La acumulación mundial, sobre la que se erige la geopolítica internacional y sus bloques, reúne y entrelaza a los distintos capitales nacionales mediante las cadenas globales de valor. 


Los cambios en los procesos de trabajo (robotización, digitalización, automatización, entre otros) van determinando una nueva división internacional del trabajo que es la base de esta acumulación de capital donde el capital americano va quedando rezagado en el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, por tanto en su competitividad, reduciendo así su apropiación del plusvalor mundial y su capacidad para acumular.


Así, por fuerte que sea, está relacionado, bajo formas colaborativas y competitivas, diplomáticas o rudas, etc. Esta compleja red global de cadenas de valor en que consiste la acumulación mundial de capital, aparece como competencia en torno a: fondos monetarios, suministros de medios de producción (materias primas, auxiliares, productos semielaborados o maquinarias), movimientos de la mano de obra (tanto por repulsión como por atracción), mercados donde se venden los productos, productos que muchas veces son medios de producción de otros procesos de otros capitales de otros países, las vías de comunicación y transportes por las que transitan. Incluso la situación y localización de un país, por su importancia en el tráfico de las mercancías o para la defensa y garantía de la seguridad de todo lo anterior, pueden convertir a países en colaboradores o competidores, en aliados o enemigos.


Entre los capitales emergentes, y sus diversas combinaciones, bloques o grupos, unas veces temporales y otras más duraderos, el capital chino destaca en su expansión, señalándose como el principal rival del hegemón yankee. Pero, no es el único, de ahí el multipolarismo del orden capitalista que parece vislumbrarse, destacando además Rusia (potencia militar), el resto de BRICS+ (Brasil, India, Sudáfrica, entre otros) así como la Unión Europea, la OTAN, el G-7, etc.


Aunque el enemigo principal es China, su debilitamiento puede pasar por atacar a sus aliados y socios (Irán, Sudáfrica), y por fortalecer a sus competidores; también vale el acercamiento amistoso a los colaboradores de China para que reduzcan esta colaboración (Rusia, India). En realidad, cualquier país puede ofrecer interés para el capital americano y, por tanto, ser objeto de su imperialismo agresivo, de ahí la guerra comercial contra todos. Forzando a los distintos países o bloques a establecer relaciones de uno a uno donde hacer valer su fuerza con el propósito de extraerles el máximo valor (recursos naturales, privilegios de paso por lugares estratégicos, mercados garantizados, etcétera). Las posibilidades de esta línea de acción descansa en el chantaje y la fuerza.


Desde el punto de vista de la competencia con China y el estrechamiento de la brecha abierta en los últimos veinte años, el capital norteamericano requiere que el gobierno de USA potencie un intenso crecimiento y elevada rentabilidad. America first! Para lo cual necesita apropiarse de más, mucho, valor. Lo que puede hacer con dos vías.


En primer lugar, procurar la afluencia de valor desde el exterior, bien exportando más que importando (aranceles, guerras comerciales), bien sustrayendo recursos del exterior (acuerdos como el de las tierras raras o infraestructuras energéticas de Ucrania, o convertir Gaza en un gran resort hotelero). Las exportaciones exigen, en última instancia, mejorar los precios previo avance en la productividad. De modo que el recurso más inmediato que le queda al capital americano, para extraer valor del resto del mundo, es acentuar el carácter depredatorio de su actividad económica (monetizando inversiones caso de la guerra de Ucrania, amenazas de ocupación como Panamá, anexionando áreas como Groenlandia, bombardeando como en Yemen, entre otras posibles).


No obstante, la principal fuente para reducir la brecha con China sigue siendo el crecimiento endógeno del capital americano, lo cual está precedido de una fuerte inversión que haga multiplicar la producción y la productividad. Pero, esto supondría tensionar la sociedad estadounidense. Primero, el aumento de la productividad exige cambiar el aparato productivo así como el recurso a intensificar la explotación de la propia fuerza de trabajo (alargar jornadas, aumentar intensidad, o reducir salarios). Luego, el incremento en la formación bruta de capital restaría la expansión del gasto interno (público y privado) con lo que se resentirían el bienestar de la mayor parte de la población (consumo y servicios públicos). 


En ambos casos, menos gasto interior y más explotación laboral, contribuirán a poner en peligro la promesa trumpista de frenar el deterioro del nivel de vida del americano medio, o sea el MAGA de la clase obrera. Que si, además, Trump acompaña de su genuina política de dividirla enfrentando a mujeres y hombres, nacionales y extranjeros, blancos y negros, entre otras, las condiciones para una protesta social estarán servidas.


Ante el posible avance de esta contestación, el trumpismo recrudecerá la represión interna. De hecho ya ha empezado, como muestran las deportaciones de residentes legales por motivos políticos (caso del estudiante Khalil por liderar las protestas en favor de Gaza) o el intento de silenciar y socavar la autonomía universitaria mediante los recortes presupuestarios. La represión interna es la otra cara de la agresividad externa del imperialismo norteamericano en declive. 


Las actuales condiciones de la acumulación, es decir los cambios en la materialidad de los procesos productivos y la nueva división internacional del trabajo que de ellos se derivan, están dando pié a una competencia entre capitales en la que la hegemonía americana aparece cuestionada. La respuesta del representante político del capital total estadounidense adopta la forma de políticas depredadoras cada vez más agresivas para acelerar el crecimiento de este capital mediante la apropiación de más valor. Tanto en el exterior, donde se imponen pérdidas patrimoniales al resto de países sobre la base de imponer su mayor fuerza (económica y militar), como en el interior donde es sacrificado el bienestar de los sectores populares en pro de generar las condiciones de una masiva inversión. En ambos casos, dichas políticas, es probable que vengan acompañadas de importantes resistencias bajo la forma de competencia entre capitales, guerras entre países y luchas entre clases sociales, para lo que será necesario implementar mecanismos de dominio y represión, abriéndose así un período convulso de agudización de tensiones de resultado incierto. Cuando las fuerzas políticas tradicionales defensoras del capital han agotado su capacidad de expresar la expansión capitalista, la ultraderecha es el último muro de contención. Ese es el significado del trumpismo y eso es lo que personifica Trump, el líder de la ultrarreacción mundial. 


Ahora, los partidarios de ¡la humanidad primero! tienen algo que decir: cuestionar el capital como relación social que organiza la sociedad, desarrollar las fuerzas productivas del trabajo a través de la centralización, avanzar en la socialización de los medios de producción, planificar la economía norteamericana, defender la paz y los derechos sociales, unificar las luchas de los trabajadores, operar para que se extienda la conciencia que haga posible todo lo anterior, son algunas posibilidades de las clases trabajadoras americanas. Veremos

martes, 18 de febrero de 2025

Deepseek y el plusvalor extraordinario: la crítica

La exposición de la crítica de la economía política supone, tras el análisis que se ha venido haciendo anteriormente (el dato y el relato), la reproducción sintética del movimiento del capital a nivel mundial, desde su forma competitiva entre norteamericanos y chinos -particularmente en la rama de la Inteligencia Artificial- hasta su concreción en el modelo R1 de Deepseek. En este desarrollo se destaca la apropiación del plusvalor y, en lo inmediato, la del plusvalor extraordinario. Finalizamos indicando algunas tendencias que se desprenden de este fenómeno.


La expansión mundial del capital, o sea la acumulación de capital, requiere la producción de plusvalor (ley absoluta del modo de producción capitalista, Marx); esta producción está en la esencia del capital en cuanto valor que se valoriza. 


La acumulación de capital, cuyo contenido es mundial, se presenta nacional en su forma (como dice el profesor Iñigo en su obra El capital: razón histórica). Así, el movimiento expansivo del capital adopta la forma de relaciones (conflicto o alianza) entre estados, en tanto representantes políticos del capital total de cada ámbito nacional. Hoy marcadamente enfrentados aparecen el capital chino y el norteamericano, entrando en juego la disputa por la apropiación del plusvalor mundial.


Pero, sea cual sea su forma (nacional, ramal u otra), el capital persigue el máximo plusvalor, y la modalidad más potente de producirlo es el plusvalor relativo, es decir el aumento del plustrabajo mediante el incremento de la productividad social del trabajo.


Una expresión de esto es el desarrollo de la Inteligencia Artificial, cuya aplicación generalizada, no solo como medio de vida sino además como medio de producción, supondrá un fuerte crecimiento de la productividad social del trabajo abaratando la fuerza de trabajo e incrementando, por tanto, el plusvalor. Este mayor plusvalor será disputado entre los distintos capitales, primero a nivel mundial, para luego redistribuirse nacionalmente, y no solo en su rama sino en el conjunto de la sociedad.


Por ello, el interés de los capitalistas y de los estados en el impulso de esta estratégica rama, como muestran los diversos planes y proyectos gubernamentales. Contando el estado chino, en este caso, con una singular potencia como es la capacidad de planificación.


Sin embargo, el mencionado aumento de la productividad social, y el mayor plusvalor que origina (plusvalor relativo), toma forma en nuestro caso, en la innovación técnica, que da lugar al plusvalor extraordinario. 


El plusvalor extraordinario empieza con una gran idea. Un capitalista, en nuestro caso Liang Wenfeng, también empresario de Deepseek, ha logrado que sus empleados creen un nuevo método de producción que les ha permitido producir una mercancía (R1) mejor y más barata que los modelos equivalentes de IA.


La comercialización de este producto le va a permitir obtener una plusvalía extraordinaria, que consistirá en la diferencia entre el precio correspondiente al valor social (promedio de la rama) y los menores costes de producción basados en la mayor productividad. Incluso, estos costes menores permiten a Deepseek reducir precio con lo que amplía clientela. Pero, ¿de dónde sale esta plusvalía extraordinaria?


La plusvalía extraordinaria tiene su origen principalmente en el trabajo de la rama, y no solo en el trabajo de la empresa innovadora, constituyendo una forma en que la empresa innovadora se apropia parte del plusvalor producido por sus competidoras.


Esto explicaría el redoblado enfado del capital, del gobierno y de la sociedad norteamericanos, pues no solo han quedado tecnológicamente por detrás del capital chino, sino que éstos se están apropiando parte de su plusvalor.


Efectivamente, veamos qué pasa con la competencia estadounidense. En este proceso en el que todavía no se generaliza la nueva técnica, la competencia (en nuestro caso, OpenAI, Google, Meta, Microsoft, entre otras), reducen beneficios porque van perdiendo clientela y se ven obligados a bajar precios. Si la situación persiste sin que modifiquen sus procesos productivos, para ponerse al nivel de Deepseek o superarlo, entrarán en pérdidas corriendo el riesgo de desaparecer junto con la fuerza de trabajo que usan. Así, mientras una parte de los trabajadores norteamericanos pasaría al ejército laboral de reserva, el ejército activo del capital estadounidense estaría produciendo plusvalor para Deepseek mientras le siguen pagando el salario sus empleadoras yankis. 


Cuando la nueva técnica se generalice ocurrirá que: el valor social del producto habrá descendido desapareciendo la plusvalía extraordinaria; el capital de la rama habrá crecido atraído por esta plusvalía; la rama tendrá menos capitalistas que serán más grandes (concentración y centralización del capital); y el mercado se habrá ampliado al ser incorporado el producto por el resto de ramas y al consumo final, merced a la reducción de su valor social (democratización del producto). 


La crítica de la economía política observa además, que la industria de la IA habrá transformado sus procesos productivos, los obreros que los ejecutan también habrán cambiado (atributos productivos distintos). Igualmente mutarán los procesos laborales donde se implante la IA, y con ellos la fuerza de trabajo que los lleva a cabo. Gran parte de la clase obrera mutará y con ello se transformarán los requisitos de su reproducción (formación, consumos, familia, ocio, ideología). La población obrera sobrante, el ejercito laboral de reserva, cambiará. Toda la clase obrera, junto con sus expresiones políticas y la necesaria lucha de clases que habrá de acompañar el proceso, también se transformarán. Cierto, esto ya ha ocurrido antes, con la máquina herramienta, con la cadena de montaje o con el robot, y ahora con la IA; siempre el mismo contenido, pero con distintas formas.


Hemos visto que tras el plusvalor extraordinario está la innovación técnica, pero qué hay detrás de la innovación técnica. En lo inmediato, está el trabajo de las personas implicadas en esta empresa, desde sus capitalistas hasta sus obreros. Pero, hay más.


Esta innovación tecnológica que ha dado lugar al modelo R1, no es el simple resultado de la genialidad de Liang, el fundador de Deepseek; ni si quiera es el producto del abstracto trabajo de su fuerza laboral. Este esfuerzo colectivo hubo de requerir unas condiciones concretas: una sociedad como la china, cuya sociedad impulsó la formación, particularmente tecnológica. También de una política gubernamental que incentivara la Inteligencia Artificial como una rama estratégica. Además, supuso, muy específicamente, unas condiciones competitivas que llevaron a restricciones en el uso de la tecnología más avanzada en ese momento, provocando la implementación de alternativas. Más aún requirió todo el conocimiento social previo sobre la IA, en buena parte de origen norteamericano. Y necesitó, como hemos mencionado, la producción de plusvalor y el capital con su pulsión expansiva.


Ahora, con estos elementos, el modelo R1 creado por la empresa china de IA, Deepseek, se nos presenta, no como una ocurrencia feliz de un chino inteligente, sino como una forma concreta síntesis de múltiples determinaciones, que han sido desveladas. Más particularmente, R1 de Deepseek es una expresión del capital; es la forma concreta en que el capital chino, en la figura de Deepseek (fuerza de trabajo y medios de producción), lleva a cabo una innovación tecnológica (plusvalor extraordinario), que es a su vez la forma en que se desarrolla la Inteligencia Artificial (plusvalor relativo), siendo ésta la modalidad mas potente de producir plusvalor, sobre cuya base gira la lucha competitiva entre los distintos capitales por la apropiación de este plusvalor; esta competencia es la forma en que se desarrolla el capital que tiene en su naturaleza su expansión mundial.

jueves, 7 de marzo de 2024

Feminismo y acumulación de capital en España, 1977-2023

 

1. Introducción

El avance social de los derechos de la mujer, del feminismo, y la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral son fenómenos bastante evidentes, sin embargo la relación que se establece entre ambos es controvertida. Algunos incluso la niegan. Nuestra opinión, que trataremos de fundamentar, es que a pesar de que la cuestión de género se presente como un fenómeno interclasista, en su determinación principal responde a una necesidad del capital y, por tanto, es una modalidad de la lucha de clases. De una forma u otra, gran parte de los temas incluidos en la agenda feminista (divorcio, aborto, violencia de género, conciliación, brecha salarial, entre otros) tienen que ver con la reproducción de la fuerza femenina de trabajo y con las condiciones de la venta de esta fuerza.

La tesis anterior puede dar cuenta del avance feminista, pero plantea interrogantes sobre la reacción antifeminista, que es alentada por determinados sectores ideológicos, partidistas y mediáticos, que no tienen ningún ánimo de superación del capitalismo. Según publicaba el CIS más del 40 por ciento de los hombres opinaba que las políticas de igualdad habían ido demasiado lejos y que se sentían discriminados.

Así, afrontamos un movimiento contradictorio, que empuja y disuade el feminismo en el contexto del desarrollo capitalista. Cómo explicar esta reacción y qué papel juega en el movimiento de la relación social general, el capital. Porque este es nuestro punto de partida, vivimos en una sociedad capitalista donde todo está relacionado con el capital, en la que el capital es la determinación principal e inmediata.

Esta posición, que admite discusión, además entiende que el conocimiento, la toma de conciencia, respecto de los fenómenos sociales nos puede ayudar a organizar una acción consciente y voluntaria, por tanto libre1, respecto de nuestro futuro. Es una manera de responder al fetichismo al que nos conduce la enajenación en la mercancía, intrínseca al modo de producción capitalista, y así convertirnos en autores de nuestra vida.

En el caso que nos trae, presentaremos el avance feminista a través de una específica forma de acción estatal como resultado de la lucha de clases que es la forma en que se desarrolla el capital, cuyas necesidades se expresan en el mercado laboral, para el caso de España en los últimos 50 años. Posteriormente, recorreremos el camino inverso pero en términos abstractos a modo de recapitulación.



2. Leyes feministas

En este apartado presentaremos la evolución del feminismo, la expresión ideológica del avance de los derechos de las mujeres, a través del camino seguido por la legislación, una específica forma de acción del estado capitalista. Partiremos de la situación legislativa en la dictadura franquista, por motivos pedagógicos, e iremos anotando sus cambios hasta los tiempos recientes.

Más allá de la situación de la mujer española en la sociedad, y en el mercado laboral que luego veremos, entendemos que las leyes particulares sobre la mujer dan una idea general de la consideración social hacia los derechos de las mujeres. Ciertamente hay muchos tipos de mujeres, aquí nos centramos en las mujeres asalariadas que es la forma más general en la sociedad actual.

El punto de partida es el retroceso de los derechos femeninos, entre otros, con el golpe de Estado dirigido por Franco. Desde el inicio, la reacción franquista limitó la capacidad de obra, particularmente en el ámbito laboral, de las mujeres. Antes de ganar la Guerra Civil, mediante la ley de 12 de marzo de 1938 anuló la legislación republicana, devolviendo las relaciones entre las personas al Código Civil de 1889. Esto implica entre otros efectos: los maridos deben proteger a las mujeres y éstas obederles; la mujer queda inhabilitada para ser tutora recortándole el ejercicio de la patria potestad; el marido es el administrador de los bienes del matrimonio; la mujer tiene muy limitados sus derechos sobre los bienes y requiere licencia marital para la disposicion de los mismos, e incluso para contratar laboralmente. Esto último se reitera en la Ley de Contratos de Trabajo de 1944. Además, se prohibió el trabajo nocturno a las mujeres y las “liberó” del taller y las fábricas en el Fuero del Trabajo (1938); estableció el subsidio familiar, pagado al varón, para que la mujer no tuviera que trabajar fuera del hogar (Ley de Bases de 18 de julio de 1938). Posteriormente, la mayoría de las regulaciones laborales estipularon la excedencia forzosa por matrimonio para las mujeres. El Fuero de los españoles de 17 de julio de 1945 confirmó el carácter fundamental de la familia dentro del Estado y declaró único e indisoluble el matrimonio. Se privó del plus familiar a las familias cuya esposa tuviera un empleo (Ley de Ayuda Familiar de 1946). La mujer ocupada tuvo limitadas las posibilidades de ascenso, caso de las funcionarias, así como el acceso a determinadas carreras profesionales (delegados e inspectores provinciales, técnicos administrativos, notarios, justicia y diplomáticos). Aunque sectores muy feminizados como el textil o el conservero excluyeron de sus reglamentaciones la obligatoriedad de abandonar el empleo cuando la mujer se casaba y no regularon la correspondiente indemnización (dote). Fue una cesión a las demandas de los respectivos capitalistas.

A partir de finales de los años cincuenta algunos de estos aspectos se relajarán: primero con la reforma del Código Civil (Ley de 24 de abril de 1958) y, posteriormente, con la Ley de derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer (1961). El desarrollo de esta ley, en el decreto de 1962, permite a la mujer trabajadora que se casa elegir entre mantener el empleo y poner fin al contrato a cambio de cobrar la dote. La aprobación del Decreto 2310/1970, de 20 de agosto, de Derechos Laborales de la Mujer, será otro avance para la mujer (reconoce el derecho de la mujer al trabajo en igualdad con el hombre, otorga facilidades a la maternidad de la mujer trabajadora mediante excedencias y reconoce derechos de descanso y subsidio a la mujer en período de gestación). Otras reformas que mejorarán la situacion de la mujer serán la Ley de 4 de julio de 1970 (el padre ha de contar con la madre para dar a los menores en adopción) y la Ley de 22 de julio de 1972 (mayoría de edad a 21 años para los dos sexos y permite que las hijas mayores de edad y menores de 25 años puedan abandonar la casa familiar sin el permiso paternal y sin obligacion de casarse o entrar en un convento). Sin embargo, la autorización marital para el desempeño de un trabajo retribuido no desaparecerá hasta la ley 14/1975 de 2 de mayo, poco antes de la muerte del dictador.

En el período democrático la tendencia continua. Durante los gobiernos del presidente Suarez y UCD se aprueba la Ley 16/1976 de Relaciones Laborales, que establecía la equiparación global de varones y mujeres. Al poco, el Real Decreto Ley 17/1977 iniciará la paulatina desaparición de las reglamentaciones laborales franquistas sustituyéndose por los convenios colectivos. Teóricamente, tanto la Constitución de 1978 como el Estatuto de los Trabajadores (1980), consagran la igualdad retributiva y la prohibición de discriminación salarial por razón de sexo. El 26 de abril de 1978 el Congreso de los Diputados dio luz verde al proyecto de ley de Despenalización de la venta y divulgación de anticonceptivos y otro hito del avance feminista será la ley del divorcio (1981).

A partir de 1982, tras la victoria del PSOE con González en el gobierno, se mantendrá el avance de los derechos de las mujeres; la creación del Instituto de la Mujer a través de la Ley 16/1983, iniciándose el feminismo institucional; legalización limitada del aborto (1985) y, en el ámbito laboral, el Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del Servicio del Hogar Familiar. Mucha normativa específica de las mujeres, con avances o retrocesos, se contendrá en leyes laborales de carácter general, por ejemplo la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en talleres y fábricas que se modificará en el Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jornadas especiales y descansos; la ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplia a 16 semanas el permiso de maternidad así como se incluyen medidas para favorecer la igualdad de trato de la mujer en el trabajo.

En 1996 accede al gobierno nacional el Partido Popular de Aznar que gobierna hasta 2004. Durante su mandato se dan los primeros pasos en la legislación en materia de la lucha contra la violencia de género, plasmados en normas como la Ley Orgánica 11/2003, de Medidas Concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, o la Ley 27/2003, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

El siguiente gobierno, 2004-2011, lo forma Rodríguez (PSOE) aprobándose diversas leyes que impulsan la igualdad: como primera ley de la legislatura la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley 13/2005, que permite el matrimonio de personas del mismo sexo; la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Un paso importante fue la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), donde se recogen medidas de acción positiva para garantizar la igualdad efectiva en el acceso al empleo, formación, promoción y en general en las condiciones de trabajo. También se incluye la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, la negociación de planes de igualdad y el permiso de paternidad, entre otras. Además, la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupcion voluntaria del embarazo.

Tras las elecciones de 2011, formará gobierno Rajoy (PP). En 2015 entra en vigor la Ley de modificacion del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que avala a los menores como víctimas de la violencia machista.

En 2018 una moción de censura dará el gobierno a Sánchez (PSOE). La LOIEMH conocerá un impulso con el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (más planes de igualdad, registro retributivo para las empresas, conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores).

Tras varias repeticiones electorales, en 2020, la alianza de PSOE y Unidas Podemos (UP) dará el gobierno a Sánchez. Se aprueba el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, dirigido a establecer medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva. También la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia (2021) que incluye la violencia digital. Además la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que aporta un nuevo marco legal integral antidiscriminatorio en todos los ámbitos de la sociedad, sea educativo, laboral, sanitario, etc. La ley incorpora además la prohibición de discriminar por nuevos motivos, como, por ejemplo, por enfermedad o estado de salud. Asimismo, el Real Decreto-Ley 16/2022 de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar es también otro hito normativo de esta Legislatura y responde a una amplia y extensa en el tiempo reclamación del movimiento sindical y el movimiento feminista. Otras leyes que tienen que ver con el avance feminista y la iguadad son la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual y la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de reforma del aborto, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010; la. Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que había salido del Consejo de Ministros en junio de 2021; el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, entre otras cuestiones, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.


Leyes Feministas

Ciclo Economico

Partido Gobierno

1976-1982

6

Crisis

UCD

1982-1984

2

Crisis

PSOE

1985-1991

3

Expansion

PSOE

1992-1993

0

Crisis

PSOE

1994-1996

0

Expansion

PSOE

1996-2004

2

Expansion

PP

2004-2007

4

Expansion

PSOE

2008-2011

1

Crisis

PSOE

2011-2014

1

Crisis

PP

2014-2018

0

Expansion

PP

2018-2019

1

Expansion

PSOE

2019-2023

9

Expansion

UP-PSOE

La tabla de arriba expresa el número de leyes en cada período según la etapa del ciclo económico (expansión o crisis) y según el partido en el gobiern en el mencionado período.



3. Lucha feminista de clases

Aunque el movimiento legislativo apunta a una tendencia, que veremos después, también señala que la afirmación de dicha tendencia adopta una forma contradictoria, de avances y paradas cuando no retrocesos. Esto pone en evidencia que nos encontramos ante fuerzas contrarias; es la lucha de clases en el ámbito de la mujer, la lucha feminista de clases.

En el apartado anterior, sobre la legislación feminista señalábamos el partido gobernante con la intención de establecer una vinculación. Llaman la atención los gobiernos del PP que son menos prolíficos en leyes feministas, pero algunos períodos del PSOE tampoco son para tirar cohetes. Y, ciertamente, la legislatura de UP sí muestra un impulso de la legislación feminista. A pesar de esto no creemos que la abstracta voluntad política (gobierno y mayoría parlamentaria) sea la principal determinación del avance feminista.

Otra determinación es la coyuntura económica. Aquellos períodos marcados por el auge económico, donde los años de expansión que impulsan el movimiento que acelera los cambios (años sesenta, años ochenta, primera década del nuevo siglo y los años posteriores a la mitad de la segunda década) mientras que las crisis capitalistas (finales de los setenta y primero de los ochenta, crisis de primero de los noventa, la gran recesión 2008-2014, y la pandemia de 2020) frenan la expansión de los derechos sociales, y los de las mujeres en particular.

La organización del feminismo es otra determinación del impulso feminista. No tanto por su significación específica, que hasta tiempos recientes no alcanza una dimensión de masas, sino por su capacidad para ocupar espacios en otras organizaciones (sindicatos y partidos políticos, principalmente) con mayor influencia legislativa. Así como por su éxito mediático e institucional, a pesar de los vaivenes de la lucha de clases. Este aspecto de la lucha de clases, la acción social e institucional, es otra de las determinaciones a destacar.

En cualquier caso, en nuestra opinión, la determinación más general de la evolución legislativa radica en la lucha de clases; lucha que se expresa en las elecciones y en los gobiernos, en las reivindicaciones laborales que acompañan a las distintas fases del ciclo económico capitalista, en la acción institucional y asociativa del movimiento feminista. Detengámosnos en la evolución de esta lucha feminista de clases.

Como hemos visto ya, en pleno franquismo, una serie de leyes apuntan a la expansión de la mercantilización de la fuerza femenina de trabajo. Este movimiento acompañará toda la segunda mitad del siglo XX. En las luchas obreras, que se inician en los sesenta (minería, metal), las mujeres acompañarán como madres y esposas, procurando el avituallamiento o impidiendo la entrada a los esquiroles. Cuando los hombres eran detenidos, en ellas recaía el mantenimiento del hogar y la atención a los encarcelados. En esta época (1965) se constituye el Movimiento Democrático de la Mujer (MDM) vinculado al PCE cuyo objetivo es unir las reivindicaciones de las mujeres a las democráticas. Los anticonceptivos entran y se consumen ilegalmente en España que permiten desvincular la sexualidad de la maternidad.

Posteriormente, en los años setenta, las mujeres iniciarán, como obreras, sus propias luchas en sectores más feminizados (textil, enseñanza, hostelería, comercio, entre otros). Además contribuirán a la movilización general que experimenta España en la transición politica. Aquí se iniciará la introducción de aspectos femeninos en las plataformas reivindicativas y la denuncia de las discriminaciones por razón de sexo. Otro ámbito importante de participación femenina será la lucha vecinal por condiciones e infraestructuras sociales (vivienda, urbanizacion, carreteras, colegios, entre otros) de vida. El MDM organiza actos y jornadas sobre temas feministas, a veces con apoyo de organismos internacionales como la UNESCO (Primeras Jornadas de Liberacion de la Mujer a finales de 1975). Surge el Movimiento Feminista, en parte como reacción al MDM. La mayoría de partidos están de acuerdo en que las mujeres deben ser ciudadanas de pleno derecho. En 1979 Lidia Falcón funda el Partido Feminista de España, con poco éxito electoral.

En los años ochenta se producirá la incorporación masiva de la mujer española al mercado laboral, como veremos en cifras más adelante. Con ello las reivindicaciones laborales generales incluirán los planteamientos feministas, más en unas empresas o sectores que en otros, en función de la fuerza femenina laboral. Importantes conflictos laborales ponen sobre la mesa los asuntos femeninos (el de Limpieza plantea las enfermedades y embarazos; el de atencion a domicilio la conciliacion de la vida familiar y laboral; el de Jaeguer Iberica la discriminación salarial). Un caso emblemático fue el de las 14 de HUNOSA que lucharon por entrar a trabajar en la mina con la oposicion de buena parte de la sociedad, sindicatos incluidos, que arguían la proteccion a la mujer recogida en la ley; en 1992 el Tribunal Constitucional declararía nula cualquier discriminación por razón se sexo (salvo las fundamentadas en el embarazo o maternidad). El movimiento feminista asociativo se resiente: sus propuestas han sido adoptadas en mayor o menor medida por las organizaciones políticas y sindicales, la reivindicación está institucionalizada. En 1988 el Instituto de la Mujer celebra el Primer Plan para la Igualdad de oportunidades de las Mujeres (I PIOM).

En los años noventa con la crisis de 1992-1994 así como los gobiernos más liberales del PSOE y los del PP el feminismo no tendrá muchos avances. Los años noventa se caracterizan por la unidad de acción de los sindicatos. Se detectan las diversas discriminaciones: desigualdad salarial, categorías femeninas implícitas o explicitas, desigualdad de prestaciones a la Seguridad Social, concepto de cabeza de familia, regularización del servicio doméstico, especificación del sexo en las ofertas de empleo. Desde la Union Europea se impulsan programas (NOW, OPTIMA) para promover los derechos femeninos en las organizaciones. La V Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) hará un recuento de la situación de la mujer en el mundo y pondrá el foco en la igualdad; a 30 kms se reunirán miles de actividas feministas en el Foro Alternativo de Organizaciones No Gubernamentales. Estas convocatorias remueven al movimiento feminista, el gubernamental y el asociativo, al promover las reuniones, las reflexiones y los informes.

Se mantiene la promoción de los derechos de las mujeres por parte de la UE (programa EQUAL), pero la ONU ya no volverá a celebrar otra conferencia feminista. Subsisten los problemas y desigualdades por razón de sexo, a pesar de los avances: las violencias machistas, la feminización de la pobreza, la brecha salarial y en pensiones, las desigualdades estructurales fruto de la división sexual del trabajo y su asignación de las tareas y responsabilidades de cuidado a las mujeres, la falta de reconocimiento a las aportaciones de las mujeres en historia, ciencia, cultura, arte, deporte… Dos grandes momentos se van significando, además del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujers, el 25 de noviembre como Dia Internacional contra la Violencia contra las mujeres, que potencian la visibilidad de las reivindicaciones feministas. El feminismo sindical continua su quehacer reivindicativo. A los sectores tradicionales, feminizados, se han unido nuevos segmentos especialmente precarizados y donde es frecuente la denuncia, como la ayuda a domicilio, las trabajadoras del hogar, las camareras de piso, las temporeras agrícolas, o las porteadoras. En 2008 se crea el ministerio de Igualdad por primera vez, pero en 2010, fruto de los recortes presupuestarios para responder a la Gran Recesion (2008-2014) se eliminaría devolviendolo al ministerio de Sanidad. El gobierno sufrió el reproche internacional (ONU) por ello. El movimiento feminista respondió muy críticamente pues no veían ahorro en el 0,03 por ciento que se había asignado al ministerio de Igualdad.

La primera década del nuevo siglo, en 2011, se inauguró con las protestas del 15M donde el movimiento feminista también tuvo su protagonismo. Las mareas y finalmente Podemos, que situará el feminismo en un lugar destacado de sus planteamientos. Continuan los proyectos transnacionales que incentivan los derechos feministas. En 2014 al calor de la polémica sobre la modificación de la ley del aborto del gobierno del PP, en la figura de Ruiz-Gallardón, surge una iniciativa feminista (El Tren de la Libertad) que expresará el rechazo de buena parte de la sociedad. A pesar de que la contrarreforma era un compromiso electoral no salió y el ministro dimitió meses despues. En ese mismo año España ratifica el Convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa contra la violencia machista. Un año después, el 7 de noviembre, una manifestacion pide que la violencia machista se considere una cuestión de estado. En 2016 se formaliza la Asociación Las Kellys, que representa a las camareras de piso que trabajan para hoteles, denunciando la precariedad de sus trabajos. En 2017, en enero la Marcha de las Mujeres contra la política de Donald Trump y poco después surge el Me Too, por el que varias mujeres hacen público la violencia a la que fueron sometidas por el productor de cine Harvey Weinstein. En España se replicó como el #Yo También. Así se inauguraba la extensión de la protesta a través de las redes sociales. En este año se firmará el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por todos los partidos menos Podemos que lo considera insuficiente. La primera huelga feminista, el 8 de marzo de 2018, fue un punto de inflexión en el ascenso femenino en la protesta social, con manifestaciones en mas de 120 ciudades españolas. El caso de La Manada fue otro punto de inflexión, generando una ola de indignacion contra las sentencias. Otra campaña de redes sociales, el #Cuéntalo que pretende denunciar los abusos a las mujeres que no llegan a ser violación. Esto junto con la tención mediática generará mucha conciencia. Primeros de enero de 2020 conoció la entrada de UP, en coalición con el PSOE, en el gobierno haciéndose con la cartera de Igualdad Irene Montero. En marzo, inmediatamente después de la manifestación del 8M, se declara la pandemia de la Covid. Hasta mediados de 2023 una convivencia difícil que se pondrá de manifiesto en la aprobación de diversas medidas legislativas feministas, y en el que los medios de comunicación, el poder judicial, y otros (corona, militares, policiales, empresariales, …) focalizaran su oposicion en Podemos y en el ministerio de Igualdad, sin darles tregua. En 2021 la ley trans sale del Consejo de Ministros, recrudeciéndose el debate en torno a ella. Surge la primera manifestacion contra la ley trans convocada por asociaciones feministas que ademas piden la prohibicion de la prostitucion y los vientres de alquiler. En 2022 el concepto de victima se amplía más allá de las relaciones y comienza a hablarse de feminicidios. Es el primer 8 de marzo con división de manifestaciones, materializando la división del movimiento feminista. Tras la aprobación de la Ley del Solo Sí es Sí, acreedora del caso de La Manada, se inician las rebajas de penas y excarcelaciones por decisiones judiciales que interpretan, a veces contradictoriamente, la ley quedando el ministerio de Igualdad con Irene Montero a la cabeza en el foco de los ataques2. La división del movimiento feminista se acentúa, y en la celebración del Dia Internacional contra la Violencia Machista, el 25 de noviembre, una de las pancartas pide la dismión de la ministra; en esta ocasión, la divergencia tiene que ver con la libre autodeterminación de género y con las demandas de las identidades sexuales minoritarias. En 2023, se aprueban la ley trans y la de reforma del aborto, también la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, que reforma la ley del Solo Sí es Sí cerrandose la polemica mediática en torno a ella.

El 23 de julio las elecciones nacionales tienen un resultado ambiguo, la mayoría simple de la derecha nacional no le da para gobernar y la izquierda nacional necesita la alianza de la derecha regional. Un balance de la presidencia de gobierno informa 500 medidas estatales con carácter feminista, el 25 por ciento, durante la última legislatura. Así las cosas, tras largas negociaciones, el PSOE logra formar gobierno bajo el mando de Sánchez, ya sin Podemos y sin Irene Montero. Antes, estallaría, tras el campeonato obtenido por la selección femenina de futbol, el #Se Acabó, que denunciaba el comportamiento machista menos evidente y más reiterativo en el futbol, y por extensión en el deporte, femeninos, que acabaría con el presidente de la federacion de futbol y con el seleccionador femenino3.



4. Lucha de clases y compraventa de la fuerza de trabajo

El ascenso absoluto de la participación femenina en la protesta laboral también es un signo de los últimos tiempos, y lo que hay detrás es el ascenso femenino al mercado laboral. Así, a pesar de no ser la mayoría de la fuerza laboral, las mujeres se han movilizado bajo la forma de huelga en mayor medida que los hombres: el 58% en 2023, el 51% en 2022, el 53% en 2021, el 50% en 2020, y el 65% en 2019, primer año en que el Ministerio de Trabajo publica la estadística de participantes por sexos en huelgas. Bajo nuestra opinión la fuerza de la lucha feminista de clases tiene su determinación principal en el número, en la incorporación de la mujer al trabajo fuera del propio hogar.

La acumulación española de capital no solo demanda más fuerza de trabajo, como veremos, sino que también necesita que aumente la oferta de fuerza de trabajo, la población activa. Efectivamente, entre 1977 y 2022, la oferta de fuerza de trabajo crece en 10,08 millones de efectivos (75,64%) de las que 7,26 millones son mujeres, el 72 por ciento. Lo cual llevará a la fuerza femenina de trabajo a representar el 47 por ciento del total.

Desde el punto de visto de la evolución histórica de la participación femenina en el mercado laboral, a pesar de que hay repuntes en los años setenta (desagrarización de la población femenina y la consecuente emigración y electrificación de los hogares que permite el equipamiento de electrodomésticos), que decaen ante la crisis de los setenta y ochenta, la incorporacion masiva de la mujer española al mercado laboral data de los inicios de la década de los ochenta, en torno a 1982, creciendo a partir de ese momento hasta 2012. Posteriormente, altibajos y estancamiento posiblemente relacionado con la emigración.



5. Compraventa de la fuerza femenina de trabajo y acumulación de capital

Para hacernos una idea del volumen de la acumulación española de capital4 durante este período bástenos ver el crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo inducida por ésta. En el período 1977-2022 la población ocupada pasa de 12,72 millones a 20,39 millones de personas, un incremento absoluto de más de 7,67 millones que supone un crecimiento relativo acumulado de más del 60,3 por ciento.

La forma en que evoluciona está muy relacionada con las fases de los ciclos del capital en España durante este período: crece la ocupacion cuando hay acumulación de capital (fases de expansión, 1985-1991 y 1994-2007), y decrece cuando desaparece la acumulacion o se desacumula (fases de crisis 1976-1984, 1991-1993 y 2008-2014).

¿Qué ocurrió con la demanda de fuerza de trabajo femenina en este período? Pasó de 3,61 millones a 9,43 millones, creciendo en 5,82 millones (161%). Un crecimiento bastante superior al de los hombres. Esto nos da una idea de la intensidad con que la acumulación española de capital atrajo la fuerza de trabajo femenina durante este período. Esto significa que no solo la fuerza de trabajo femenina que va adquiriendo la edad de trabajar se incorpora al mercado laboral como población activa, sino que parte de las mujeres que antes se dedicaban a las tareas de su hogar ahora afluyen al mercado laboral. En este caso las mujeres experimentarán lo que se viene a denominar la doble jornada (el trabajo fuera del hogar y el trabajo dentro del hogar), cuestión que se planteará en el ámbito sindical y político, y cuya respuesta serán las normas que regularán la conciliación de la vida laboral y familiar.

El crecimiento de la demanda de fuerza femenina de trabajo por la acumulación de capital (y sus administraciones públicas) es la determinación principal de la incorporación de la mujer al mercado laboral que adopta la forma de lucha femenina de clases que se expresará en leyes feministas.

Ahora bien, por qué el capital demanda la fuerza femenina de trabajo. Pues porque la fuerza masculina de trabajo no era suficiente para los requerimientos de la acumulación de capital como ponen de manifiesto los datos. Esta exigencia cuantitativa se realiza a través de las demandas individuales de la empresas en los distintos sectores. La preferencia del capital individual por la fuerza de trabajo femenina tiene relación con los atributos (inteligencia emocional, afecto y cuidados, atención al público, entre otros) que esta fuerza de trabajo tiene en relación a los nuevos medios de producción, nuevas tareas, nuevas actividades, nuevos empleos, que se desprenden de la fase de acumulación de capital, por un lado, y con la baratura y docilidad de una fuerza de trabajo joven y poco experimentada como la femenina, por el otro.

Pero, si hemos visto la cara del proceso, su cruz es que la feminización de la fuerza de trabajo implicará también la feminización del desempleo, de la temporalidad y de la parcialidad en la contratación.

El nuevo modelo de acumulación de capital exige en Esapaña, y en otros países capitalistas, durante este período, la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Ella es requerida en los procesos de trabajo de las empresas y de las administraciones, por eso la sociedad las prepara con un sistema educativo donde ha entrado unos años antes o las reclama sin una gran preparación previa para puestos que no exijan elevada cualificación. Ahora, una vez terminada la formación o directamente desde el hogar, la mujer española, se dirige al mercado laboral a ofrecer su fuerza de trabajo. Y ya nada será igual, se alterarán las relaciones de sexos, las familiares, las laborales y, también, las políticas. El ascenso femenino tendrá su expresión ideológica en el feminismo, iniciando una silenciosa revolución. El debate público se hará eco de las demandas feministas contribuyendo a la expansión de los derechos de las mujeres.



6. Compraventa y reconstitución de la fuerza femenina de trabajo

La lucha de clases en torno a los derechos de las mujeres, la lucha feminista de clases, tiene al menos tres ámbitos de desenvolvimiento. Hemos visto dos: el jurídico-político (leyes, lucha de clases) y el económico (mercado laboral y acumulación de capital). El tercero es el doméstico.

En el ámbito doméstico, lugar donde se reconstituye la fuerza de trabajo familiar, la obrera despliega una particular lucha de clases, la lucha doméstica de clases. Allí la obrera ha de recuperar la fuerza de trabajo gastada en el proceso capitalista de producción. Esta es una condición para volver a vender su fuerza de trabajo, mantener su empleo y obtener los ingresos familiares que permitan la reproducción familiar. Las relaciones familiares y las relaciones de poder dentro de la familia se verán perturbadas por el cambio en el papel de la mujer que empieza a vender su fuerza de trabajo. Por ello, primero la preservación física de la mujer (violencia domestica) y luego la doble jornada y el reparto de tareas (conciliación de la vida familiar y laboral) serán asuntos objeto de atención por la sociedad. Además, la mujer, en estos asuntos, cuenta con un aliado, su propio capitalista interesado en tener a diario una fuerza de trabajo en plenas facultades para ser adecudamente explotada. Junto a su capitalista también tiene el apoyo de toda la clase capitalista. Por ello el reparto de tareas domesticas y el trato entre los miembros de la familia dejan de ser una cuestión del ámbito privado y salta al debate público. Así, la violencia de genero y la conciliación, junto a otros muchos temas que aparecen con un carácter ciudadano, tienen como contenido económico la compraventa de la fuerza femenina de trabajo. Este reordenamiento de las relaciones en el hogar entre obrero y obrera es otra de las determinaciones del rechazo masculino a la incorporación femenina al mercado laboral, o sea de la reacción antifeminista.



7. Recapitulación

Hemos visto el recorrido concreto del avance feminista en España en el último medio siglo, a través de la lucha de clases en los ámbitos político y económico. Ha sido un vistazo de orden descriptivo donde hemos apuntado determinaciones que pretenden poner racionalidad, objetividad y causalidad a los movimientos complejos en el mencionado avance. Ahora, realizaremos el camino inverso, partir de lo más simple para encumbrarnos a lo más complejo, pero en términos teóricos. Expondremos de manera desplegada la tesis fundamental que nos ha guiado, que la acción estatal en cuanto a producción legislativa es una forma de la lucha de clases cuyo contenido es la relación social general, el capital. De otra forma, la lucha feminista de clases, y sus resultados, son la expresión en el ámbito de la mujer del movimiento del capital, la compraventa de la fuerza femenina de trabajo por su valor.

El avance de los derechos de la fuerza de trabajo femenina, y en general de las mujeres, en España y en muchos países capitalistas, pone en evidencia que hay una necesidad del capital que subyace a dicho avance. La forma contradictoria en que se produce el desarrollo del feminismo nos indica que la citada necesidad tiene un carácter contradictorio cuya forma de realizarse es la lucha de clases.

Las mujeres que carecen de medios de producción tienen que vender su fuerza de trabajo a un capitalista a cambio de un salario. Esta relación indirecta entre las personas a través de las cosas determina a las personas como personificaciones de sus mercancías (fuerza de trabajo y dinero-capital). Así la vendedora de fuerza de trabajo queda determinada como obrera mientras el poseedor de dinero queda determinado como capitalista.

Ahora bien, entre ambas personificaciones se establece una relación directa como forma, jurídica, de realizar el cambio de mercancías. Porque las cosas no van solas al mercado, son portadas por sus poseedores. El contrato de trabajo es la forma jurídica de la compraventa de la fuerza de trabajo.

Esta relación de compraventa tiene un carácter antagónico, uno quiere lo contrario que el otro. El capitalista quiere pagar poco y obtener a cambio mucha fuerza de trabajo. Por su lado, la obrera quiere ganar mucho y dar poca fuerza de trabajo. El antagonismo se prolonga hasta el uso de la fuerza de trabajo, una vez vendida, en el proceso de trabajo (relación de explotación), donde la hambruna de plustrabajo del capitalista tenderá a exprimir a la fuerza de trabajo.

A este nivel, el capitalista tiene mas fuerza y puede imponer la compraventa de la fuerza de trabajo por debajo del valor porque la competencia entre los obreros presiona a la baja los salarios.

Esta relación de competencia es un primer determinante del rechazo de una parte de los obreros hacia las obreras y viceversa, constituyendo la base económica del antifeminismo. Por su parte, el capitalista, en cuanto demandante de fuerza de trabajo, también compite con el resto de capitalistas.

Si la obrera quiere vender su fuerza de trabajo por su valor necesitará asociarse con otros obreros, convirtiendo así su relación de competencia en una relación de solidaridad (sindicato) sobre la que descansa la relación de clase. Al igual harán los capitalistas. De esta forma, en estos polos se constituiran la clase obrera, por un lado, y la clase capitalista, por el otro. Ambos, obreras y obreros, luchan, como clase, por las mejora de las condiciones en que venden su fuerza de trabajo. Esta relación de solidaridad explica que, a medida que se avanzan en los derechos laborales, se avance en los derechos laborales específicos de las mujeres. En la medida que el peso de la fuerza laboral femenina aumenta sus intereses específicos, en cuanto fuerza singular de trabajo, serán más tenidos en cuenta y pasarán a ocupar mejores posiciones en las plataformas reivindicativas. Por eso, el grado de la incorporación de la mujer al mercado laboral es la condición del avance laboral feminista.

Aunque en el interior de cada clase la competencia se transforma en solidaridad, la relación entre ambas clases, la lucha de clases, es antagonica. La lucha de clases, en su primera determinación, es la relación entre las clases en la compraventa de la fuerza de trabajo por su valor.

La unidad de este movimiento, la compraventa de la fuerza de trabajo por su valor bajo la forma de la lucha de clases, es la relación de capital. El capital tiene la potestad de poner en marcha el proceso de producción de valores de uso (bienes y servicios) pero con el objetivo de valorizarse, de crear más valor (plusvalor). Su movimiento puede esquematizarse como dinero que genera más dinero. Como el final (dinero) coincide con el principio (dinero), el movimiento se retroalimenta, tornándose infinito. Esto convierte al capital en un autómata con vida propia, en el sujeto concreto inmediato de la producción y, con ella, del proceso social de vida humana. Pero, como tal sujeto, el capital tiene una necesidad contradictoria como garantía de su desarrollo: la compraventa de la fuerza de trabajo a su valor. Esta necesidad del capital total de la sociedad requiere expresarse mediante un representante, que no es otro que el estado capitalista.

Por otra parte, la lucha de clases, por su carácter antagónico, plantea una dificultad al desarrollo del capital (conflicto, huelga, cierres patronales), por ello surge al capital la necesidad de desarrollar dicha contradicción transformando la relación antagónica general en una relación de solidaridad general, es la relación de ciudadanía. Ahora las personas dejan de ser miembros de una clase social con intereses de clase, para ser ciudadanos del Estado, depositario del interés general.

Así, el estado capitalista será el representante político del capital total de la sociedad, expresando las necesidades del capital por encima de los intereses de clase, unas veces a favor de unos y otras a favor de los otros5. Pero siempre velando por el desarrollo fluido de la acumulación del capital total de la sociedad.

Los conflictos de clase habrán de subordinarse al interés general; las contradicciones de clase aparecen como conflictos entre ciudadanos; la condición de ciudadanía subsume al atributo de clase; y con ello, los derechos ciudadanos envuelven y ocultan a los atributos clasistas.

En el aspecto que nos atañe el Estado, en el período que nos concita6, será el encargado de elaborar y vigilar el cumplimiento de las leyes feministas. Leyes que aparecen bajo la forma de derechos ciudadanos, pero cuyo contenido son los derechos laborales de la fuerza femenina de trabajo. Estos derechos laborales tienen su origen en el resultado de la lucha feminista de clases, expresando el antagonismo de clases, pero cuyo hilo conductor es la compraventa de la fuerza femenina de trabajo por su valor como condición de sostenibilidad del capital total de la sociedad, que es la relación social general en el modo de producción capitalista.



8. Bibliografía y webgrafía

Blog de Crítica de la Economía Política. https://criticonomia.blogspot.com/

Grupo España. Historia del feminismo en España. http://www.nawey.net

Iñigo Carrera, Juan. Profesor universitario y miembro del Centro para la Investigacion como Critica Practica CICP, Centro para el Estudio. https://cicpint.org/es/category/jic/

Marx, Karl. El capital. https://www.marxists.org/espanol/m-e/index.htm

Muñoz Ruiz, Maika. El feminismo en las políticas de las centrales sindicales en España. 2023. www.inmujeres.gob.es

Ruiz Galacho, Encarna; Berraquero Texeira, Encarna. Mujeres en CCOO: Málaga, 1970-1975. 2004

Valdés (2024).De la lucha que nació entre flores a la resistencia en redes: una década del despertar social al feminismo. Isabel Valdés. El País, 03/03/2024. https://elpais.com/sociedad/2024-03-03/



1El concepto de libertad que se maneja aquí va algo más allá que el inmediato “hacer lo que quiera” y está más relacionado con “hacer sabiendo lo que puedo hacer” que emana de Federico Engels.

2Ello a pesar de haber sido aprobada en el Consejo de Ministro con los informes corresondientes y haber sido aprobada en el Congreso y luego en el Senado, con los informes correspondientes.

3El mismo que en 2022 vió como 15 de las jugadoras de la selección renunciaban a la convocatoria mostrando su disconformidad con el seleccionador, cuestión que no había sido atendida por la Federación ni su presidente.

4Me refiero con “acumulacion de capital” al conjunto de la acumulación de capital privado y de capital publico (correspondiente a las administraciones publicas).

5Unas veces desregulando la jornada laboral y otras veces limitándola; unas veces elevando el salario minimo y otras congelándolo, o disminuyéndolo si hiciese falta.

6No sabemos, si cambiando las condiciones, la necesidad del capital pasa por otra situación para la mujer (o para el hombre), el estado capitalista cambiará su acción para atender la nueva necesidad.

Las protestas en Irán y el capitalismo mundial

Introducción Los últimos acontecimientos en Irán nos ofrecen una oportunidad para comprender dialécticamente el vínculo entre las manifestac...