La paradoja de Russell, la teoría y el fracaso de la lógica

La ciencia, el conocimiento objetivo de la realidad, se nos presenta en la actualidad bajo la forma de teoría. Así las tenemos de la relatividad, la cuántica o de la evolución, en el ámbito de las ciencias naturales. Y si vamos a las ciencias sociales la cosa no mejora: marginalista, psicoanalítica o del control demográfico. Como suele ocurrir cuando un paradigma domina se atreve a leer todo lo anterior bajo sus propias gafas, de modo que la historia del conocimiento es planteada como una sucesión de teorías donde la más reciente supera a las anteriores en cuanto al apoyo suscitado entre los expertos o académicos. Con ello se consuma la naturalización de la teoría como forma de exponer el conocimiento.

Nuestro esfuerzo, como pueden imaginar, irá en sentido contrario: en el de la critica de la teoría. Y por qué ocuparnos ahora de esto. Bajo mi punto de vista lo que hay en juego es la superación del capitalismo, que pasa a su vez por la eliminación de la escasez, o de manera elegante el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero, esto no será automático, sino que se realizará a través de la lucha de clases. Esta lucha habrá de darse en diversos frentes, como el de las ideas, la ciencia, o el método de conocimiento. En definitiva, se trata de avanzar en la conciencia dialéctica, frente a la lógica, como necesidad del socialismo.

Dicho esto, a modo de explicar la tarea en la que estamos inmersos, en lo que sigue expondremos la crisis de la lógica en tanto fundamento del conocimiento objetivo y el límite de la teoría en cuanto carece de fundamento racional.

Aclaremos. No se trata aquí de negar la ciencia, o el conocimiento científico, solo decimos que éste puede obtenerse y expresarse de otro modo, el dialéctico (un ejemplo es la Crítica de la Economía Política- de Marx). Retomando la crisis de la lógica, queremos recordar una de sus expresiones, la paradoja de Russell.

Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925), filósofo y matemático alemán que, aunque poco reconocido por sus colegas, desarrolla su carrera académica con el apoyo inquebrantable de la empresa óptica Carl Zeiss. En 1893 había publicado el primer volumen de su obra Leyes Básicas de la Aritmética. En esta obra trata de fundamentar lógicamente las matemáticas, empezando por la aritmética. Esto y la fundamentación lógica del lenguaje eran los dos grandes proyectos de Frege, y de muchos otros filósofos contemporáneos y posteriores (también de Russell). 

Nueve años después, en 1902, a punto de publicar el segundo volumen de aquella obra, recibe una carta de Bertrand Russell, joven y prometedor filósofo de Cambridge, también muy preocupado por el programa logicista. Allí le anuncia, tras mostrar su acuerdo con todo, que ha detectado una dificultad en su argumentación, que desemboca en una contradicción (la gran enemiga del pensamiento lógico) y que, desde el punto de vista lógico, daría al traste con sus conclusiones. Es decir, su propuesta no permitiría fundamentar lógicamente el conocimiento teórico.

Decía Russell “no hay una clase (en su totalidad) de todas las clases que, en su totalidad, no sean miembros de sí mismas”. El problema venía del quinto axioma de Frege, que afirmaba que si todo A es una B, y toda B es una A, entonces la clase de las Aes es idéntica a la clase de las Bs. Esto llevaría a Russell a plantearse la existencia de una clase (aquí clase es igual a conjunto) de todas las clases de cosas que no son miembros de sí mismas. Este inconveniente sería conocido como la Paradoja de Russell, que podemos resumir de la siguiente forma: a qué conjunto (o clase) pertenece el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. De otra forma, ¿se autoincluye dicho conjunto?

Efectivamente, cualquier respuesta lógica conduce a la contradicción. Al responder que dicho conjunto se pertenece, nos encontramos que no debería porque es el conjunto de los conjuntos que no se pertenecen; si la respuesta es que no se pertenece, entonces debería pertenecerse. O sea, cuando respondemos sí es no, y cuando respondemos no es sí. La pura contradicción inadmisible para la lógica.

Una forma más popular es la paradoja del barbero: si el barbero pela a las personas que no se pelan a sí mismos, ¿el barbero se pela a sí mismo? O ¿quién pela al barbero? Con esto la fundamentación lógica de la matemática se torna inconsistente.

El significado de la paradoja de Russel es que imposibilita la fundamentación racional del conocimiento científico bajo la forma teórica, empezando por la matemática. O sea, deja a la teoría sin basamento lógico. Y esto apunta a que, para salvar a la teoría, hay que desvalorizar (cuestionar) la verdad (como la teoría no explica la realidad, cambiemos lo que entendemos por verdad hasta que la teoría sea cierta), un paso previo al postmodernismo científico, la verdad líquida.

Alguien podrá pensar que esto es un refinamiento epistemológico y que no es para tanto. Para los lógicos es importante verse como portadores de la fundamentación del conocimiento científico; para algunos investigadores científicos es importante pensar que lo que hacen es racional y no una arbitrariedad, incluso pensar que lo que hacen es el mejor camino para llegar a la verdad. Estos programas son la fundamentación de los valores éticos y morales que rigen el avance del conocimiento científico. Y para los partidarios del capitalismo es importante pensar que están en la mejor sociedad posible y, sobre todo, que no hay alternativa.

Bien, termino aquí. Frege publicó su libro, a sabiendas del problema que se había encontrado, añadiendo un apéndice donde intentaba en balde responder a Russell; dedicó el resto de su vida a seguir indagando, solo pocos años antes de su muerte (el pasado 26 fue su centenario) reconoció su incapacidad para resolverlo. Russell tampoco dio con una respuesta. Nadie lo ha hecho hasta ahora.

Del taller al mostrador, el trabajo creador de valor

El debate sobre el trabajo productivo tiene larga tradición en la investigación económica. También en el ámbito del marxismo. Esto se ha deslizado hacia la política bajo distintos planteamientos: unas veces sobre quién es el sujeto portador de la transformación social (fracción fabril de la clase obrera vs cuellos blancos), y otras, por ejemplo, en cuanto al modelo económico a impulsar (más o menos basado en la industria).

Marx sobre lo improductivo del comercio

En el Libro II de El Capital, Marx analiza la circulación del capital. En su primera sección, detalla actividades como la compraventa, la creación de dinero (oro), la contabilidad, el almacenaje y el transporte, cuestionando su carácter productivo.

En cuanto a la actividad de compraventa dice que es un trabajo improductivo porque la compraventa solo atañe al cambio de forma del valor (pasando de mercancía a dinero en el caso de la venta, y de dinero a mercancía en el de la compra), pero no se altera la cantidad de valor; no hay generación de valor en el despliegue de los trabajos implicados. En nuestra opinión este tratamiento es tautológico y no agota el tema.

Evidencias en contra (de la improductividad del comercio)

Además, hay fenómenos que invitan a cuestionar esta posición:

- la evolución laboral y sindical de los trabajadores del comercio no ha sido muy diferente a la de los trabajadores fabriles;

- el sector del comercio ha seguido una marcha similar al resto de sectores productivos (industria, construcción);

- existen empresas comerciales de gran tamaño (en capitalización y en empleo);

- en las empresas grandes las operaciones comerciales no son de las primeras en ser externalizadas, lo que acontece con las que aportan menor valor añadido;

- si la actividad comercial fuera improductiva habría una tendencia fuerte a ser estatalizada mejorando la tasa general de ganancia (igual plusvalor y menos capital a repartírselo) y no ocurre.

Por ello, proponemos repensar el carácter productivo de la actividad comercial. Para ello, examinaremos el trabajo de venta (o la compra, que es lo mismo visto desde el otro lado) a la luz de las determinaciones que el propio Marx sostiene para el trabajo creador de valor en el primer capítulo del Libro I de El Capital. Pero, antes conviene recordarlas.

El trabajo productivo en Marx

En el libro I de El Capital, en el primer capítulo, se explica que la propiedad de cambio (cambiabilidad) que adquieren los productos del trabajo concreto y social (para otros) tiene su origen en el carácter privado e independiente en que se realiza dicho trabajo. Dice más, que la magnitud de esta propensión al cambio, el valor, se determina por la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario realizado de manera privada e independiente en su producción. Por último, se indica que este valor sería el fundamento del precio.

Por tanto, las condiciones del trabajo productivo de valor establecidas por Marx, son: útil, social, privado e independiente.

Del taller al mostrador

Crear una mercancía está bien, pero el salto mortal de la mercancía -dirá Marx- es venderla. Así que se trata de abandonar el taller y acompañar a nuestro esmerado artesano al mostrador o al puesto desde el que vocea su mercancía mostrando sus dotes comerciales. 

Allí, en el mercado, nuestro productor se transformará en vendedor y empleará todo su saber para informar, asesorar y convencer a los potenciales compradores sobre las propiedades de su mercancía y lo bien que se ajusta a sus necesidades; además, expedirá el producto y recogerá el dinero, introduciéndolo en la caja, devolviendo el cambio; finalmente, despedirá al satisfecho comprador que abandonará el establecimiento con su artículo y el bolsillo aligerado.

Como se ve, esta actividad de venta requiere trabajo: vivo (fuerza de trabajo cualificada y habilidosa) y muerto (local, estantes, maquina registradora, cinta deslizante, electricidad, aparatos de medida, etcétera).

El trabajo productivo de venta

Ahora veamos si este trabajo comercial cumple con las determinaciones del trabajo productor de valor, que expusimos arriba.

El trabajo de venta, pensemos en el voceo de la mercancía, es un trabajo que produce un efecto útil, una utilidad, aunque solo sea la realización del valor de la mercancía, o sea su conversión en dinero.

Además de útil para el vendedor, es un trabajo útil para el comprador pues le permite hacerse con el producto, apropiárselo. Desde el momento que el productor empieza a elaborar el producto está pensando en quién se lo puede comprar. Esto es un signo de la utilidad social que media en la producción y en la venta de la mercancía.

El trabajo de venta, que realiza el productor de mercancías, se realiza de manera privada, éste organiza a su manera la actividad decidiendo el qué, el cómo, el cuándo y el cuánto. La garantía de todo ello es la propiedad privada de los medios de producción (de venta, en este caso).

Igualmente, se trata de un trabajo realizado de modo independiente, no existen vínculos que unan personalmente al vendedor y al comprador; ambos son personificaciones de sus respectivas mercancías (la del comprador es el dinero).

Nuevo planteamiento sobre el trabajo de la circulación

Dado que el trabajo de venta es socialmente útil y realizado de manera privada e independiente, hemos de considerarlo productivo de valor según el propio criterio de Marx y, paradójicamente, contra su posición. Cuestión que merecería una reflexión aparte: por qué Marx no vió esto.

Si la venta en tanto trabajo social, además se realiza de manera privada e independiente (sea mercantil simple o capitalista), dicho trabajo se materializará como valor en el producto que se venda, agregándose al valor de la producción un valor de circulación (de venta). Ambos, valor de producción y valor de circulación (incluye venta, transporte, contabilidad y  almacenaje) sumarán el valor total de la mercancía, que será la sustancia de su precio.

De esta forma, bien si es el propio productor el que vende el producto, bien si se trata de un sujeto especializado en la venta, vendedor autónomo (comerciante), o un vendedor contratado asalariadamente, en todos esos casos el trabajo de venta crea valor y este valor se añade al valor de producción. Ademas, en el caso del vendedor asalariado, su trabajo generará un plusvalor.

Poder judicial y capital (y 3)

Exploramos diversas ideas: el papel del sindicalismo judicial en la politización de los jueces; el fenómeno del enfrentamiento ejecutivo vs judicial a nivel internacional y las peculiaridades del caso español; y la determinación más general, el papel del poder judicial en la relación de capital.

Protesta laboral y politización judicial

Los últimos tiempos fueron testigos del ascenso de la politización del poder judicial que adquirió niveles de visibilización desconocidos. Una vanguardia judicial, que no tiene que ser toda de derechas (pero, lo es predominantemente), ha estado acompañada por todo el entramado judicial, e incluso social (medios, partidos y empresas, por ejemplo). Nuestra hipótesis es que la protesta judicial de los últimos tiempos, sobre todo laboral, ha servido para empoderar al colectivo y estimular a los individuos protagonistas de este creciente protagonismo político.

Con esta de 2025 ya son seis las huelgas de jueces convocadas en democracia. En la primera, en 2009 (PSOE), el colectivo pidió adecuar el ratio de jueces a los estándares europeos, que se cumpliera la ley de retribuciones, recién aprobada en ese momento y que suponía subidas salariales, y la retirada del proyecto de ley de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios. La siguiente, en 2013 (PP), apoyada por unos 2.100 profesionales y secundada por todas las asociaciones judiciales excepto APM, se convocó en protesta contra las reformas del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En 2018 (PSOE) se hicieron dos huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales, en mayo y en octubre. La penúltima, en 2023 (PSOE+UP), se convocó, pero no se terminó materializando, tras alcanzarse un acuerdo sobre una subida salarial con el Gobierno.

Este ciclo de movilizaciones judiciales ha creado las condiciones para que jueces con determinados perfiles ideológicos acompañaran a otros poderes (mediático, partidario, empresarial) en la presión política, sin apenas costes (huelgas gratuitas, irresponsabilidad ante errores, ausencia de criticas mediáticas, etc). Nada que ver con el coste que pagan otros colectivos cuando protestan (Las seis de La Suiza, la huelga del metal en Cádiz, Los seis de Zaragoza, el rapero Pablo Hasél, Óscar Reina del SAT, el caso Nahuel, entre otros).

Poder judicial versus poder ejecutivo

La mencionada politización judicial y la judicialización de la política han tenido que presentarse como un enfrentamiento abierto entre dos poderes del estado (judicial y ejecutivo), fenómeno que se ha repetido a escala internacional. Ambos poderes, expresión de la división de poderes del estado capitalista, lejos de garantizar su pacífico desarrollo (principio de control y equilibrio) se ha convertido en fuente de inestabilidad. Esta guerra entre los diversos aparatos estatales tiene que expresarnos cambios en el estado y necesidades respecto de su función en el sistema capitalista.

La Gran Recesión de 2008, el tambaleo del sistema financiero a nivel internacional, la crisis de legitimación derivada, quizás brindó la oportunidad para que, ante el debilitamiento de los poderes tradicionales (empresarial, legislativo, ejecutivo), el poder judicial asumiera el papel protagónico (encaramados a sus estrados, armados de sus togas y con sus mazos en ristre) que la estabilidad del sistema requería cuando la lucha de clases podía ponerlo en peligro. 

Efectivamente, diversos países conocieron este fenómeno, previamente los jueces se habían presentado como saneadores de un sistema político y económico podrido, adquiriendo ese falso halo de independencia y neutralidad otorgado por la condena a empresarios y políticos corruptos. Así Fernando Lugo (Paraguay) destituido en 2012, Dilma Rousseff (Brasil) a la que se aplicó un impeachment (acusación) en 2016, Rafael Correa (Ecuador) exiliado desde 2017 y condenado finalmente en 2020, Lula da Silva (Brasil) condenado y encarcelado en 2017, Evo Morales (Bolivia) condenado en 2019, Cristina Fernández (Argentina) condenada en 2022 y recientemente encarcelada domiciliariamente, Pedro Castillo (Perú) destituido y encarcelado en 2022, en cuanto ejemplo de dirigentes izquierdistas en el poder laminados en procesos (golpes blandos) con activismo judicial destacado. Los casos en que los líderes izquierdistas no están el poder y a los cuales se les monta una campaña judicial-mediático-partidaria para evitar que ganen elecciones o reducir sus resultados son también frecuentes.

Sin embargo, y sin negar lo anterior, algunos casos de líderes de derecha (Trump, Bolsonaro, Sarkozy, Netanyahu, varios de los ministros de Aznar, Rajoy y su ministro Fernández) también han sido objeto de denuncias y condenas judiciales. Ciertamente, nada que ver con la saña y la agresividad judicial y mediática cuando los políticos son de izquierdas.

En cualquier caso, nuestra hipótesis es que aunque el ensañamiento se produzca cuando los líderes y las políticas que emprenden remueven estructuras y cuestionan el poder de las elites, el fenómeno iría más allá de la confrontación izquierda versus derecha, enlazando con el desarrollo de la lucha de clases. Incluyendo la lucha dentro de la propia clase obrera, entre sus fracciones, una de las cuales son los jueces. 

Esta guerra dentro del estado tiene que decirnos algo, sobre el papel del estado en la sociedad capitalista, por un lado, y sobre su propia reconfiguración, es decir cómo ha de cambiar para llevar a cabo su función de la manera más adecuada. Pero, cual es el papel del estado, qué papel ocupan los jueces y los gobiernos, qué relación puede tener esto con los cambios en las sociedades y en su principal vinculo organizador, el capital; qué le ocurre a la acumulación de capital a nivel internacional que se está expresando, ya en el ámbito de la lucha de clases, con este enfrentamiento entre los poderes del estado y en el que los jueces han adoptado un papel protagónico. Es posible que la automatización, la digitalización y la IA, como formas de la plusvalía relativa, tengan esta expresión política. O estos cambios técnicos amenacen la propia función judicial, y la politización de la justicia responda a esta necesidad. Preguntas cuyas respuestas pueden tener interés en la organización de la acción política de la clase obrera, pero que por ahora no estamos en condiciones de responder.

Justicia y conflicto en el capitalismo

La relación social específica del modo de producción capitalista, la compraventa de la fuerza de trabajo (relación económica), enfrenta a dos mercancías: el dinero y la fuerza de trabajo. Pero, las mercancías, como dice Marx, no van solas al mercado. Por ello, esta relación económica aparece como un acuerdo consciente y voluntario entre individuos propietarios, iguales, que buscan su propio interés y libres, o sea un contrato. En nuestro caso el contrato laboral, la forma jurídica que adopta la relación económica asalariada (cambio de fuerza de trabajo por salario). Y allí, en el mercado, los portadores de las mercancías han de personificarlas, han de pensar y actuar como si ellos fueran sus respectivas mercancías. Esta es la primera determinación de la conciencia de los individuos propietarios de mercancías, su conciencia libremente enajenada (el contenido, la enajenación, adopta la forma de la libertad).

Esta relación es estructuralmente antagónica y conflictiva, el interés de uno se opone al del otro (más salario y menos jornada, demanda el obrero, frente a menos salario y más jornada que exige el capitalista) y el acuerdo presupone la tensión y la lucha.

Esta conflictividad se irá trasladando en los diversos niveles en que se va transmutando la relación económica desde el contrato individual hasta la ley pasando por el convenio o contrato colectivo y, finalmente, el propio estado. Todos son formas jurídicas y políticas de la lucha de clases, a su vez la forma necesaria de realizarse la relación social (económica) fundamental, el capital y su movimiento (la acumulación de capital).

El papel del juez, del sistema judicial, del aparato judicial de estado, del poder judicial, es garantizar el cumplimiento de las formas jurídicas de la relación económica, o sea garantizar que la compraventa por el valor está formalizada. Canalizan el conflicto de clases hacia el mundo de las formas jurídicas, con ello trasladan (pero no resuelven) la contradicción. El fin es evitar que la lucha de clases desborde la acumulación de capital, o sea garantizar formalmente el orden social (de la garantía material se encargan la policía, el ejército y el sistema presidiario). El sistema judicial pertenece al estado, por tanto representan al capital en su totalidad social; no representan a este o aquel capital, sino al conjunto. Por eso, tras su independencia de los capitales privados, lo cual no exime que estén influidos por ellos, es el servidor de la relación capital. Los jueces personifican su mercancía, la fuerza de trabajo cuyo valor de uso es el cumplimiento formal de los contratos, por tanto de la propiedad, la libertad, el interés privado y la igualdad. Ni que decir tiene que son los valores ideológicos que pueden ser realizados en la sociedad capitalista, no las ideas que cada cual quiera tener sobre ellas (idealismo).

La solución definitiva de las contradicciones de clase no tiene otra manera de llevarse a cabo que con la eliminación de las clases, el socialismo. En el proceso que nos lleve a tal fin, qué papel jugará esta particular fracción de la clase obrera (si logra sobrevivir al avance de la IA) cuya función inmediata es la coacción jurídica del resto de la sociedad. No puedo menos que recordar la anécdota de Lenin al comentar las dificultades de la transformación de los aparatos de estado; allí específicó, sin embargo, que uno de los más fáciles de sustituir era el judicial, primero porque las leyes anteriores eran poco válidas en el nuevo orden social y, segundo, porque para la aplicación de las nuevas leyes contaba más el sentido común al alcance de cualquier obrero que la enrevesada jerga leguleya de la justicia burguesa.

Judicatura y lucha de clases en la España reciente (II)

Anteriormente nos detuvimos en la huelga de jueces en cuanto medida laboral de presión como expresión inmediata de una lucha económica de clases. Ahora, veremos a la clase de los jueces en su relación con el conflicto político. Lo cual nos descubrirá enfrentamientos incluso dentro del estado. En fin, se va desplegando ante nuestros ojos una diversidad de formas de la lucha de clases, cuyo contenido será objeto en la próxima entrega.

La reforma del sistema judicial

De nuevo, por qué jueces y fiscales inician una campaña de protesta contra el gobierno. En lo inmediato, reaccionan ante la reforma del sistema judicial que el gobierno ha presentado al parlamento para su tramitación por vía urgente. 

Entre las medidas que han hecho saltar las togas por los aires, las asociaciones convocantes apuntan las siguientes. 

* Pruebas anónimas para acceder a la carrera judicial (¡herejía meritocrática!).

* Que los fiscales instruyan causas (como en otras democracias, pero aquí somos…).

* Hacer que el fiscal general no se marche con el Gobierno que lo nombró (la independencia que no se controla, molesta).

* Rebajar de 15 a 5 años la experiencia para el acceso por el “cuarto turno”.

* Regularizar jueces y fiscales interinos (954 jueces y 331 fiscales en precario… ¿cómo se atreve el Gobierno a querer formalizarlos?).

* Y lo imperdonable: crear un centro público de preparación para opositores, restando negocio a los jueces preparadores.

Estas medidas son vistas por las agrupaciones de jueces convocantes como amenazas al estado de derecho, la independencia judicial y la profesionalidad de los jueces, mientras el gobierno y sus defensores insisten en la democratización y la modernización de la justicia.

La judicialización de la política

Visto el origen del reciente enfado judicial, hemos de preguntarnos por qué el gobierno se mete en este berenjenal de la reforma judicial. En un contexto en el que a pesar de un cuadro macroeconómico envidiado por el resto de la UE, persisten problemas que sacuden a la clase obrera: tanto nacionales (vivienda, servicios públicos, rearme, salarios, inflación) como internacionales (amenaza nuclear, cambio climático, guerra, genocidio palestino, …), este enfrentamiento con el poder judicial podría parecer caprichoso.

Pero, no. El Gobierno ha dejado de mostrar respeto ante las decisiones judiciales que le han resultado adversas, pasando a acusar a determinados jueces de actuar deliberadamente para debilitarlo e incluso manifiesta sospechas de que el PP recibe información judicial privilegiada. La reforma judicial del gobierno forma parte de esta respuesta al acoso judicial más reciente: caso hermano del Presidente, caso esposa del Presidente, caso Fiscal General, casos Leyre (cargo del PSOE), Koldo (ex-asesor gubernamental), Ábalos (ex-ministro y ex-Organización del PSOE), Cerdán (ex-Organización del PSOE). 

Ahora bien, para que esta instrumentalización de la justicia con fines políticos (lawfare o guerra judicial) adquiera pleno sentido ha de acompañarse del acoso mediático (mediafare o guerra mediática) y de la polarización partidaria. De esta forma, a la vez que se desgasta al ejecutivo se va creando la alternativa de gobierno. No es necesaria una minuciosa coordinación, que si la hay es más efectiva, basta con que cada uno haga su parte y, sobre todo, que “el que pueda hacer que haga”. Veamos cómo opera este tridente judicial-mediático-partidario.

El modus operandi de la estrategia judicial-mediática-partidaria

A grandes rasgos el guion de esta estrategia, en el caso del ataque al gobierno de izquierdas (puede ser también de la derecha), deteniéndonos en el papel de los jueces.

1. Se presenta una denuncia, a veces basada en un pantallazo o recorte de prensa de dudosa credibilidad.

2. Suele venir de asociaciones de derecha como Abogados Cristianos (valores religiosos), Hazte Oír (antifeminismo), Manos Limpias (antinacionalistas), Concordia Real Española (antirrepublicana), expertas en querellas “creativas” haciendo uso de la acusación popular. El propio Vox ha hecho un uso intensivo (procés, alsasua, gestion Covid, antimemoria historica, antiLGTB, antigobierno, entre otras).

3. Un juez "receptivo" admite a  y abre instrucción.

4. El juez pide informes (AIREF, UCO, UDEF, ...) se interroga, se filtra. Cada paso es una portada.

5. Los medios amplifican (portadas, titulares, noticiarios, tertulias), los políticos se lanzan al cuello en el parlamento, y vuelta al informativo de las 15 o las 21h.

6. El caso puede cerrarse por falta de pruebas, prescripción o “se me pasó el plazo, ups” (como recientemente le ocurrió al juez Peinado con una causa con implicación del alcalde Almeida y del director de OK diario).

7. Aun así, el daño político ya está hecho. Nadie rectifica, pide disculpas públicas ni responde de errores.

La actuación judicial, en el marco de la estrategia judicial-mediático-partidaria, igual que va en el sentido del desgaste del gobierno puede ir en el sentido de aliviar o salvar al partido de la oposición. Un ejemplo reciente lo recogía el diario digital El Plural: “El juez Peinado deja morir la instrucción de un caso de presunta prevaricación que salpica al alcalde Almeida y a Eduardo Inda” al pasársele uno de los plazos. Es un ejemplo de vinculación directa: juez-PP-OK diario.

Antecedentes del tridente

Esta estrategia judicial-mediático-partidaria lleva tiempo en España. El anterior gobierno de coalición, particularmente el sector de Unidas Podemos (anteriormente sus principales dirigentes), fue objeto de ella como acreditan más de veinte causas judiciales abiertas que tras alargarse años, ocupar portadas, generar titulares y monopolizar tertulias, terminaron siendo archivadas. 

También ocurrió con líderes independentistas catalanes. Incluso anteriormente, en el marco de ataque a la izquierda hay que recordar el caso de Rodrigo Torrijos integrante por IU en un gobierno de coalición con el PSOE en la ciudad de Sevilla durante la primera década del nuevo siglo, finalmente absuelto de las cuatro causas abiertas. El ataque sufrido por el nacionalismo vasco en los años noventa también puede inscribirse en este tipo de estrategias. Más aún, la segunda república fue testigo del sabotaje judicial.

Ante estas evidencias no queda más remedio que preguntarse por el activismo judicial contra los gobiernos de izquierda en España.

La politización de la justicia

Para que se produzca la judicialización de la política se requiere la politización de la justicia. Es decir se necesitan, antes que nada, jueces dispuestos a desempeñar ese papel, que entiendan que su labor profesional pasa por acabar con este gobierno; ¡ojo! no tienen que ser todos los jueces, basta con que haya los suficientes. Ejemplos concretos son los jueces Castellón, Alba, Gadea, Marchena, Escalonilla, Peinado o Hurtado. Las razones por las que una persona, en este caso juez, tiene tendencia a rascarle a la izquierda o acariciar a la derecha son variadas (ideológicas, económicas, partidarias, incluso la próxima jubilación, entre otras) y no nos detendremos.

Porque para que esa voluntad individual adquiera relieve y no quede en lo anecdótico han de darse más elementos: un marco profesional que se lo permita, pues cuentan con la colaboración de más profesionales; también es importante la simpatía de las asociaciones de jueces, prestas a defenderlos en cuanto asoma un atisbo de crítica; así como unos superiores (hasta llegar al principal órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ) que no les pidan cuentas cuando gastan ineficazmente los recursos y no les exijan responsabilidades y sancionen ante los errores; la “complicidad” del resto de poderes del estado (ejecutivo y legislativo) que lejos de controlarlos les dejen hacer (eso ha venido ocurriendo hasta hace poco); así como la connivencia de otros poderes de la sociedad como el mediático (el blanqueamiento del talibanismo judicial puede llegar a ser sonrojante), entre otros posibles. 

Se podría decir que una exitosa vanguardia judicial contra la izquierda nos lleva, o implica, la politización de la estructura judicial (y la del resto de la sociedad). Lo cual, bajo nuestro punto de vista, tiene que ver con el papel que juega la justicia en la sociedad capitalista, particularmente en la relación social general que la organiza, el capital; cuestión que trataremos en la próxima entrega.

Togas y estrados en la lucha de clases: poder judicial y capital (I)

En las siguientes líneas, nos enfrentamos a la reciente huelga judicial en España preguntándonos por su necesidad. 

Este análisis, que toma al concreto real sin supuestos y se cuestiona su causa inmediata, sin detenerse en ningún concreto hasta agotar la búsqueda, o sea hasta la materia misma, es el primer paso. A continuación, se procede inversamente mediante la síntesis. Esta es, en nuestra opinión, la forma de investigar la realidad para reproducirla en el pensamiento; forma que se ajusta a la dialéctica materialista, método de la Crítica de la Economía Política. 

No obstante, tranquilos, en este caso, no llegaremos tan lejos. Y es que la huelga de jueces en España se nos presenta como parte de un movimiento más amplio, internacional y social que hunde sus raíces en la acumulación internacional del capital, pasando por los cambios en que está inmersa la clase obrera y las innovaciones tecnológicas como la Inteligencia Artificial, y donde las peculiaridades del proceso español de acumulación de capital también juegan; incluyendo al propio sistema judicial (derecho de huelga y salario de jueces, o la regulación de la acusación popular y su particular uso por la extrema derecha como recurso de la lucha de clases). Ahora es nada...

La huelga de jueces y fiscales

Los jueces y fiscales, como si de obreros metalúrgicos se trataran, han bajado de sus estrados y han ido a la huelga los días 1,2 y 3 de julio de 2025.

Una acción no exenta de polémica. Pues el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el empleador de los jueces, no la dió por convocada. Por una vez, los vocales del CGPJ, dejando atrás la tradicional división entre bloque progresista y conservador, votaron corporativamente al unísono para expresar: “El ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos”.

Sí, no hay servicios mínimos para nuestros servidores públicos. Pero, nadie escuchará o verá rasgarse las vestiduras por este detalle que, en otras protestas laborales, tanto polvo levantó; y menos cualquier alusión a huelga salvaje.

El derecho de huelga de jueces y fiscales en España

El asunto es que el derecho de huelga de los jueces ha sido un tema peliagudo. Sus asociaciones profesionales reclaman que, como ciudadanos (añado yo, asalariados, que suele olvidarse), tienen el mismo derecho de huelga que cualquiera (el previsto en la constitución en su artículo 28.2). Llegando a defender en sus comunicados expresiones de este tenor:  “La huelga constituye una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de nuestras condiciones profesionales”

Sin embargo, en otros momentos se ha argüido que la pertenencia a uno de los poderes del estado les privaría de este fundamental derecho. Debate interesante desde el punto de vista de la clase obrera, en el que las posiciones derecha vs izquierda, paradójicamente, parecen invertirse.

Así la mayoría del bloque progresista del CGPJ advierte de que la Constitución española “no reconoce el derecho a la huelga de los integrantes de los poderes del Estado”; derecho, señalan estos vocales, que nuestra Carta Magna solo reconoce a los trabajadores por cuenta ajena (según estableció el Constitucional en una sentencia de 1981), mientras que el derecho de huelga de los funcionarios se ha regulado por ley (en la Ley de Reforma para la Función Pública de 1984 y en el Estatuto Básico del Empleado Público), pero éste no es aplicable a jueces, magistrados y fiscales (como recoge su artículo 4.c).

Gratuidad de las togas caídas

En cualquier caso, esta falta de “soporte normativo” no es nueva. Ya fue expresada por el CGPJ en la primera huelga de jueces en 2009, repitiéndose en las sucesivas.

Pero, esto no presenta inconveniente a sus señorías. Pues, no les supone merma salarial alguna. Como leen. Todo porque su pagador, el Ministerio de Justicia, no puede proceder al descuento correspondiente al no ser el órgano competente, según sentencia judicial (sic), para realizar el registro del absentismo de los jueces, que corresponde al CGPJ, que como hemos visto no da la huelga por convocada. 

Es lo que ocurrió en 2018 cuando el Ministerio, tras descontarles la parte proporcional del salario, hubo de devolverla por el mencionado problema de forma. Esta vez el Ministerio de Justicia ha pedido al CGPJ que le informe de los jueces huelguistas, pero como éste no reconoce la huelga, veremos si esta huelga también les sale gratis a nuestras togadas personas asalariadas.

Así que nuestros jueces, personificaciones de la fuerza de trabajo judicial que se vende por un salario al estado, realizan huelgas ilegales sin servicios mínimos a costa del erario público español. Además, con bastante buena acogida mediática, pues no verán en las televisiones, radios y prensas, críticas o meros comentarios sobre los efectos de la anulación de juicios a cuenta de este paro.

La protesta judicial en España

Pero, por qué los jueces y fiscales se lanzan a la protesta laboral. Ya venían calentando motores: concentración del 28 de junio, paro laboral parcial del 11 de junio; además, apoyadas y jaleadas por la derecha y la extrema derecha.

Estamos ante una campaña de protestas convocada por 5 de las 7 principales asociaciones profesionales, que no sindicatos. Todas menos las progresistas (Jueces por la Democracia, Asociación de Fiscales Progresistas). Aún faltarían otras asociaciones como las de interinos, que también existen. No está nada mal para un colectivo que no supera los 6 mil. Para que alguien dude de la propensión a la organización solidaria de jueces y fiscales cuando de sus derechos laborales se trata. Y es que la clase de los asalariados tiene eso: que, en tanto personifica su mercancía (fuerza de trabajo) no tiene más remedio, por razones que ahora no abordamos, que  tomar conciencia para defender sus condiciones de venta por su valor.

Pero, la reciente movilización judicial va más allá de la mera reivindicación laboral,  planteándose motivos más elevados: la defensa del estado de derecho, la independencia judicial y el prestigio profesional. Veamos.

Más sobre corrupción: comentario a Tirado

He leído el artículo de Arantxa Tirado ( Llámalo corrupción, llámalo capitalismo ) y me ha sugerido una serie de reflexiones que quisiera compartir. 

Vaya por delante que estoy de acuerdo con la idea principal, el capitalismo es un sistema corrupto o la corrupción está en la base del funcionamiento del capital.

Estas reflexiones a veces son discrepancias y otras son desarrollos, pero por la posible utilidad social para los planteamientos políticos transformadores me decido a publicarlas.

Una primera cuestión es el cobro de comisiones y su valoración. En general, bajo la moral, la ética y la legalidad capitalistas, el cobro de comisiones por facilitar la comercialización de un producto, bien su venta bien su compra, es incuestionable.

Está en la naturaleza del capitalismo la obtención de beneficio (plusvalía) por una actividad económica. Cierto, que esa normalidad se suele asociar a la producción de bienes y servicios, y se empieza a cuestionar cuando de lo que se trata es de comercializar el bien o servicio. Pero, el desarrollo histórico del capitalismo y, sobre todo, la investigación del capital muestran que la expansión de la producción capitalista implica necesariamente el desarrollo del comercio capitalista. Vamos que no se trata de una ocurrencia casual, ni de una elección más o menos afortunada, sino de una necesidad, de un determinismo (por mal que les pese a los que prefieren negar el conocimiento científico de la realidad bajo diferentes formulaciones). Hasta el punto, de que no sólo el comercio de mercancías (realización del valor) sino de la propia expresión general del valor, o sea del dinero, es un requisito indispensable del desarrollo capitalista. Repito esta es la realidad constatable en cualquier país capitalista, y es también una de las conclusiones de las reproducciones intelectuales del concreto social que denominamos capital, caso de El Capital de Marx en sus tres libros donde dedica muchas páginas al capital comercial y al capital dinerario.

El problema viene cuando se realiza en una situación de necesidad social general, caso de la pandemia (cuando muchas personas se contagiaban y morían por falta de material sanitario) con el cobro de comisiones por la intermediación en la adquisición de mascarillas. Se suman otra serie de factores: el volumen de las comisiones que multiplicaban varias veces la valoración de las propias mascarillas, esto se justifica como un problema de oferta y demanda; aprovechar la relajación de los controles administrativos; hacerlo con familiares (el primo del alcalde de Madrid, el hermano de la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, el asesor del ministro de Transportes) observándose cierto nepotismo o tráfico de influencias (negacion de la objetividad de la relación social capitalista frente a las relaciones personales que dominan en el precapitalismo).

Otra cosa es el debate sobre si lo que se hace en el ámbito privado es respetado y exaltado, pero si se hace en el público es condenado hasta el punto de la ilegalidad. Aquí juega un papel importante la administración de los recursos públicos.

Qué implica la corrupcion desde el punto económico; de donde sale la comisión que se apropia el comisionista. Si es publico (productor, presupuesto publico) o privado (productor, consumidor productivo o final).

Efectivamente el cobro de comisiones es normal en el capitalismo; lo hemos asumido como normal porque es la relación social general: la actividad económica es a través del capital; el capital conlleva beneficio (incrementar el dinero, el valor inicial).

Se cuestiona al comisionista porque aparentemente es un trabajo laxo, poco esfuerzo, poco duradero, y se lo trivializa (levantar un teléfono, mandar un Whatsapps o informar de un contacto), todo ello se cataloga de trafico de influencias, información privilegiada, para la teoria economica es informacion asimetrica, talento empresarial, ...

La coincidencia de personas cercanas a distintos partidos compartiendo negocios nos indica que las relaciones de clase unen más que las afinidades ideológicas.

Cuestiona la separacion de política y economía. Correcto. La política es una expresión, una forma, de la economía (contenido).

El debate de fondo sobre la corrupción lo sitúa en la economía, más que en la política. Las dinámicas económicas establecen reglas de juego y determinan lo que se hace en la política. La misma práctica es vista como corrupta porque es ilegal, pero en otras circunstancias donde es legal, no es vista como corrupta. Pone el contrasta del cobro de comisiones por la venta de mascarillas a organismos públicos con el cobro de comisiones por conseguir contratos de trabajo en una ETT (empresa de Trabajo temporal), o con la externalización y subcontratación. La legalidad hace al derecho. Otra superestructura, otra forma de la economía (contenido).

Añado: en la empresa privada el propietario contrata a quien quiere, muchas veces familiares o amigos, amparados en el ejercicio de su libertad de empresa y de mercado; es una práctica que está bien vista o no genera reprobación pública y no está condenada legalmente. Sin embargo, en el sector público hacer eso, por parte del gerente o responsable, está mal visto (enchufismo) y sería un delito.

La corrupción se relaciona con la legalidad, con el delito. Otra vez la superestructura. Si es legal no es corrupto, si es ilegal es corrupto. Por qué el criterio legal prevalece. El dominio del derecho.

El capital es una relación social en la que el obrero entrega (vende) su fuerza de trabajo, trabajando durante un periodo de tiempo (jornada) generando valor (valor añadido), a cambio de un salario.

Esta relación tiene una apariencia, una forma que existe y es objetiva (la más inmediata el contrato laboral), caracterizada por: la propiedad, la igualdad, la libertad y el interés propio (Marx dirá Bentham, la economía moderna lo llama egoísmo). 

Es una relación entre iguales porque ambos son propietarios (de mercancías).

Es una relación entre propietarios de dinero a valorizar de un lado y de fuerza de trabajo de otro.

Es una relación entre individuos libres porque ninguno está sujeto a relaciones de dependencia (esclavitud, servidumbre), el trabajador puede ofrecerse al capitalista que quiera mientras el capitalista puede contratar al trabajador que desee.

Es una relación entre voluntades que persiguen un fin propio, el capitalista persigue aumentar su capital (beneficio) mientras el obrero persigue un salario.

Pero, tras la forma, está el contenido de la relación de capital, que es la explotación de la persona asalariada, conseguir que durante su trabajo genere más valor del que cuesta, producir plusvalor. Y esto es el ser del capital, su naturaleza, su esencia. Mientras que la forma (propiedad, igualdad, libertad, interés propio) responde a cómo se expresa este ser; cuestión que es más modificable, adaptable, moldeable, sujeta a una mayor o menor evolución o transformación dentro del ser, del capital.

Esto plantea cuestiones interesantes: los distintos modos en que la forma expresa el contenido; cambio de forma versus cambio de contenido; la contradicción entre forma y contenido, por ejemplo, de suma utilidad política. Pero, aquí nos vamos centrar en otra cuestión que me tiene enganchado porque la detecto con frecuencia en los planteamientos de izquierda.

Se dice, por ejemplo, que la relación de capital es injusta porque el obrero no es libre. Se reprocha a la relación capitalista que no es una relación entre iguales. Dice Tirado, el capitalismo es corrupto porque presenta como libres cuando una de las partes no es libre.

“el capitalismo es un sistema corrupto porque presenta como libres relaciones sociales de poder donde una de las partes no tiene posibilidad de ser auténticamente libre ni de elegir a dónde va el producto de su trabajo, que es apropiado por una minoría de parásitos, que no son llamados corruptos porque lo hacen de manera absolutamente legal.”

Se refiere al obrero, al que no considera libre. Supongo que se refiere a que el obrero está obligado a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Pero, eso mismo podríamos decir del capitalista, está obligado a comprar fuerza de trabajo a riesgo de no producir plusvalor y con ello no obtener beneficio que es la base de su reproducción material. Con lo cual ninguno sería libre. Tal como yo veo el asunto: esa es la libertad capitalista, y en relación al obrero esa es la libertad que el capitalismo depara a la clase obrera. Cuando decimos que esa libertad no es real, no es plena, es insuficiente o no es libertad, lo que estamos es comparándola con otra supuesta libertad, bajo otras condiciones, que existe en nuestras cabezas (libertad ideal o idealizada). Así, comparamos la libertad capitalista del obrero con la libertad ideal. Me pregunto, si el avance de la conciencia dialéctica pasa por ahí. Me temo que no. Además, y más importante, si esa es nuestra crítica a la relación de capital, hemos de ser conscientes que nos hemos quedado en el aspecto de la forma, mientras el contenido permanece.

La corrupción capitalista, la CEP y el socialismo

El ruido mediático en torno a los casos García, Cerdán o Ábalos no nos deja escuchar el mensaje que el capitalismo español nos hace llegar.

Ciertamente, tampoco ayuda la ofensiva (partidista, mediática, policial, judicial) clasista, en el sentido de lucha de clases, que supone el asedio al presidente (caso Begoña, David, Fiscal General) como punto “débil” del gobierno de progreso. Aunque no se trata de una novedad, pues el anterior gobierno, también de progreso, fue objeto de hostigamiento (las veintitantas causas judiciales a Podemos finalmente archivadas que ocuparon portadas y tertulias televisivas, las quedadas en el casoplón del coletas, el chuletón de Garzón, la ley del solo sí es sí, zancadillas al ingreso vital o a la ley de vivienda, o el robo del móvil de Iglesias, entre otros). Pero, en aquellos momentos Pedro Sánchez recomendaba a Pablo Iglesias mejorar sus relaciones con los jueces, al punto de ofrecerse a presentarle alguno. Por lo visto, no tomó su propia medicina.

En cualquier caso, los actuales casos de corrupción -decía- no nos dejan ver lo importante. Y no lo digo solo porque ensombrezcan la amenaza nuclear, la guerra, el genocidio o la política de rearme, sino porque se oculta algo tan estructural como lo anterior: el significado que tiene la corrupción en la sociedad capitalista.

En mi opinión, la corrupción es parte integrante del normal funcionamiento del capitalismo; no digo que sea parte de su contenido, pero sí de la forma en que se realiza tal contenido. Sin ir más lejos, la corrupción es una manera más, que acompaña a la competencia, en que se lleva a cabo la ley absoluta de la producción capitalista, el amontonamiento de valor (dinero) a través de la explotación del trabajo asalariado. Más aún, en las sociedades en las que la mercancía es la relación social objetivada con alcance general, todo se compra y se vende -aun sin ser mercancía- incluso la moral o el honor, nos dirá Márx. En algunos sectores productivos, los pactos empresariales de reparto de la obra pública nos plantearían si la corrupción no es un mecanismo concreto en que se lleva a cabo la propia ley del valor. A modo de ilustración: la corrupción ha acompañado a otros paridos gobernantes como el PP (Naseiro, Hormaechea, Gurtel, Caja B, Kitchen,…), también al propio PSOE de otras épocas (Rumasa, Filesa, Roldan, Guerra, GAL, entre otros), no solo a gobierno de la democracia también de la dictadura (enriquecimiento de la familia Franco y de otras grandes fortunas al calor de las decisiones gubernamentales, presencia en consejos de administración de las grandes empresas por ex-ministros franquistas, caso Matesa, entre otros). Con estos datos pretender que la corrupción no es una característica del desarrollo histórico capitalista español es negarse a ver lo evidente.

Sin embargo, la corrupción capitalista, es presentada unas veces como un fenómeno casual como si de un fenómeno atmosférico desconocido se tratase; anecdótico o un aspecto particular de individuos concretos, tal que manzanas podridas, con dudosa moralidad que se relaciona con determinados ambientes familiares, o tipos de educaciones recibidas, cuando no causadas por algún gen (todavía por descubrir). En otras ocasiones se la circunscribe abstractamente a la naturaleza humana (avaricia, afán de enriquecimiento). Para terminar con este elenco no exhaustivo de justificaciones de la corrupción, tenemos la clase política, las instituciones o las estructuras estatales, como máxima concesión a una comprensión científica de este fenómeno.

A la luz de esta cuestión, uno se pregunta por qué a pesar del carácter sistémico de la corrupción en el capitalismo, en particular la del español, ésta es presentada al margen del contexto social, particularmente al margen del capital, tan onmipresente en la vida social. 

No acierto a saber cuánto hay de intención y cuanto de incapacidad, pero unas veces los medios de comunicación y otras la propia ciencia burguesa, y con ellos todo el aparato jurídico y legal, se niegan a descubrir el contenido de la corrupción deteniéndose en su apariencia. Así nos muestran los detalles más escabrosos desvelando las miserias de la condición humana hasta sus minucias más denigrantes, una y otra vez, uno y otro día, hasta que la evanescencia mediática tenga a bien cambiar la agenda. Un ejemplo es la teoría de la agencia (autor y año), según la cual los burócratas (funcionarios) y políticos tienen objetivos particulares (enriquecimiento personal, financiación partidaria) que anteponen al bienestar general, objetivo del principal (Estado), y aprovechan cualquier ocasión para alcanzarlos; una de ellas es darles ilegalmente contratos públicos a empresas (maximizadoras de beneficios), que no se sabe cómo pasaban por allí, a cambio de comisiones ilegales (mordidas) que luego se reparten entre la red de corruptos (intermediarios, facilitadores, y otras personificaciones de la apropiación del valor).

Algunos marxistas, o teóricos críticos, avanzan y señalan como las empresas estudian, diseñan, invierten, colocan a personas en organismos públicos (puertas giratorias), para hacerse con dichos contratos. Esto le da más realismo a las teorías apologéticas. Pero, no se trata de empresas moralmente corruptas, son empresas que han de corromperse para sobrevivir en el mundo competitivo que el capital depara a las unidades donde se lleva a cabo el trabajo privado e independiente.

Este detenerse en la apariencia, junto a la naturalización de las relaciones sociales capitalistas, características de las interpretaciones burguesas, y a veces de teorías que se presentan como críticas, terminan por, consciente o inconscientemente, desviar el punto de mira del fenómeno de la corrupción resaltando lo casual, anecdótico, individual, personal, moral o estatal, obviando, dando de lado, lo empresarial y lo social. Llegado un punto, dejan de preguntarse por la causa que hay tras ellos. Porque de hacerlo terminarían topándose con la relación social general que organiza la vida de la sociedad actual, el capital.

Todas estas modalidades de eximir al capital en cuanto relación social, a su fin absoluto (valorización del valor), a sus formas políticas (estado, gobierno, presupuestos, partidos, burócrastas, políticos), a sus formas ideológicas (moral, avaricia, leyes, laxitud presupuestaria, culpabilizar a políticos y funcionarios) a sus formas económicas (empresas, competencia, beneficio) y desplazar las responsabilidades al ámbito de la política (la denominada clase política, o al estado);algo muy de moda entre liberales. Se trata de otra forma de olvidar la relación entre la superestructura y la base económica. Así, entre ignorancia y la hipocresía, la ideología dominante pretende sortear la responsabilidad social en el fenómeno de la corrupción capitalista. 

La Crítica de la Economía Política (CEP) nos recuerda lo contrario, y en mi opinión recomienda cuestiones que el pensamiento transformador debería tener en cuenta. En primer lugar, que ningún fenómeno social actual, tampoco la corrupción, escapa a la influencia del capital, pues éste es la relación social general que organiza la vida de las personas en el capitalismo. La corrupción es parte del normal funcionamiento capitalista, constituyendo una forma de la lucha de clases, que es el modo necesario en que el capital se desarrolla. Además, la CEP señala las limitaciones de los demás “explicaciones” poniendo al descubierto, más allá de su desconexión con la verdad, su carácter hipócrita y apologético. Con ello se avanza en la generalización, y preservación, de una necesaria conciencia dialéctica. Esto significa, para cada caso concreto de corrupción armar la lucha de clases mediante: determinar las causas (capital, estado, políticos, moralidad, personas), atribuir las responsabilidades (sociedad, empresas, educación, familia, corruptores y corruptos) y diseñar medidas preventivas (familia, educación, leyes, reglas presupuestarias, mecanismos de control). Todo ello a sabiendas que no acabaremos con la corrupción capitalista, pero se la dificultará (reparar multiplicadamente el desfalco) obligando al capital a ser más eficiente y desarrollar las fuerzas productivas. Condición ésta necesaria para la definitiva generalización de la conciencia dialéctica, aún incipiente, que desemboque en la superación del capitalismo, o sea en el socialismo.

La OPA del BBVA sobre el Sabadell: lucha de clases, estado y capital

La oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell, más allá de abrir una discusión sobre el sector bancario español y europeo, es una expresión de la centralización del capital que tiene a la lucha de clases y la acción del estado como formas concretas de realizarse. Visto así, con las herramientas de que dota la Crítica de la Economía Política, entonces nos podemos plantear si este movimiento empresarial nos acerca o nos aleja del socialismo.

La banca es un sector estratégico bajo sospecha. En tanto gestor (depositario y canalizador) de la forma general del valor —el dinero— y específicamente del capital dinerario es un sector imprescindible en la economía. 

Sin embargo, su imagen en la opinión pública, tras la crisis y el rescate bancarios, ha sido objeto de críticas: cierres masivos de oficinas, digitalización forzada, exclusión financiera de mayores y rurales, destrucción de empleo, comisiones desproporcionadas, contratos poco transparentes o sueldos astronómicos en la alta dirección, entre otras cuestiones.

Algunas cifras ilustran la importancia del sistema bancario español: gestiona en torno a 2 billones de euros en depósitos y créditos, frente a un PIB de 1,5 billones; representa un 5 % del valor añadido bruto (VAB) nacional, algo por encima de la media europea, aunque emplea solo al 1 % de la fuerza laboral (frente al 1,3 % en Europa), lo que refleja su alta productividad.

Esto sería un buen argumento para los que defienden que el sector bancario español no necesita más concentración ni más eficiencia. Pero, eso niega la naturaleza del capital, caracterizado por la búsqueda incesante del plusvalor.

Así que, el 30 de abril de 2024, el BBVA propuso una fusión amistosa al Sabadell. Ofrecía una acción propia por cada 4,83 acciones del banco catalán, y tres puestos en el nuevo consejo. El 6 de mayo, el Sabadell rechazó la oferta por considerarla insuficiente. Poco después, el BBVA lanzó una OPA hostil (sin acuerdo entre las partes), acudiendo directamente a los accionistas (propietarios).

Desde entonces, se ha desencadenado un pulso de más de un año (mucho tiempo): en julio, BBVA logró respaldo accionarial y el Sabadell anunció beneficios récord; en septiembre, el BCE no vio riesgos de solvencia; en noviembre, la Comisión Europea dio luz verde invocando eficiencia y escala; en enero de 2025, el Sabadell anunció el retorno de su sede a Cataluña; en abril, la CNMC avaló la operación con condiciones; en mayo, el Gobierno abrió un proceso de consulta pública; en junio, anunció su aceptación condicionada. Aunque todavía no es formal esta posición (exigencias europeas, debilidad gubernamental, acuerdos con catalanes, vete tu a saber).

Esta cronología nos muestra la acción estatal (europea y española) y las escaramuzas entre capitalistas que acompaña a esta operación de compraventa de una empresa que, a pesar de no contar con el acuerdo de las partes, la ley tiene previsto un procedimiento donde intervienen elementos mercantiles y administrativos para que la situación se resuelva de la manera más ordenada posible sin que termine en una “guerra”. Destaco esta cuestión, más allá de apuntar a la misión pacificadora del estado capitalista, para exponer que el libre mercado, la libertad de negocio o de empresa, etc. que algunos enarbolan frente a un abstracto intervencionismo estatal es esto: una “libertad” apoyada, sustentada, en la acción administrativa y estatal. Frente a la falsa oposición que suele plantearse entre capital (o mercado) y estado, la realidad es la complementariedad del capital y el estado, y esta OPA nos lo vuelve a poner de frente.

Pero, la lucha de clases, política e ideológica, se expresa aun más claramente en las posiciones que los diferentes actores políticos adoptan en torno a este asunto. Y es que la OPA ha activado un tablero de posiciones contrapuestas. El Gobierno comenzó con un rechazo frontal, pero ha evolucionado hacia una aceptación condicionada en seis puntos (remedies): empleo, red de oficinas, crédito a pymes y autónomos, comisiones, compromisos territoriales (Cataluña, Valencia y Murcia) y seguimiento por parte del Ejecutivo y supervisores. Todo con un plazo temporal de 1,5 a 3 años.

Los sindicatos (CCOO y UGT) han sido tajantes en su rechazo: denuncian una posible pérdida de entre 7.000 y 10.000 empleos, cierre de más de 500 oficinas, concentración de mercado y debilitamiento del tejido productivo regional. El interés de la clase obrera no sólo consiste en las condiciones inmediatas de la plantilla del Sabadell: englobándolas va más allá.

Por su parte, Sumar, Podemos y sectores del PSOE han expresado reservas similares, centradas en la cohesión territorial y el empleo. En vez de plantearse un cambio en el modelo bancario donde el control estatal sirviera para exigir responsabilidad social a la banca privada (hipotecas asumibles a la clase obrera, por ejemplo), incluso insistir en el desarrollo de una potente banca pública, se enredan en posiciones (oligopolio, competencia, territorialismos) que dificultarían el avance hacia un modo de producción superador del capitalismo.

La burguesía catalana (Foment, Cercle d’Economia y otras entidades) también rechaza la OPA, aunque desde la defensa del “capital catalán” y su peso institucional. Paradójicamente, estos sectores liberales invocan ahora el interés general y la cohesión social demandando la intervención gubernamental para frenar una operación de mercado. 

Los partidos catalanistas (ERC, Junts, AC) igualmente insisten en la cohesión territorial y social. Pero, uno ha de plantearse: si la cohesión social y territorial, y la defensa de los consumidores bancarios, pasan por preservar un capital menos eficiente como el Banco Sabadell, significa que allí donde no hay este banco, lésase el 80 por ciento del territorio español, no gozan de dichas cohesiones. Entonces, no sería más adecuado regular que dichas cohesiones sean garantizadas en la totalidad del sistema bancario para la totalidad del territorio nacional, y dejar de privilegiar a un sector territorialmente determinado, que además está al albur de que un capital privado decida o no instalarse en dicho territorio.

En la derecha estatal (PP y Vox) predomina la inmediatez del desgaste al gobierno: critican la “intervención” gubernamental, pero evitan pronunciarse sobre el fondo de la cuestión; así dejan su valentía para los menas, mujeres violentadas o lgtb’s.

Mientras, las instituciones europeas respaldan la operación como parte de una estrategia de consolidación que permita a los bancos europeos competir globalmente. Y no les falta razón: entre los diez bancos más grandes hay 4 de USA, 4 de China, 1 de RU y 1 de Australia; hay que esperar a los puestos del 15 al 20 para que aparezca algún europeo (y entre estos los españoles). Otra cosa es saber si la debilidad del sistema bancario europeo en el mercado mundial es causa o consecuencia del lugar del capital europeo en este mercado, cuestión que no abordaremos aquí. Además, y pensando en una venidera reestructuración europea del sector, mejor le iría a la banca española si esta bien concentrada (pocos y grandes).

Más allá de los discursos sobre libre competencia, cohesión territorial o social, la compraventa del Sabadell por el BBVA nos muestra dos cuestiones que, en mi opinión, es un olvido lamentable entre los defensores de la transformación radical de la sociedad. Por un lado, esta relación económica (compraventa de empresa) adopta la forma jurídica de opa, cuya regulación da lugar a un desarrollo del derecho mercantil privado y, en la medida que este tipo de operaciones afecta a diversos capitales, cada uno con sus intereses particulares en ejercicio (lucha de clases), da lugar a un ordenamiento mercantil-público y administrativo, que está garantizado a nivel estatal con el objetivo de que la compraventa se realice por su valor; cuestión ésta que, además de velar por la pax empresarial, es una condición del desarrollo fluido del capital total de la sociedad. La personificación de este capital total no es la clase capitalista, demasiado ensimismada en sus particulares intereses, y todavía tampoco es la clase obrera; su personificación es el estado en sus distintos niveles territoriales (Unión Europea, España o Cataluña). Todo esto es la superestructura en la que se desenvuelve la lucha de clases (ideológica y política) que acompaña, porque es la forma en que se realiza, a la operación de compraventa empresarial (base sobre la que se erige esta superestructura, o sea su contenido). Por otro lado, la compraventa empresarial es la forma concreta que adopta la centralización del capital, una tendencia absoluta del modo de producción capitalista que Marx descubrió y denominó ley general de la acumulación capitalista. Tendencia ésta que es la palanca principal de la superación del capitalismo, pues expresa cómo el propio desarrollo del capital lleva a que todo el capital quede en pocas, poquísimas -cuantas menos mejor- manos. Si se plantease la oportunidad de una transformación social profunda, avanzar hacia una gestión pública de sectores clave como la banca, sería más sencillo con un mapa financiero menos fragmentado. No, pero es mejor seguir apelando a la abstracta libre competencia y a la fragmentación de las fuerzas productivas.

Apagón, sistema eléctrico y fuerzas productivas

Tras salir del aturdimiento que supuso el apagón del pasado 28 de abril, y ya bajo una reflexión más serena, no pude menos que recordar el prólogo a la Contribución de la Crítica de la Economía Política de Marx. Más aún cuando escuché la idea de que en el origen pudo haber una sobreproducción de energía. De modo que, haciendo caso de las declaraciones del Presidente sobre que no hay que descartar ninguna hipótesis, ahí va la nuestra.

El apagón es presentado, en algunos análisis, como un hecho puntual, casual o a lo sumo multifactorial y de carácter técnico. En nuestra opinión, sin embargo, dicha caracterización es parcial y no agota (o no apunta en esa dirección) la naturaleza del objeto que tenemos entre manos, el sistema eléctrico español y su evolución (crisis). Pero, empecemos por el principio.

Hasta ahora sabemos que hubo dos (ayer leí que la ministra Aagesen hablaba de tres) eventos separados por segundos que hicieron caer la frecuencia. El primero pudo ser absorbido por el sistema, mientras el segundo no. Esto dio pie a una reacción en cadena, sucesión de caídas de subestaciones; se pierde el 60 por ciento de la generación (15 GWh), nos desconectamos de los sistemas eléctricos europeo y africano, pero no del portugués, que situó finalmente al sistema cerca del cero eléctrico. Surgen varias preguntas, entre otras: por qué se producen esos dos eventos, por qué el sistema no absorbe el segundo, por qué no se puso en marcha la zonificación preventiva del sistema, por qué había tanta fotovoltaica y tan poco ciclo combinado en esos momentos, quiénes son los culpables y responsables (quién pagará las posibles indemnizaciones), qué podemos hacer (reformas) para que no se vuelva a repetir. (Un inciso: aquí recordé la capacidad del conocimiento lógico para entrar al detalle de los fenómenos sin ser capaz de explicarlos1).

Este apagón eléctrico aparece como un fenómeno técnico, pero me parece claro que un fallo de estas características tiene que ver con el funcionamiento del sistema eléctrico español. Y este sistema es un conjunto de fuerzas productivas organizadas bajo unas relaciones sociales; es decir lo que rige el movimiento es la relación social. De otra forma, lo económico dirige lo técnico. Luego volveremos.

Estoy más de acuerdo en que se trata de un fenómeno multifactorial, pero no por agregar diversos factores de manera acrítica y exterior, sino porque todo concreto es síntesis de múltiples determinaciones. De manera gruesa: el apagón nos remite al funcionamiento del sistema eléctrico, este funcionamiento nos sitúa frente a la naturaleza del sistema, allí nos encontramos con las relaciones sociales particularmente el capital, el capital eléctrico forma parte del energético y éste del español, y el español del europeo y, finalmente, del mundial. Así hemos conectado diversos factores que van desde lo técnico hasta lo geopolítico.

Es posible plantearse este cero eléctrico como un hecho puntual o incluso casual. A pesar de la irracionalidad de este planteamiento, que renuncia al conocimiento científico, es recurrente para eximir responsabilidades o diluirlas. Más allá de precedentes menores (24/07/2021 con origen en Francia, o el de 29/09/2019 de Tenerife), en mi opinión, es más correcto ver el fenómeno en el contexto de acontecimientos eléctricos que vienen sucediéndose en los últimos tiempos en España. Efectivamente, las portadas y los titulares de los medios de comunicación, a pesar de las buenas relaciones con el capital eléctrico (publicidad, patrocinio o propiedad accionarial), así como las conversaciones de las redes sociales, ya venían mostrando problemas graves. Entre otros: la derogación del impuesto al sol (2018), la vulnerabilidad eléctrica que emergió en la pandemia (2020), la fuerte subida del precio en 2022, la transición energética con el protagonismo de la fotovoltaica, el debate sobre el cierre de las nucleares, el sistema de fijación marginalista de precios a la electricidad, los beneficios caídos del cielo, la controvertida regulación en el mercado eléctrico (acusaciones de burocratismo a la CNMC), la excepción ibérica en la Unión Europea, el tope al gas, la rebaja del IVA en la factura eléctrica (en respuesta a la pandemia y ante la subida de los precios de 2022), la pobreza energética, el bono social eléctrico y térmico, el escudo social energético, el poder del oligopolio eléctrico, el impuesto extraordinario sobre las eléctricas, … y la última, el apagón. Bueno, también el escandaloso sueldo de la presidenta de REE; lástima que no se aproveche para informar del sueldo de los presidentes de las restantes empresas privadas, del de sus consejeros y de las puertas giratorias desde determinados partidos a las empresas privadas del sector.

Estos hechos vendrían a poner de manifiesto las diversas contradicciones en que está envuelto el sistema eléctrico, que hunden sus raíces en sus aspectos sociales (mercancía, capital, clases, estado) más que en los técnicos (escapes nucleares, mix energético, integración de tecnologías, sistemas de almacenamiento por mencionar algunos) o naturales (nubes, vientos o sequías, etc).

En su forma más general: el sistema eléctrico, empujado por el desarrollo económico español y el avance científico, evoluciona contradictoriamente. Impulsando nuevas fuerzas productivas (tecnologías eólica y solares) que, sin embargo, encuentran límites en unas relaciones sociales (actual configuración del capital eléctrico) que han quedando rezagadas. 

Estas relaciones sociales tienen que ver con las relaciones económicas y jurídicas, políticas e ideológicas que se establecen entre los sujetos participantes (eléctricas, administraciones y consumidores, empresas o clases sociales) en el ámbito de la electricidad española. Particularmente con: la partición del sector en generación, transporte (Red Eléctrica Española, empresa privatizada intervenida públicamente), distribución y comercialización, fruto de la liberalización eléctrica de los años ochenta del siglo pasado; la estructura del capital eléctrico (oligopolio eléctrico) y del reparto de su propiedad (público o privado, grandes capitales y minoritarios); vínculos con el representante político del capital total (estado y gobierno) a través de la legislación (leyes, decretos) y su marco regulatorio (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia); de sus conexiones con otros sistemas eléctricos (europeo, portugués o marroquí); con el sistema de fijación de precios tanto mayorista (Operador del Mercado Ibérico Eléctrico) como minorista (contratos de suministro).

A modo de ejemplo. Estos contratos de suministro entre comercializadoras y clientes (o usuarios finales), son la expresión jurídica de la compraventa de la electricidad (relación económica). Porque la electricidad es, en la sociedad capitalista española, una mercancía con su valor de uso, muy general por cierto, para capitales y fuerza de trabajo, y su valor, por otra parte, como materialización del trabajo abstracto organizado de manera privada. Valor de uso que es el soporte material de la relación social (valor), por tanto exponente de la relación social objetivada que es el origen del fetichismo (ver lo técnico y no lo social, o naturalizar lo social). Una forma en que se expresa la mencionada contradicción entre valor de uso y valor es la pobreza energética, porque lo que prima no es el valor de uso sino el valor, o su expresión monetaria (precio) que si no se paga no tienes acceso a la electricidad. No en vano, todos los años las eléctricas cortan el suministro a cientos de miles de familias, que se sumergen en su particular cero eléctrico a diario. Y ello, a pesar del crecimiento año tras años de sus beneficios, lo que nos sitúa en la forma capitalista de la anterior contradicción. 

Este avance de las fuerzas productivas que deja atrás las relaciones sociales, plantea la necesidad de cambios en dichas relaciones (reformas de la configuración actual del capital eléctrico). Se abre un período en el que se irán realizando, más temprano que tarde, con mayor o menor velocidad, las necesarias transformaciones. Pero, en el capitalismo -dados los intereses contradictorios de los sujetos del sistema eléctrico-, no serán el producto de un debate sereno, racional y científico; sino más bien el resultado de luchas y enfrentamientos entre países, capitales o clases con sus fracciones correspondientes, etcétera. Así, debatirán, discutirán y lucharán los partidarios del avance de las fuerzas productivas, junto al cambio de las relaciones sociales, con los partidarios del retroceso, estancamiento u otras opciones intermedias. Una lucha que ha de ser acompañada de los argumentos y justificaciones (batalla cultural o ideológica, y agendas varias) correspondientes, así como de su divulgación (medios de comunicación y redes sociales), y que se desenvolverá en los distintos ámbitos (legislación y regulación, partidos, sindicatos, organizaciones de consumidores o plataformas ciudadanas como Barrios Hartos o Alianza contra la Pobreza Energética).

Y ahí andamos. Los expertos elaborando sus informes sobre el apagón, el parlamento discutió los pasados 7 y 8 de mayo sin mucho acuerdo, el oligopolio eléctrico aprovechando para alargar la vida de las nucleares a cargo de los consumidores, la FACUA denunciando ante la opinión pública, la Alianza en los juzgados, los Barrios Hartos en la calle, y, por mi parte, humildemente, extendiendo la conciencia dialéctica como elemento necesario, aunque no suficiente, de la superación del capitalismo. En fin, la evolución contradictoria de las fuerzas productivas del sector eléctrico bajo la multifacética lucha de clases.

El Primero de Mayo, la lucha y el socialismo

Cada Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, ésta es convocada para recordar aquella protesta laboral (por la jornada de 8 horas); pero, también nos sitúa frente a la represión de que fueron objeto los mártires de Chicago (5 penas de muerte y 3 largas condenas), mostrando así el carácter irreconciliable de la lucha de clases, cuyo horizonte es la superación del capitalismo.

Bastantes personas piensan que los grandes problemas (pobreza, desigualdad, guerra, deterioro ecológico, falta de vivienda, desempleo, o jornadas extenuantes, entre tantos otros) que afronta la sociedad actual solo podrán resolverse definitivamente cambiando este modo de producción. Así, el socialismo nos remite a la revolución social. Pero, difícilmente puede darse una acción política de ese calibre sin que haya un sujeto revolucionario. Y qué menos que éste sea el portador de la conciencia revolucionaria. Ahora bien, de donde surge esta conciencia. 

Muchas preguntas, y más si nos remontásemos analíticamente hasta el final (no lo haremos). Aquí, antes que dar respuestas, proporcionaremos elementos para formular con más precisión las preguntas, invitando a una reflexión más detenida.

Vale la pena examinar el desarrollo histórico de la humanidad, como hace Marx en los Grundrisse, centrándonos en el carácter de la organización de las fuerzas productivas de la sociedad (relaciones sociales). 

Así, pueden distinguirse dos grandes etapas, con la posibilidad (salvo destrucción nuclear o ecológica) de una tercera. La sociedad humana, tras dejar atrás su estadio animal, inicia una etapa en las que las relaciones entre las personas (sociales) tienen un carácter directo y personal, bien sean de parentesco (comunidad primitiva), de propiedad (esclavitud) o de servidumbre (feudalismo). En la segunda etapa, la actual (capitalista), los vínculos que se establecen entre las personas son a través de las cosas (mercancía, dinero, capital) e indirectos (la compra o la venta median en la producción o el consumo). Esta etapa crea las condiciones de la tercera, el socialismo o comunismo, donde la organización de la producción social tendrá como fin inmediato (no mediado por las cosas) la satisfacción de las necesidades personales de los integrantes de la sociedad. Por tanto, las relaciones sociales serán directas e impersonales. Esta etapa requiere de la abundancia que otorga el adecuado desarrollo de las fuerzas productivas que proporciona la segunda etapa.

La nueva sociedad, o socialismo, surgirá del desarrollo de la sociedad capitalista; ¿es posible pensar otro origen? Pero, lo interesante es ver el cómo. Para ello tenemos que partir de la propia relación social general de la segunda etapa, el capital.

La relación de capital, la compraventa de fuerza de trabajo para la valorización (plusvalor), consolida la división de la población en dos grandes clases sociales. Los propietarios de medios de producción que compran la fuerza de trabajo y la explotan para valorizar su capital (capitalistas); y aquellos que, exentos de medios de producción, venden su fuerza de trabajo para vivir (asalariados).

En cuanto individuos libres (de vínculos personales), propietarios de la mercancía fuerza de trabajo y partícipes de la relación de capital, la clase obrera tiene su conciencia libremente enajenada en la mercancía y en el capital. Es gracias a esta enajenación que puede ser más o menos formalmente libre.

El capital aspira al máximo plusvalor para lo que pone en marcha tanto los procedimientos de incremento del trabajo vivo total (plusvalor absoluto) como de reducción de la parte que entrega al trabajador (plusvalor relativo). Este último, que supone cambios sustanciales en el proceso de trabajo, es el que se revela como más potente otorgando al capitalismo su carácter revolucionario.

Frente a ello, la clase obrera habrá de entablar diversas luchas (económicas, políticas e ideológicas), cuyo contenido es la defensa de su mercancía (la fuerza de trabajo) y de las condiciones de su compraventa y uso (jornada, ritmos, salario). Pero, esas luchas, son también expresión de la más general lucha de clases. Observemos que este enfrentamiento obrero es una elección libre guiada por la conciencia enajenada en la fuerza de trabajo (vender la mercancía en las mejores condiciones posibles) sujeta a la necesidad: primero personal (es el medio de vida del obrero), pero también social (el capital, no el capitalista, necesita que la obrera venda su fuerza de trabajo por su valor como condición de reproducción normal del conjunto del capital y de la sociedad).

A raíz de esta lucha de clases, como reacciones a las expresiones burguesas de la conciencia libremente enajenada, en algunos sectores de la clase obrera se desarrolla una conciencia crítica y revolucionaria, cuyo resultado será el surgimiento de: el socialismo científico, la dialéctica materialista y la crítica de la economía política, a manos de dos genios del proletariado mundial, Marx y Engels.

El movimiento del capital, su reproducción ampliada (centralización y concentración del capital), sobre la base de la plusvalía relativa (maquinaria, automatización, digitalización, inteligencia artificial) irá extendiendo la producción de plusvalía a tasas cada vez mayores pero sobre bases de fuerza de trabajo más estrechas. Una expresión de esto es la formulación de la ley del descenso de la tasa de ganancia, que señala el límite histórico del capitalismo. A la vez, sobre esta revolución técnica operada por el capital, se edificará una conciencia renovada sobre lo que es la persona. La acumulación de capital adopta la forma del desarrollo de la contraposición de intereses de ambas clases agudizando su enfrentamiento (vecinal, laboral, ecológica, feminista, por los derechos humanos, entre otras). A veces de manera contradictoria (guerras, exclusiones, segregaciones, hambrunas o desempleo), la unidad, organización y conciencia, de la clase obrera (o una fracción) se irá configurando como hegemónica en la sociedad.

El desarrollo del capital, cuyo carácter histórico se ha venido poniendo de manifiesto a través de las diversas crisis de sobreproducción, pone contra las cuerdas a la privatización del trabajo social, al propio capital. Éste entrará en una fase de estancamiento y descomposición, donde las alternativas se sucederán sin dar soluciones duraderas. Se abrirá un proceso conflictivo (entre los propios capitalistas y entre las clases), durante el que las personas asalariada adquirirán las últimas herramientas necesarias para asestar el golpe definitivo. Cualquier catástrofe puede ser el detonante (guerra, inundación, sequía, apagón). Las élites capitalistas buscarán cobijo, pero antes intentarán dividir a la clase trabajadora recurriendo a todo tipo de medios, incluso violentos (encierros, terrorismo, fascismo), poniendo a prueba la unidad, organización y solidaridad obreras.

Puesto que la clase capitalista no entregará la propiedad de los medios de producción, el avance capitalista de las fuerzas productivas, la socialización del trabajo privado, habrá de llevarse a cabo a través de la acción política consciente de la clase obrera, que expropiará a una burguesía convertida en parásito social y rémora para el propio capital, o sea la revolución social. 

Todavía a esta altura alguien podría plantearse por qué es la clase obrera el sujeto revolucionario. No es solo la clase que ha conseguido la conciencia y organización a través de la lucha de clases, sino que -sobre todo- es la clase capacitada para organizar (diseña, ejecuta y controla) la producción social, que garantiza la reproducción material de la sociedad.

Es más, alguna podría objetar que por qué no ha ocurrido ya esta revolución. La respuesta general es que el capitalismo, aún con los avances técnicos actuales (falta un mayor avance de la fábrica oscura, por ejemplo), no ha alcanzado ese punto de madurez en el que se aviste su final. La situación geopolítica mundial, el fraccionamiento de la clase obrera, un vistazo al top ten de programas de TV, el seguimiento de conversaciones en redes o leer los chats en whatsapp, lo mismo nos curan de la impaciencia revolucionaria. 

Una perspectiva cronológica también nos puede ayudar: tras millones de años viviendo en manadas, los hombres se organizan en sociedades bajo vínculos directamente personales durante pocas decenas de milenios (la revolución neolítica es del 10.000 a.n.e, el esclavismo duró unos pocos miles de años, el feudalismo en torno al milenio), la sociedad capitalista tiene una vigencia de unos cinco siglos (en su forma plena, pocos cientos de años). Pero, el capitalismo cambia vertiginosamente, de una generación a otra a penas se reconoce al género humano (los jóvenes de hace 25 años distan mucho de los actuales). 

Significa esto que hay que sentarse a esperar que el capital desarrolle las condiciones de su superación. Claramente, no. Cuanto más preparada esté la clase obrera más se acortará y menos sufrimiento supondrá el advenimiento de la nueva sociedad. Muchas son las tareas de las personas revolucionarias: desarrollar el método dialéctico y la crítica, recoger la historia de la lucha de clases, operar para extender la conciencia revolucionaria, potenciar la socialización del trabajo privado, o realizar la acción política consciente, por señalar algunas. También impulsar la lucha de clases no solo por su efecto organizador y pedagógico, sino porque al elevar el valor de la fuerza de trabajo obliga al capital a desarrollar las fuerzas productivas acercándonos a su final.

La memoria acumulada del Primero de Mayo, más allá de la lucha por los derechos laborales (sindicalismo) incluso en su expresión política corporativista (laborismo), nos conmina a preparar y entablar la lucha de clases que conduzca a la comunidad de los individuos libremente asociados, o sea al socialismo.

Referencias:

Denari, Luis Lorenzo (2025). Biografía de Marx. En https://cicpint.org/es/denari-l-2025-biografia-de-karl-marx-volumen-i-cicp/

Iñigo Carrera, Juan (2019). Del capital como sujeto de la vida social enajenada a la clase obrera como sujeto revolucionario. En https://cicpint.org/es/inigo-carrera-j-2019d-del-capital-como-sujeto-de-la-vida-social-enajenada-a-la-clase-obrera-como-sujeto-revolucionario-en-r-escorcia-romo-g-caligaris-eds-sujeto-capital-sujeto-re/ 

Marx, Karl. Grundrisse (1857). En https://www.fim.org.es/media/3/3187.pdf